Mauricio Macri, la escribanía y la costumbre de gobernar por decreto

Antes de ser elegido Presidente, Mauricio Macri y sus aliados radicales fueron opositores. Y desde ese rol les tocó hacer política en un Congreso que funcionaba a discreción del poder de turno. Por ese proceso, en el que los legisladores se limitaban a sancionar casi sin cambios los proyectos que enviaba el Poder Ejecutivo, al Parlamento se lo calificó peyorativamente como una escribanía.

En 2008, en medio del conflicto con el campo, Cristina Kirchner provocó a la oposición y los convocó a "organizar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas". Sus rivales aceptaron tímidamente el reto. Se impusieron en las votaciones para cargos legislativos de 2009 y 2013 en la provincia de Buenos Aires, y coronaron el desafío en 2015, cuando Macri se quedó con la Presidencia.

El hartazgo de una sociedad hacia un modelo de gestión que muchas veces patoteó a las instituciones fue probablemente una de las claves del éxito de Cambiemos. Sus votantes apostaron por una nueva administración que reivindicara el rol del Congreso como contralor del Poder Ejecutivo y ámbito de discusión política entre los representantes del pueblo.

Las expectativas se cumplieron a medias. Obligado a buscar consensos para sancionar las leyes que requería el Presidente, el oficialismo promovió en algunas ocasiones el diálogo con otros espacios e incluso aceptó cambios en proyectos sensibles. Otras veces, cuando no pudo imponerse, acudió al veto y generó la reacción de la oposición. Se defendió con la Constitución.

Hubo una tercera vía que el Gobierno utilizó para legislar que es mucho más compleja de explicar. Cada vez que el jefe de Estado quiso evitar la discusión parlamentaria, apeló a su firma para modificar con decretos de necesidad y urgencia normas sancionadas por el Congreso. Los cambios a la Ley de Medios, la derogación del Código Procesal Penal, el nuevo cronograma de feriados, y el endurecimiento de los controles a los extranjeros son algunos ejemplos.

Su estrategia se respaldó en un procedimiento impulsado por el kirchnerismo en 2006 que requiere el rechazo de ambas Cámaras del Congreso para impugnar un DNU -no alcanza, por ejemplo, con el voto negativo del Senado donde el Gobierno está en minoría-, y en una interpretación de rigurosa superficialidad del artículo 99 de la Constitución Nacional, que impone "circunstancias excepcionales" que hicieran "imposible seguir los trámites ordinarios".

¿Es legal modificar leyes por decreto? En 2010, la Corte Suprema dio una respuesta: precisó que la conveniencia del Poder Ejecutivo no justifica "la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional" en "circunstancias que no lo son" (ver más). Es decir, limitó el uso de esta facultad a condiciones de verdadera urgencia que no parecen haberse dado cada vez que Macri gambeteó al Congreso. Pero más allá de lo que impongan las reglas de la República -que están para cumplirlas, por supuesto- hay otro impedimento que es de índole moral y en esa faceta el Presidente está en deuda.