Nueva oportunidad de discutir el régimen penal juvenil

En estos días ha vuelto el debate referido al régimen penal aplicable a los menores, a partir de una propuesta aislada de reducción de la edad de imputabilidad realizada por el Gobierno. El tema es bastante más complejo para reducirlo sólo a ese aspecto.

En ese sentido, desde el Congreso venimos trabajando el tema desde el año 2004, cuando presenté el proyecto de régimen legal aplicable a las personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal. Allí se abarca de una manera integral, interdisciplinaria y sociojurídica la compleja problemática de los menores. Este proyecto dio lugar, junto al de otros colegas, a un dictamen aprobado por el Senado de la Nación el 29 de octubre del 2009, que luego no tuvo tratamiento en Diputados. En el 2015, presenté nuevamente mi proyecto, incluyendo algunas modificaciones que surgieron fruto del consenso de aquel momento.

El Gobierno nacional ha decidido entonces encarar un tema largamente pospuesto. Es necesario que reforcemos este debate con la contundencia de saber que estamos frente a un tema sensible, complejo y multifacético. No alcanza con la simple declamación altisonante, ni las exigencias de mano dura. No hay que olvidar que la demagogia no conduce hacia ninguna solución.

Al contrario de lo que suele creerse, el concepto central está fundamentado en los principios y las directrices contenidos en la Constitución Nacional, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y demás instrumentos internacionales vigentes en Argentina. La determinación de las consecuencias jurídicas de las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes son una materia pendiente en la Argentina.

Hay que reformar radicalmente la respuesta del Estado ante los actos que revisten carácter de delito cuando ellos son cometidos por personas menores de 18 años; introducir, por primera vez en Argentina, un sistema de responsabilidad penal especial para los adolescentes mayores de 16 años.

¿Por qué es necesaria esta reforma? Simple: la actual legislación de menores, en no pocas materias, entra en contradicción con disposiciones de la Constitución y de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y, en algunos casos, directamente vulnera estos cuerpos jurídicos. La informalidad del sistema tutelar de menores, que se estableció en nuestra legislación con la intención de beneficiar a los niños y los adolescentes, ha permitido el surgimiento de un sistema punitivo-tutelar que no se somete a los controles constitucionales propios del sistema penal formal, y que es fuente permanente de vulneración de derechos constitucionales, tanto en el ámbito procesal como en el de las garantías sustanciales.

Procesos sin forma de juicio; aplicación de medidas sin participación de abogados defensores y dictadas por tiempo indeterminado; sanciones privativas de libertad que vulneran el principio de legalidad a través de la utilización de fórmulas abiertas como la irregularidad, o el peligro material o moral, son algunos ejemplos que demuestran que las leyes de menores adolecen de serias deficiencias para garantizar los derechos de los niños y los adolescentes.

Al no existir un sistema especializado destinado al juzgamiento y la atribución de consecuencias a las infracciones a la ley penal cometidas por adolescentes, se genera una confusión entre la protección de los niños y las medidas sancionatorias.

La propuesta no puede ser solamente bajar la edad de imputabilidad. Estamos a la espera de los pormenores del proyecto que impulsa el Ejecutivo. Pero entendemos que es necesario un abordaje mucho más amplio que el proceso judicial. Necesitamos un sistema de Justicia de menores con unidades especializadas de policía, judicatura, fiscales y disponibilidad de defensores. Es muy importante la especialización y la capacitación técnica. De este modo, se logrará una cultura del debido respeto de los derechos de la niñez.

Esta es una oportunidad para generar un cambio de paradigma en todos los sujetos que trabajan en el sistema de Justicia penal juvenil. Y de fomentar el sentido de responsabilidad de los adolescentes a través de un sistema de Justicia que garantice los derechos de los imputados y de las víctimas. No la desperdiciemos.

La autora es senadora nacional (Frente para la Victoria).