Este año, la Argentina ha reafirmado su compromiso con la Corte Penal Internacional de La Haya mediante la aprobación en el Congreso de las enmiendas de Kampala. El punto más importante de estas reformas es que se otorga a la Corte Penal Internacional la posibilidad de investigar y juzgar agresiones entre Estados. Dicho de forma más llana: si un país agrede a otro, la Corte Internacional tendrá la facultad de investigar a los agresores y establecer sanciones.
La aprobación de las enmiendas, que fue una iniciativa de la canciller Susana Malcorra y del ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano, no es la única acción que impulsa el Gobierno nacional respecto a la Corte. También se ha firmado un acuerdo de colaboración para la protección de testigos que brinda a la Corte un aporte concreto y necesario.
Asimismo, el jueves pasado se realizó un seminario de capacitación sobre el sistema de justicia penal internacional creado por el Estatuto de Roma destinado a legisladores, jueces, fiscales y funcionarios. Allí se explicó el funcionamiento de la Corte Penal Internacional y el modo en que los Estados pueden colaborar para que su funcionamiento adquiera una relevancia internacional mayor y así terminar con la impunidad de quienes cometen los peores crímenes.
El conjunto de acciones referidas a la Corte Penal Internacional forma parte de la reinserción de la Argentina en el mundo. Debe destacarse que el apoyo de nuestro país llega en un momento delicado para este importante tribunal internacional, ya que en 2016 Rusia ha tomado distancia de la Corte, y también se han retirado de ella Sudáfrica, Gambia y Burundi.
¿Por qué es relevante mantener la apuesta por La Haya? La Corte Penal Internacional juzga crímenes de guerra, agresión internacional, genocidios y lesa humanidad. Para la Argentina, este tipo de juicios tiene un impacto cultural y estratégico muy grande. En lo cultural, el apoyo al juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad reafirma el compromiso con los derechos humanos que nuestro país ha asumido desde la vuelta de la democracia.
En lo estratégico, el apoyo en este momento crucial ubica a la Argentina como una referencia para la Corte Penal Internacional tanto en Latinoamérica como entre los países emergentes. El liderazgo de nuestro país es relevante para brindar un sostén a la Corte en la región y en el hemisferio. En un mundo globalizado y con escenarios de conflictos por los recursos naturales, no es menor que la Argentina afiance su relación con una organización encargada de defender a quienes reciben agresiones.
La presencia en La Haya también tiene un contenido positivo para la política nacional. De la última visita a la Corte participaron tanto representantes del Gobierno como miembros de la oposición, como la diputada Margarita Stolbizer, presidente de Parlamentarios para la Acción Global (PGA). Esta es otra señal importante de la disposición al diálogo y a la construcción de políticas de Estado que presentan en la actualidad tanto el Gobierno nacional como los representantes de otros espacios políticos relevantes. De este modo, Argentina reafirma su compromiso internacional y su solidaridad con las víctimas de los más graves crímenes contra la humanidad que se cometen en todo el mundo.
El autor es subsecretario de Política Criminal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
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