Imputabilidad de los menores: la imperiosa necesidad de legislar

La recurrente discusión sobre la edad de imputabilidad penal de los menores ha vuelto a las primeras planas gracias a la saludable decisión presidencial de convocar a una mesa de especialistas con el objetivo de consensuar un proyecto de ley sobre esta delicada cuestión. Uno de los pilares de la iniciativa radicaría en reducir la edad a la que un menor puede ser sancionado penalmente desde los actuales 16 años a los 14.

La Coalición Cívica tiene una extensa trayectoria en esta temática, ya que la doctora Elisa Carrió, en coautoría con otros legisladores, ha impulsado en numerosas oportunidades proyectos de ley sobre la materia en los que se reduce la edad de imputabilidad a los 14 años, se establecen pautas para la imposición de sanciones y se disponen medidas socioeducativas tendientes a la reintegración del menor a su familia y la sociedad; todo ello a la vez que se respetan todos los derechos y las garantías penales y procesales consagrados en nuestra Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales.

Ninguna duda cabe de que la legislación vigente debe ser modernizada y que la gravísima problemática que presentan en la actualidad los menores que infringen la ley penal debe ser abordada por la dirigencia política de manera realista y sin dejarse llevar por clichés ni discursos políticamente correctos que sólo sirven para eludir el compromiso.

Dejar de imponer sanciones al menor que delinque es una afrenta al propio menor, respecto al cual el Estado renuncia a ponerle límites.

Dado que a la imputabilidad se la podría definir, a grandes rasgos, como la "capacidad para comprender la criminalidad de un acto", es decir, qué está bien y qué está mal, el Estado debe legislar de modo tal que el menor diferencie mejor entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto.

Una legislación prescindente y despreocupada, que tácitamente le sugiere al menor que sus actos no tendrán consecuencias, nunca logrará que el menor advierta que va por mal camino y, en consecuencia, lo modifique. Es así que no pocos menores eligen vivir fuera de la ley y no dentro de la misma sencillamente porque no perciben la diferencia.

Está claro que si a un menor que delinque a los 14 años se le impone alguna sanción, es muchísimo más probable que la próxima vez haga mayores esfuerzos por vivir dentro de la ley y entienda que violarla no es una opción, y no que es la primera. Adicionalmente, al cumplir 18 años, el menor se encuentra con todo el rigor del sistema penal por hacer lo mismo que venía haciendo antes, lo que claramente revela una defección del Estado al no prever ni prevenir dicha situación.

Por otro lado, no puede obviarse que los menores son carne de cañón de delincuentes mayores, precisamente porque descuentan que no tendrán sanción alguna. Para reducir la delincuencia juvenil es imperioso neutralizar esta modalidad especialmente perversa, y que lamentablemente no pocas veces promueven los propios padres.

Finalmente cabe recordar que de la gran cantidad de chicos pobres, desamparados o abusados, el 99% no delinque y logra, de una u otra manera, y muchas veces heroicamente, vivir sin violar la ley ni perjudicar a terceros. Una legislación que diferencie la conducta correcta de la incorrecta es también un homenaje a ellos.

La trayectoria y los proyectos presentados demuestran acabadamente que se puede legislar de manera responsable, progresista y respetuosa de la Constitución Nacional en una materia tan sensible como esta, por lo que no dudamos en celebrar la iniciativa presidencial, confiando en que el compromiso de nuestros legisladores nacionales nos permitirá contar con el régimen penal juvenil que nos merecemos.

El autor es diputado provincial por Cambiemos.