Política económica: dilemas en un año eleccionario

Nota escrita en colaboración con Facundo Pastor

El 2010 fue el último año no electoral donde la economía creció. A partir de ese año, y durante todo el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el PBI alternó entre variaciones positivas con negativas: mientras que en 2011, 2013 y 2015 la economía creció 6,0%, 2,4% y 2,6%, respectivamente; lo opuesto sucedió en los años pares, donde el PBI se contrajo un 1,0% en 2012 y un 2,5% en 2014. En un modelo como aquel, que luego de la imposición del cepo cambiario firmó su propia acta de defunción, no fue casual que los años en que el nivel de actividad se expandió correspondieran a años electorales, mientras que en los años subsiguientes se pagaron los costos de dicha expansión artificial, basada en el alza del gasto público.

La gestión actual, por su parte, cerrará el año con una recesión estimada en un 1,3% (según datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado, Banco Central); sigue la trayectoria de los años anteriores: dado que 2016 no fue un año eleccionario, el nivel de actividad pagó los costos de la expansión preelectoral, sumado a las numerosas correcciones que debieron realizarse en todos los planos de la economía, a fin de reducir los desajustes y las distorsiones heredadas del Gobierno previo.

Los resultados no han sido los deseados, por lo que, teniendo en cuenta lo importante que se han vuelto para el oficialismo las elecciones de medio término, ¿realmente el equipo económico podrá llevar a cabo reformas profundas que impacten en el bienestar de la sociedad?

Diversos autores han intentando explicar la influencia del ciclo político en la economía. El pionero fue William Nordhaus, quien, en la década de 1970, planteó un modelo suponiendo que: a los partidos políticos sólo les interesa ganar las elecciones; los votantes son sujetos de escasa memoria, por lo que son sistemáticamente engañados por los políticos; y la economía se explica por la dicotomía entre desempleo e inflación (la denominada curva de Phillips de corto plazo), en la que cada partido decide qué variable prioriza con base en el rédito político: más inflación con menor desempleo o menor inflación con mayor desempleo.

Si bien entre los economistas no hay dudas de que en el largo plazo no existe tal trade-off entre inflación y desempleo, la política económica busca maximizar las ganancias del ciclo político, el cual, a diferencia del económico, tiende a ser de corto plazo: en el caso de Argentina, 4 años, con posibilidad de reelección por un período más de igual duración.

Estudios empíricos posteriores retomaron el análisis de la influencia del ciclo político en la política económica y analizaron cómo las características ideológicas de cada partido influyen en las decisiones económicas de corto plazo. No obstante, una vez que los políticos llegan al poder, la popularidad se vuelve más determinante que el sesgo ideológico y los políticos ceden ante medidas que son insostenibles en el largo plazo con tal de ganar la siguiente elección.

En el contexto descrito, se observa que si bien durante 2016 la gestión de Cambiemos intentó mostrar un sesgo antiinflacionario (con un Banco Central preocupado casi de manera exclusiva en la inflación) y de cierta corrección fiscal (con la ambigua situación relacionada con la quita de subsidios en los servicios públicos), nos debemos preguntar cómo continuará la política económica en un año eleccionario, a pesar de los cambios en las carteras de Hacienda y Finanzas.

Es muy probable que se verifique un relajamiento de la postura contractiva del equipo económico hasta las elecciones, sumadas algunas medidas que tiendan a aumentar la popularidad del Gobierno, el cual busca incrementar sus representantes en el Poder Legislativo, a fin de tener mayor margen de maniobra para aprobar leyes claves.

Por lo tanto, no se deben esperar grandes recortes en el gasto público: dada la escasez de recursos tributarios, Finanzas continuará tomando deuda externa para financiar el déficit fiscal, y la obra pública será presentada como el caballo de batalla para la reactivación del empleo y como tractor del resto de la economía.

Por otra parte, si bien el Banco Central continuará con su plan antiinflacionario —estima emitir 150 mil millones de pesos en todo 2017, 10 mil millones menos que en 2016—, esto es sin tener en cuenta la emisión necesaria para la compra de dólares que el Tesoro consiga vía endeudamiento externo.

En este escenario, y frente a las elecciones de medio término, lo que debemos esperar para 2017 es un aumento en el empleo, paritarias que igualen o superen a la inflación, mayores niveles de endeudamiento, atraso cambiario y dificultades para mantener en superávit comercial. En 2018, año sin elecciones, la historia será bien distinta.