Durante su primer año de gobierno, Mauricio Macri inició una transición en la Argentina. Como en todo proceso de esas características, hay prácticas o políticas que mantuvo, que convivieron con medidas de ajuste económico y algunas definiciones que bosquejan un futuro en el que un nuevo modelo se terminará de instalar en el país.
El Gobierno que asumió en diciembre de 2015 aplicó un importante ajuste que habría sido mayor si la Corte Suprema no lo hubiera hecho retroceder en el plan tarifario, pero que comprendió además una inflación de más del 40% y un efecto recesivo o una caída del consumo que alarmó a distintos sectores, sobre todo a la clase media y las pymes.
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La carga impositiva luego del ajuste es altísima en la Argentina, a cambio de un servicio deficiente del Estado, por ejemplo, a nivel de educación, salud y seguridad. Pero ese, el del servicio del Estado a los contribuyentes, es un problema que comprende a varios gobiernos.
En lo que respecta a la gestión de Cambiemos, para mantener calmo el segmento de la clase baja, el Gobierno de Mauricio Macri mantuvo y en algunos casos amplió subsidios. El síndrome del helicóptero de Fernando de la Rúa y los saqueos de diciembre provocaron que el oficialismo pusiera especial atención, a través de su ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en el vínculo con las organizaciones sociales.
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Así, el Gobierno no cortó en ningún momento la ayuda que le dispensaba a ese sector el kirchnerismo, sino que la incrementó a través de la prórroga de la ley de emergencia social hasta el 2019. Esto les da un protagonismo que antes no tenían a las organizaciones sociales como el Movimiento Evita o la Corriente Clasista y Combativa en las políticas destinadas a ese sector.
Controlado ese sector, Macri se dispuso a "arreglar" con el peronismo en sus diferentes expresiones, pero siempre alimentando esa división, para no permitir el rápido rearme del Partido Justicialista (PJ). De ese modo, mientras los gobernadores peronistas fueron beneficiados con el aumento de la coparticipación y el reinicio de obras frenadas, la varita mágica también tocó a la CGT con el pago de la deuda a las obras sociales reclamado sin éxito durante toda la era kirchnerista.
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Otros sectores del peronismo dividido, como el de Sergio Massa, "ligaron" cargos y manejo de caja en la provincia de Buenos Aires de la mano de la gobernadora María Eugenia Vidal. Allí, el Frente Renovador, aunque se preocupe por maquillarlo, ejerce una suerte de cogobierno con Cambiemos.
Este contexto significó que, por ejemplo, el gasto público, que se preveía que bajara o se recortara con Macri, aumentó. Hasta la cantidad de ministerios, secretarías y subsecretarías es mayor que la que manejó el kirchnerismo y mucho mayor que la del menemismo.
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Alguien de la oposición podría decir: "Al final, este Gobierno mantuvo varias cosas del Gobierno anterior y cambió otras". De alguna manera puede ser cierto. Pero la Casa Rosada tiene una segunda fase del plan guardada bajo siete llaves y a ser aplicada una vez ocurran las elecciones legislativas. Sobre todo, si triunfa.
El Presidente ha dado algunas señales, al liberar la compra de productos importados con el sistema puerta a puerta, reclamar al sindicalismo discutir "todos los convenios laborales" y exigir a sus ministros un recorte del gasto, que en definitiva hace al gasto público, luego de que el 2016 arrojara un déficit de 400 mil millones de pesos.
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"Hay que decir qué vamos a recortar. Esa es la discusión que comienza en 2017", aseveró el mandatario en noviembre pasado ante la Bolsa de Comercio. Junto a la flexibilización laboral cambiando los convenios laborales, el Gobierno ya piensa en una reforma tributaria, pero, para ello, necesita que el país crezca.
En principio, Cambiemos volverá a utilizar la misma fórmula que aplicaron los gobiernos anteriores, casi sin excepción. En un año electoral y ante la posibilidad de mejorar la economía con recursos de aplicación más lenta como la llegada de inversiones, el Ejecutivo apelará a la obra pública: volcar miles de millones de pesos, sobre todo en aquellos distritos donde necesita que le vaya bien en los comicios. Se sabe, la obra pública suele ser efectiva porque genera empleo rápidamente y moviliza la industria que gira derredor de las construcciones.
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No obstante, es un salvavidas para el mientras tanto, porque si detrás de esa etapa no viene una de inversiones, los problemas estarán esperando a la vuelta de la esquina.
Sin políticas de Estado, es probable que, si el Gobierno sale airoso de las elecciones del 2017, el modelo político, económico y social de la Argentina cambie. El giro será de 45, 90 o 180 grados, pero será claramente otro.
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Más allá de las discrepancias o las convicciones acerca del nuevo plan que se avecina, sería saludable para los argentinos que, de una buena vez por todas, la sociedad definiera en qué país pretende vivir, cuál será el modelo de producción, las políticas de empleo y la calidad de la educación, la Justicia, la salud y la seguridad. De lo contrario, cada 4, 8 o 12 años, un nuevo gobierno impondrá un nuevo modelo y la Argentina seguirá siendo un país poco creíble externa e internamente.
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