El salto del empleo en el año electoral fue artificial

Una de las mayores críticas que recibe el Gobierno nacional se vincula con la "insensibilidad de su política económica", porque ha contribuido a generar pobres a través de dos corrientes, una la aceleración de la inflación que implicó la normalización de los mercados y la otra la destrucción lisa y llana que eso provocó sobre fuentes de trabajo.

Transcurridos poco más de 10 meses de gestión se advierte con claridad que gran parte del salto de los índices de precios tuvo que ver con el cambio de nivel de precios de una vez, como ocurrió principalmente con la liberación del cepo cambiario y de las importaciones, y el consecuente empinamiento de las tasas de interés como política de contención del traslado a precios y también con las tarifas de los servicios, algunas sin trabas, como ocurrió con el agua y el transporte, y otras con severas anomalías que están en vías de corrección, como con el gas y electricidad, principalmente.

De ahí que, superados sus efectos iniciales, la tasa de inflación parece consolidar un sendero descendente, al punto de ubicarse ya en tasas menores a las que heredó el Gobierno, y el presidente del Banco Central aseguró que "ya está por debajo del 20% anual", en perspectiva.

Lo mismo se advierte en el recorrido de los niveles de empleo registrado que obtuvo el Ministerio de Trabajo, con un universo notablemente más amplio y más actualizado que el Indec.

Una lectura simple de los últimos datos conocidos no deja dudas de que en los primeros ocho meses de gestión los ocupados en la formalidad, que representan dos tercios del empleo total, disminuyeron en poco más de 94.000 personas, todos correspondientes al ámbito privado, dado que en ese período aumentaron en 2.905 los que se desempeñan en la administración pública y en 4.860 los independientes categorizados en el Monotributo Social.

Pero en comparación con julio de 2015, para evitar fenómenos propios de movimientos estacionales entre el fin de un año y la mitad del período, el Ministerio de Trabajo reveló que el empleo neto se elevó en 3.985 puestos, con un singular incremento en el sector público de 59.502 personas que se incorporaron casi en su totalidad en la última etapa del gobierno anterior 56.600 personas, nuevamente mínimo respecto del total general de los monotributistas sociales, que más que neutralizaron la baja de poco más de 60.000 personas en el conjunto de las actividades privadas.

Y si se avanza un poco en el análisis retrospectivo hasta 2014, se percibe con claridad que antes del impulso del empleo, como variable de fomento del consumo en un año electoral, más que como respuesta a sólidas políticas macroeconómicas que incentiven la inversión y el crecimiento para elevar la calidad de vida del conjunto de la población, surge que en todos los casos, el empleo creció: 34.565 en el ámbito privado; 215.183 en el sector público y 45.710 de los independientes con Monotributo Social.

DINÁMICA INSOSTENIBLE

De la serie del Ministerio de Trabajo, que tiene como principal defecto su pobre extensión retrospectiva, dado que comienza en enero de 2012, surge como común denominador una dinámica desigual y desequilibrante para las finanzas privadas: el singular crecimiento del empleo del sector público, mientras la economía no generaba un escenario propicio para el  ámbito privado, porque en su mayor parte se financia con tributos que no sólo no genera, sino que peor aún, limita las posibilidades de desarrollo y crecimiento de los que pueden generar riqueza para sostenerlo.

En el desagregado por diferentes jurisdicciones de Gobierno, nacional, provincial y municipal se observó como señal auspiciosa que en los primeros siete meses de 2016 el conjunto del sector público dejó de generar empleos burocráticos.

Sin embargo, ese virtual estancamiento no pudo ocultar el sobredimensionamiento de la nómina, sobre todo considerando la deficiente calidad del servicio público en casi todas las áreas básicas. Aunque no todo se debe atribuir al personal, que en gran parte cumple sus funciones con dedicación, sino a los conocidos "punteros y amigos del poder", como al descuido recurrente en los últimos tiempos de la calidad de la infraestructura edilicia y disponibilidad de recursos tecnológicos.

El Gobierno  ha decidido no encarar plan alguno de racionalización del empleo en la administración pública, pero si parece dispuesto a seguir una política de congelamiento de vacantes y no reponer los puestos que queden libres, para tender gradualmente a relaciones de ocupación con el sector privado, para asegurar una mejora real del nivel medio de los salarios. Y, al parecer alienta a los Gobiernos provinciales y municipales a acompañar esa iniciativa, en el ámbito del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.