Vuelta a la vida republicana: reapertura del caso Nisman

Natalio Alberto Nisman, el fiscal más importante de la República Argentina, ya que era el representante del Ministerio Público que investigaba el demencial ataque terrorista que redujo a escombros el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), llevó a la tumba a 85 personas y constituyó el atentado más grave de la historia del Cono Sur, apareció muerto en su departamento del complejo Le Parc, en Puerto Madero, a pocas horas de haber presentado una gravísima denuncia contra la ex presidente Cristina Fernández, su ex canciller Héctor Timerman y otros funcionarios y allegados al anterior Gobierno.

La presentación del fiscal Nisman tuvo inmediata repercusión nacional e internacional y se esperaba una profunda investigación, en medio del espanto que cundía en la República Argentina luego de su muerte violenta, aún no esclarecida.

Nisman fue enterrado en el Cementerio Israelita de La Tablada. Con él, su denuncia y la investigación de su muerte. En pocas horas, el fiscal muerto se convirtió en mitómano, delirante, alcohólico, drogadicto, siervo de los servicios de inteligencia y hasta socio de los fondos buitre. Su honra, su buen nombre y su memoria fueron arrojados a los perros carroñeros.

En la escena del crimen del coqueto departamento de Puerto Madero sólo faltó el pasaje de una tropilla de percherones y un concierto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, en medio de la sangre, vainas servidas, huellas digitales y demás rastros de interés pericial.

Pasaron casi dos años desde aquellos desgraciados acontecimientos. Durante todo este tiempo, la comunidad argentina vio cómo el Poder Judicial y el Ministerio Público —o algunos de sus integrantes— lograron colocar un elefante adulto en una caja de zapatos. La alquimia judicial para no investigar la denuncia de Nisman tuvo ribetes grotescos, absurdos, desafió los límites de la racionalidad misma.

Tres jueces federales (Daniel Rafecas, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero) y un fiscal federal (Javier de Luca) decidieron que no debía investigarse una de las denuncias más graves de nuestra historia.

Los fiscales, representantes de los intereses de la comunidad en los procesos penales, debemos investigar las denuncias que llegan a nuestros despachos. De hecho, se investigan en nuestras fiscalías denuncias anónimas, llamados telefónicos, correos electrónicos, dichos de un vecino, artículos periodísticos, etcétera. Muchas veces no logramos establecer la existencia de un delito. Otras tantas, aun cuando existe una conducta delictiva, no logramos descubrir a sus autores, sus encubridores o sus cómplices. En ocasiones, los jueces consideran que la prueba de cargo reunida por el Ministerio Público es insuficiente para lograr una sentencia de condena, etcétera.

Pero no investigar una denuncia con medio centenar de medidas de prueba a producir es inédito en la historia judicial argentina. También es vergonzante.

El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que ordena la apertura de la investigación de Alberto Nisman es un soplo de aire fresco en la vida republicana. Pero sólo eso. Ni siquiera es el capítulo 1 del libro Cómo ser un país normal. Es sólo el prólogo.

Como en las películas, sólo queremos saber la verdad y nada más que la verdad. Nada más. Y nada menos.