El 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha en la que se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, en la Argentina la significación de esa fecha cobra mayor fuerza porque el 10 de diciembre de 1983 asumió la presidencia del país Raúl Alfonsín, después de más de una década signada por la muerte y el desprecio de estos derechos.

Sin duda se intentó durante ese gobierno que estos conceptos se incorporaran en la sociedad como valores compartidos porque quizás así lograríamos dejar atrás el dolor de la tragedia y se convertiría en lo mejor que podía ser, aprendizaje a partir de la experiencia.

Transcurrieron treinta y tres años de aquel 10 de diciembre, justamente la edad que tengo hoy, toda mi vida hasta aquí. Me gustaría poder reconocer que se logró aquel objetivo, pero no puedo, hace 10 años me veo forzado a preguntarme, investigar y cuestionar justamente qué hicimos en estos años con estos principios y me animo a afirmar que estamos muy lejos de que se conviertan en valores de nuestra sociedad. Ni siquiera podemos evidenciar que sean valores institucionales en nuestros gobiernos.

En junio del 2006 mi padre fue acusado por primera vez en toda su vida de haber cometido violaciones a los derechos humanos treinta años antes, durante el tiempo que, con 24 años, el Ejército Argentino lo destinó como oficial en San Rafael, Mendoza. Ese fue el momento en que quedó privado de su libertad y el comienzo de un terremoto familiar que repercutió en todos los aspectos de nuestras vidas.

En 2010 conocí a un grupo de hijos y nietos de imputados con el que trabajamos actualmente en la asociación civil Puentes para la Legalidad. Denunciamos las violaciones a los derechos humanos, la falta de garantías y las violaciones al debido proceso en los que se conoce como juicios por delitos de lesa humanidad.

Si tomamos en consideración la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, podemos afirmar que el Estado argentino ha violado durante estos 11 años de juicios, 16 de los 30 artículos declarados. Son los artículos: 1º, de libertad e igualdad, 2º, no discriminación, 3º, derecho a la vida, 5º, no penas crueles, inhumanas o degradantes, 6º, personalidad jurídica, 7º, igualdad ante la ley, 8º, tutela judicial efectiva, 9º, detención arbitraria, 10º, tribunal imparcial, 11º, presunción de inocencia y aplicación de la ley más benigna, 12º, respeto a la vida privada y las familias, 23º, derecho al trabajo, 25º, derecho a la salud, 26º, derecho a la educación, 28º, efectividad de los derechos, 30º, no exclusión de derechos.

Denunciamos esto toda vez que nos encontramos con que los acusados quedan detenidos en el momento mismo de la imputación y manteniendo prisiones preventivas que exceden ampliamente los dos años que marca la ley. El promedio de prisiones preventivas es de 5 a 8 años, llega a extremos de 14 años. Estas significan en sí mismas condenas ilegales anticipadas en franca violación al principio de inocencia.

Se les aplica un derecho paralelo a tal punto que los expedientes giran por los tribunales con un sello rojo que dice "derechos humanos" para que los funcionarios no se equivoquen en la forma de tratarlos y así aseguran las condenas, independientemente de si existe prueba que inculpe al imputado en algún delito. El 91,5% de los imputados que llega a juicio es condenado, en su mayoría con penas de entre 15 años y cadena perpetua. Esto se contrapone a las estadísticas de los procesos penales comunes, en los que, con pruebas y testimonios mucho más actuales, el porcentaje de condenas no llega al treinta por ciento.

No importa el papel, el nivel de responsabilidad y jerarquía, no importa si se prueba o no la participación objetiva en delito alguno, sólo parecería importar tener condenados.

Hay 364 fallecidos, muchos debido a las condiciones de detención, la burocracia penitenciaria y el deficitario sistema de salud, o a la negligencia y el dolo de los jueces y los secretarios. Esta situación se agrava cada día porque la cantidad de muertes es exponencial por la edad de los imputados y el deterioro generado en el tiempo transcurrido de las causas y las condiciones de detención. Hay 223 presos en penales de más de 70 años, cuando sabemos que las cárceles son deficitarias para la correcta atención médica de la población que habitualmente promedia los 30 años. Considerando las reglamentaciones vigentes y los requerimientos para los hogares de ancianos, podemos afirmar que ningún penal está preparado para alojar a personas de más de 65 años (cuidados de salud, traslados a médicos, dieta, ejercicios, medicamentos).

Si tomamos en cuenta la edad de los imputados y la cantidad de años de sus condenas, vemos que son en realidad penas a muerte en prisión, lo que, al negar la esperanza de volver a vivir libre, es considerado tortuoso por varios tratados internacionales y absolutamente ajeno a nuestro espíritu constitucional, que dice que las cárceles no son para castigo sino para resociabilización. Esto sin contar con que los jueces permiten insultos y tratos degradantes en las audiencias de juicios orales al punto de haber hecho entrar a los imputados por donde estaban los familiares de las víctimas y los militantes en algunos juicios, permitiendo huevazos, salivadas y demás agresiones físicas.

Son comunes los traslados intempestivos de penal sin importar la cercanía familiar, las prohibiciones de trabajar intramuros e incluso la Universidad de Buenos Aires les prohibió a los "imputados y/o condenados" de delitos de lesa humanidad la participación en los programas universitarios y los jueces lo avalaron.

En nuestro camino de denuncia hemos enfrentado mucho silencio y una enorme cantidad de prejuicios, desde que la defensa de los derechos de nuestros padres y abuelos era una suerte de reivindicación de los horrores cometidos en la dictadura, hasta la renovación del tristísimo "algo habrán hecho".

Dicen que hay cultura no donde hay experiencia sino donde la experiencia puede ser pensada y quizás estos silencios y estos prejuicios, muchas veces convertidos en dogmas, evitan que aprendamos todo lo posible del dolor vivido y, a juzgar por nuestra experiencia de estos años, han evitado convertir en valores a los derechos humanos, que ciertamente se han desnaturalizado.

Estos son derechos que verdaderamente se ponen en juego cuando debemos defender a quienes son diferentes a nosotros, defenderlos con los que vemos parecidos o que creemos que piensan como nosotros no representa ningún conflicto.

Tenemos que dejar de pensar y sentir en términos de amigo y enemigo, es necesario que en esta nueva etapa hagamos pie en la institucionalidad, el cumplimiento de la ley y los derechos humanos de todos los ciudadanos. Ese puede ser el puente que nos acerque para que, en lugar de grieta, les dejemos a nuestros hijos un legado de inclusión y respeto por el prójimo, entendiendo la universalidad de los derechos humanos, tal vez entonces podremos profundizar y completar el ciclo iniciado el 10 de diciembre de 1983.