
El martes pasado, mientras hacíamos Lanata sin filtro, por Radio Mitre, el periodista Pablo de León me señaló uno de los monitores del estudio donde se podía ver la conferencia de prensa en la que el gabinete y los gremialistas anunciaban el acuerdo de ganancias. Me dijo: "Mirá la cara de Prat-Gay, lo dejaron afuera". Una semana después, aquel comentario devino premonición y de alguna manera explica las razones del alejamiento. El ex ministro ya no ocupaba el centro de la escena como había ocurrido doce meses atrás, el día que Alfonso anunció el fin de un cepo que en rigor de verdad había sido más el resultado del trabajo del Banco Central que un producto de Hacienda.
Es evidente, por otro lado, que la salida del hombre de la Coalición Cívica tampoco fue en malos términos, porque de otro modo Luis Caputo, uno de los hombres de mayor confianza de Prat-Gay, no se hubiera mantenido en el cargo. Como quiera que haya sido, hoy parece más atractivo mirar hacia adelante para tratar de entender lo que viene en materia de política económica.
Nicolás Dujovne es un economista conocido por su presencia en medios de comunicación. Todas las semanas hace fácil lo difícil desde su columna en prensa, pero también opina con una visión crítica desde allí y en la tele, junto a Carlos Pagni, gran amigo de Alfonso Prat-Gay y uno de los hombres que mejor información maneja en el país.
Gracias a esa visibilidad mediática, no resulta trabajoso averiguar cómo piensa. En una de sus últimas columnas en prensa, el nuevo ministro dijo: "El programa económico del Gobierno en 2016 consistió en revertir las extravagancias más notables del kirchnerismo: en un año, la Argentina salió del cepo y del default, volvió a entablar relaciones diplomáticas fluidas con los países más importantes del mundo, independizó al Banco Central y comenzó a migrar hacia un esquema en el cual se espera que el sector privado invierta y prospere sobre la base de incentivos y ya no por la combinación de subsidios y hostigamiento. Luego de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el mundo financiero se ha vuelto algo más hostil y la Argentina ha sido uno de los países más castigados por los inversores. Ello genera nuevas exigencias: el programa inicial debe ser continuado por otro que defina la gestión ya no por la negativa, sino por determinados objetivos concretos y por una descripción metódica acerca de cómo serán alcanzados. La identidad de ese programa todavía está en construcción por dos motivos: en algunas áreas, el Gobierno no tiene decidido exactamente hacia dónde planea avanzar. Y en otros casos, las ideas no han sido comunicadas adecuadamente".
En castellano, esto quiere decir que es partidario de un plan fiscal sistematizado, con un sendero de compromiso respecto de la expansión del gasto público y los impuestos, que pueda ser monitoreado mes a mes, de modo de verificar el cumplimiento.
Más adelante, Dujovne afirma: "Si el Gobierno lograra mantener el gasto congelado en términos reales por los próximos cinco años y la economía creciera 3% por año, el gasto en relación con el PBI bajaría de 45% a 39% en 2021. Y si esa estabilidad del gasto permaneciera por diez años, caería hasta 34% del PBI en 2026".
Esa fue exactamente la idea que el Presidente les transmitió a varios economistas en diciembre del año pasado; el plan no era hacer un ajuste fiscal clásico, sino que el ajuste se hiciera por vía del crecimiento económico. Para ello, el objetivo era mantener el gasto constante en términos reales (que las partidas crecieran lo mismo que la inflación), para que a medida que aumentara el PBI real el gasto como porcentaje del PBI se fuera achicando.
Pero la novedad de Dujovne es que en esa columna planteó una idea concreta en torno al cumplimiento de ese esquema cuando dijo: "Si ese fuera el plan, la manera de traer al presente parte de los beneficios futuros de la contención del gasto vendría dada por la comunicación de ese programa y por la creación de mecanismos que aseguren que el compromiso del Gobierno va más allá de un Powerpoint".
En el idioma de Cervantes eso se traduce en una ley de responsabilidad fiscal que limite las posibilidades de expansión del gasto público por los próximos 10 años, de modo de garantizar que efectivamente el presupuesto no aumente en términos reales, para que el crecimiento de la economía contribuya a reducir el peso proporcional de gasto público. Además, si el gasto no crece y los ingresos aumentan con el crecimiento de la economía, el déficit se irá cerrando gradualmente sin necesidad de un ajuste salvaje.
Si el sendero de convergencia hacia la estabilidad fiscal fuera claro y Hacienda tuviera éxito en comunicarlo y convencer al público de que cada cuatro puntos de crecimiento de la economía se reducirá un punto el déficit, los fantasmas de la insolvencia que sacó a pasear Roberto Lavagna hace un par de meses desaparecerían de la escena; le devolvería a la economía la confianza para el mediano y largo plazo, que resulta fundamental si el Gobierno pretende materializar inversiones.
@martintetaz
El autor es economista (UNLP), especializado en la interrelación de la economía y la psicología. Su último libro es "Psychonomics".
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