CFK será procesada, pero la discrecionalidad gubernamental continuará

La ex presidente Cristina Kirchner fue indagada en la causa en la que se la investiga por el direccionamiento de las adjudicaciones de obra pública durante su gestión, en favor del detenido y mal llamado empresario Lázaro Báez.

Los fiscales le imputan haber llevado adelante "un plan criminal" para asignar y destinar 2.200 millones de dólares a Báez. Señalaron los fiscales una serie de casos testigos donde se demuestra el direccionamiento de la obra pública y los mecanismos legales utilizados para beneficiar a dedo a Lázaro Báez. Así logró ser el mayor contratista de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz.

Empero, además, en forma discrecional, se convirtió a Lázaro Báez en el único adjudicatario de obra pública en el país, al que no sólo no se le adeudaban pagos de ningún certificado de obra, sino que incluso se le dieron pagos por adelantado por obras que jamás realizó o dejó inconclusas.

Ahora bien, qué ocurrió ante esto en Tribunales. Lo de siempre. Lo que adelanté en mi libro La década enterrada.

La ex Presidente, quien por años se acostumbró a no rendir cuentas por nada, de ahí que considera que no debe hacerlo ni corresponde, ensayó su viejo, remanido y trillado argumento de que tiene su origen en la vieja Santa Cruz, de que todo se trata de una conspiración en su contra.

Esta estrategia, de creación de Carlos Zannini, es la que repiten todos los apologistas del círculo justificador de la corrupción de la ex Presidente, quienes no se avergüenzan de abusar de excusas y falacias simplificadoras y reduccionistas, que esconden desembocados esfuerzos por exculpar a la ex Presidente de su inocultable y descomunal enriquecimiento ilícito a través de la asociación ilícita organizada desde su Gobierno. La estrategia de mostrar la corrupción como un hecho policial desvinculado de la ex Presidente y, en el peor de los casos, como una consecuencia de su paso por el poder, pero nunca como lo que es y se la acusa: un plan sistemático y criminal organizado en el tiempo para saquear en su provecho las arcas públicas.

La ex Presidente, de tal modo, comunica con naturalidad impostada esta idea y estrategia de Carlos Zannini, quien hizo de ella un héroe a la fuerza. "Yo no tengo nada que ver con esto que se dice investigar", dijo la ex Presidente: "No conozco a Lázaro Báez, no soy su socia". En todo caso, el responsable de lo que pasó fue Fuenteovejuna, fueron todos y no fue nadie.

Por eso, la ex Presidente, a la salida de Comodoro Py, intentó proyectar esa imagen de héroe, perseguida, inocente y víctima de una conspiración en su contra.

Carlos Zannini considera que el juzgamiento ya lo hizo la sociedad al votar y que no cabe otra rendición de cuentas.

Los Kirchner siempre creyeron que la justicia era un apéndice del Poder Ejecutivo, que nunca, por lo tanto, puede investigar al poder. Al que tiene el poder lo único que le puede pasar es perderlo, pero no se lo puede investigar.

La tardía indagatoria de la ex Presidente y el llamamiento a rendir cuentas en la Justicia por años, por este y otros innumerables delitos cometidos, basados en la desmesura y la arbitrariedad delictiva en la que se gobernó, configuran un elemento distintivo del funcionamiento del sistema democrático.

La tardanza judicial en la exigencia de rendición de cuentas no habla mal solamente de la Justicia, sino de nosotros como sociedad.

Gran parte de la sociedad no tuvo estos años una mirada preeminente en los temas de corrupción; no le importó, la premió y recompensó, por eso no tenemos políticas públicas en materia de lucha contra la corrupción hoy día, para dar respuesta a la exigencia de la sociedad que hoy sí es consciente de la magnitud de la corrupción que existió en estos años.

Lo que está ocurriendo en el país no es nada para alegrarse. La sociedad comprendió con ejemplos dramáticos que existió un poder que se colocó por afuera de la ley, como los que denunciamos esta corrupción tempranamente señalábamos en humillante soledad y peligro.

Por ello, sostengo desde hace tiempo que los problemas de los argentinos no se solucionan solamente con necesarios encarcelamientos, sino con el imperativo insoslayable y urgente de generar anticuerpos institucionales para que esto que sucedió no pase nunca más.

No existe requisito más actual e importante para alcanzar la credibilidad democrática que disminuir la discrecionalidad gubernamental y la probabilidad de que se extienda sin control alguno la corrupción en la administración estatal.

El principio de publicidad de los actos de gobierno y rendición de cuentas de estos constituye el elemento distintivo por excelencia de la democracia, por cuanto no puede hablarse de transparencia de la actividad administrativa y de los actos de los gobernantes si no existe en última instancia su contralor judicial.

La ex Presidente será procesada en su momento en esta causa. Es un tibio comienzo e intento de orillar en esta rendición de cuentas tardía, banalizada y futbolizada que se está dando en nuestros tribunales.

El problema de los argentinos, en lo profundo, es ver si vamos a poder consolidar la democracia y terminar con el ciclo perverso que consagra impunidades y proyecta otras en el horizonte. La falta de rendición de cuentas y de justicia frente a los delitos de corrupción, que son los delitos del poder, resienten y resquebrajan el rendimiento del sistema democrático.

Juzgar la corrupción de estos años será, entonces, no un mecanismo para que la ex Presidente vaya presa, sino una vuelta a la normalidad institucional y a la cordura cívica. Pero, sobre todo, ello nos permitiría ver como sociedad que llegó la hora de dejar de poner el poder en las personas y colocarlo en las instituciones.

Ese es el desafío mayor de los argentinos: entender que el poder sin control siempre oprime.

El autor es dirigente de la Unión Cívica Radical. Autor de "La década enterrada".