Cierto es que la equidad no tiene mucho rating en la Argentina. La discusión sobre la distribución del ingreso, en general, forma parte del discurso de los sectores más "progres". Pero cuando hablamos sobre la manera en la que el Estado reparte sus recursos entre pobres y no pobres, el tema cambia. En especial cuando hay escasez de recursos.
Porque cuando le saco a alguien que tiene para darle a otro que no tiene, hay obvias razones para que algún sector proteste, aunque la injusticia de la anterior situación y la justicia de la nueva sean absolutamente evidentes. Las ventajas se convierten en derechos que pocos quieren resignar.
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Hay inequidades claras y otras menos. Es interesante cómo los discursos más progresistas mezclan todo y defienden las injusticias más palmarias; injusticias que se acrecientan cuando el Estado no tiene dinero.
El ejemplo más impactante ha sido la distribución de los subsidios durante la era K; desde las escandalosas tarifas energéticas y de transporte (con inequidad hacia los sectores medios y altos de la zona metropolitana) hasta el déficit de Aerolíneas Argentinas cuando lo comparamos con el desastroso sistema de transporte que sirve a los más pobres. En ambos casos se justificó la increíble inequidad del sistema con muletillas que incluían la del tarifazo, la supuesta culpa de las empresas extranjeras o la trascendental importancia de contar con una aerolínea de bandera en la que vuelan sólo los ricos. Importaba más una consigna política que la exclusión crónica de los pobres de los bienes públicos básicos.
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Pero hay inequidades más sofisticadas. El Congreso ha votado decenas de leyes que dan servicios a algunos sin consideraciones de equidad (y todos los días llega un nuevo proyecto de ley parecido). ¿Por qué razón el Estado debe pagar tratamientos de fertilización asistida, operaciones contra la obesidad o proveer viajes al exterior para tratarse de enfermedades a los ricos?
En la discusión sobre el impuesto a las ganancias (sobre todo cuando acabamos de saber que la mitad de los argentinos gana menos de ocho mil pesos por mes), que fue mostrada por algunos sectores políticos como un avance social histórico, la equidad no existió. Y las propuestas revolucionarias solamente aumentaban el castigo a personas y provincias pobres.
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Por todo ello es que, si creemos que la equidad importa, debemos aplaudir algunas decisiones recientes del Gobierno que cambian el rumbo hacia una mejor distribución social de gastos y recursos. La universalización de la tarifa social mientras se aumentan las tarifas para los más ricos; el uso de los fondos del blanqueo para pagar la deuda histórica con los jubilados; el aumento del componente social del presupuesto, marcaron el rumbo.
En las últimas semanas ha habido nuevos avances en este camino. La eliminación de la devolución del IVA en las compras con tarjeta de débito, una herramienta financiera que no usan los muy pobres, ahorró siete mil millones que tendrán mejor uso. La decisión del PAMI de ordenar el tema de los remedios para quienes no son pobres abre un camino muy interesante para discutir otras inequidades en el sistema de salud. Las propuestas que está haciendo el ministro Jorge Triaca para modificar el sistema previsional y al mismo tiempo usar recursos para blanquear a los trabajadores más pobres son verdaderamente revolucionarias (y por esa misma razón han de levantar mucha polvareda). No todos están de acuerdo en perder ingresos aunque sea para asegurar el primer empleo a los jóvenes pobres.
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Es muy interesante constatar que, cuando se miran las políticas públicas con esta perspectiva, el campo de acción es enorme. La demagogia ha usado el discurso populista para ocultar transferencias en las que los pobres son simples espectadores. Develar y modificar esas situaciones es el eje de un cambio trascendente que debería merecer aplausos (aunque, como decíamos al principio, la preocupación por la equidad no es un fuerte de los argentinos).
El autor es diputado nacional, Cambiemos.
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