Derecho al aborto: una cuestión de salud pública urgente

Cuando hablamos de aborto, los números hablan por sí solos: hoy se estima que cada año tienen lugar en todo el mundo aproximadamente 50 millones de abortos, de los que 30 millones ocurren en condiciones de legalidad y 20 millones en condiciones de clandestinidad, bajo la amenaza de la criminalización. Entonces, claramente, lo primero que hay que decir es que los datos demuestran que la penalización del aborto no impide su práctica.

Como resultado de esta prohibición, la clandestinidad del aborto se ha convertido en un grave problema de salud pública, que amenaza la vida y la salud de las mujeres con resultados alarmantes, sobre todo para aquellas que carecen de los medios necesarios para interrumpir un embarazo en condiciones de salubridad y deben acudir a métodos terriblemente precarios. Esa es la razón por la que debería despenalizarse y legalizarse ya mismo el derecho al aborto.

Además, la clandestinidad del aborto genera un negocio altamente redituable para las clínicas privadas. Practicarse un aborto séptico, en condiciones de salubridad, hoy cuesta unos 17 mil pesos. Dos o tres veces más que lo que percibe casi la mitad de las mujeres trabajadoras del país, gran parte de ellas jefas de hogar, que trabajan en forma precaria, sin obra social ni aportes jubilatorios, y que además son sometidas hasta a los test de embarazo para conseguir un empleo precario, o echadas a la calle si quedan embarazadas.

Según una investigación realizada en 2009 por un equipo de periodistas de Radio Nacional, el aborto en nuestro país involucraba para ese entonces mil millones de pesos anuales. Cifra que ya distaba abismalmente de los 35 millones de pesos con los que contó ese año el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; programa que hoy, bajo el Gobierno de Mauricio Macri, se encuentra directamente desfinanciado y con muchas de sus trabajadoras despedidas como parte de una política de vaciamiento que atenta contra otro derecho elemental de las mujeres: el acceso a la salud sexual y reproductiva.

Durante los últimos dos años, vimos a muchos candidatos, funcionarios y funcionarias políticas, tanto de la gestión anterior como de esta, sacarse la foto con el cartel de "Ni una menos", pero lo cierto es que ningún gobierno se propuso impulsar políticas públicas que reparen y pongan fin a tantas muertes absurdas y evitables como las que representan las muertes por aborto clandestino, en lo que constituye una verdadera masacre lenta y persistente. Mujeres que, en cambio, cuando deciden ser madres, tendrán que pelear para llegar a fin de mes, para dar abrigo a sus hijos en un contexto de tarifazos y alimentarlos con un salario significativamente menor a los que perciben los varones por el mismo trabajo.

El grito ensordecedor de ese medio millón de mujeres que aborta cada año en Argentina tiene que ser escuchado. Ya hace décadas que miles de mujeres en todo el país exigen que este derecho a no morir por aborto clandestino sea reconocido y garantizado por el Estado y todas sus instituciones, sin la injerencia de la Iglesia ni de las decisiones ideológicas o morales de los gobiernos de turno.

El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo fue presentado por primera vez en 2007 por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que integran más de trescientas organizaciones y que hemos acompañado activamente durante todos estos años desde la agrupación de mujeres Pan y Rosas y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda. Hemos logrado que esta lucha se nacionalice como nunca antes y reciba un amplio apoyo de la sociedad, como lo vimos en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario y en el amplio rechazo que despertó la condena a Belén, que fue liberada tras una gran movilización nacional, y para quien seguimos exigiendo la anulación de su condena.

Ese enorme apoyo social que hemos ido conquistando también se traduce en números. Según Ibope, por ejemplo, más del sesenta por ciento de la población está a favor de la legalización completa, en todos los casos, de los embarazos no deseados. Una clara muestra de que no es la sociedad la que no está a la altura del debate, sino el propio Congreso Nacional, donde la amplia mayoría de sus integrantes responde a los intereses de los gobiernos de turno, la Iglesia y los sectores más reaccionarios.

Por eso, aunque con mi compañero Nicolás del Caño y todos los diputados del Frente de Izquierda acompañamos este proyecto con nuestra firma, en las ocasiones en que tuvimos la oportunidad, siempre sostuvimos, y lo seguimos haciendo, que sólo con la organización y la movilización de las mujeres, en un fuerte y combativo movimiento, que pelee en las calles y de manera independiente por nuestros derechos elementales, a decidir y a no morir por abortos clandestinos, es que podremos arrancarle la ley al Congreso.

Como lo hicimos el pasado fin de semana en el multitudinario encuentro que reunió a más de setenta mil mujeres en Rosario, volvemos a alzar bien en alto la necesidad de impulsar una gran campaña nacional que exija la separación de la Iglesia y el Estado y el derecho a la educación sexual para decidir, a los anticonceptivos gratuitos para no abortar y al aborto legal, seguro y gratuito en todos los hospitales públicos, para no morir.

@myriambregman

La autora es abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH) y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).