Sobre el pedido de informes a la Sedronar

A raíz de un proyecto de resolución presentado por diputados del Frente para la Victoria (FPV), que fue acompañado por el oficialismo y por otras expresiones políticas que confluyen en la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Roberto Moro, deberá brindar explicaciones sobre las conexiones existentes entre funcionarios de su cartera y la Fundación Convivir.

"La Sedronar […] no puede —en caso de confirmarse los interrogantes de la presente iniciativa— aparecer asociada a los intereses representados por una ONG que, sin perjuicio de su trayectoria y reconocimiento en el tema, no deja de representar intereses particulares que en modo alguno pueden confluir con los del Estado, máxime cuando se pregona un obrar transparente en el ejercicio de la función pública y las anomalías observadas se asocian a la administración de fondos públicos", sostienen los diputados Jorge Barreto, Carolina Gaillard y Juan Manuel Huss en la fundamentación del proyecto que fue aprobado el pasado miércoles 21.

El pronunciamiento de la comisión que preside el diputado mendocino Alejandro Abraham (FPV), secundado por la diputada Cornelia Schmidt-Liermann (PRO) y por Cecilia Moreau (FR), valida tácitamente las investigaciones periodísticas publicadas por el portal La Política Online y permite una clara lectura. Avalar un pedido de informes iniciado por el FPV demuestra el interés por parte del espacio Cambiemos de jerarquizar la división de poderes, otorgar transparencia a los actos de gobierno y aclarar cualquier posible acto de corrupción por parte de un miembro del gabinete nacional. No en vano, en su primer discurso como presidente, Mauricio Macri prometió que sería implacable con los funcionarios que se alejaran de la ley. No en vano Elisa Carrió ha cobrado un inusitado protagonismo como el Rottweiler dispuesto a defender a ultranza estos principios.

Una rápida recopilación de artículos publicados hasta la fecha sobre la gestión actual de la Sedronar, las irregularidades advertidas con respecto al complejo entramado de relaciones entre funcionarios de dicho organismo con la Fundación Convivir, y la hipótesis de los diputados sobre la presunta comisión de actos incompatibles con el ejercicio de la función pública, parecerían confirmar el refrán popular, que indica: "Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe". Me permito agregar que la ambición y la codicia son dos vicios impacientes.

Oportunamente, y ante la requisitoria de medios periodísticos de La Pampa, Moro esbozó un tibio argumento para refutar la denuncia del portal: "La Secretaría buscó los mejores representantes de las distintos áreas. De Convivir trajimos un par de personas, trajimos del Programa Cambio, del Programa Sol. Hemos traído profesionales de distintos ámbitos, de asociaciones civiles, que son muy buenos, de mucha trayectoria y reputación".

Para quienes trabajamos hace varios años en el campo de las políticas públicas, resulta innegable el importantísimo papel que el tercer sector desempeña como apoyatura y complemento de las actividades indelegables de cualquier Estado. Es necesario establecer mecanismos para que la sociedad civil participe activamente en la hechura de los planes y los programas, aportando la experiencia de campo y el know how acumulado. Pero esta articulación debe darse en un marco de transparencia, con reglas que delimiten hasta dónde debe llegar la intervención de las ONG, y en qué lugar comienza la mirada estratégica de los funcionarios y los burócratas.

El problema de fondo es que, en esas declaraciones a la prensa del mes de junio, el titular de la Sedronar cae en la trampa de la despolitización y la tecnocracia. Moro y su entorno confunden trayectoria y reputación con capacidad e idoneidad para gestionar la cosa pública. Porque una cosa es convocar a expertos de una disciplina determinada para asesorar a un organismo del Estado; otra muy distinta es convertir a los supuestamente mejores, a los "muy buenos" [sic], en los administradores de facto de un organismo.

Este error interpretativo de base podría ser sumamente riesgoso en situaciones superpuestas con potenciales intereses de lucro. Y peor aún si se lo tamiza con una débil noción de qué significa verdaderamente el ejercicio ético de un cargo público.

Nunca puede estar mal vista la convocatoria del tercer sector a participar en los asuntos de Gobierno. Por el contrario, es algo loable. Pero la brecha entre la búsqueda del beneficio individual y la búsqueda del bien común también existe, y es la que determina de qué lado del mostrador desea pararse cada uno.