Pasó la primera audiencia pública del actual Gobierno, sin pena ni gloria, sólo se cumplió a regañadientes con el trámite. En lugar de hacer de esta herramienta de participación una nueva y moderna forma de lograr consenso, se soportó una aburrida sucesión de discursos sin sentido, de políticos o aspirantes a serlo, con la excepción de algunas organizaciones de consumidores.
El aprendizaje por parte de funcionarios, políticos, asociaciones de usuarios y periodistas de cómo se ejerce el nuevo derecho de los consumidores y los usuarios establecido en la reforma de nuestra Constitución y ratificado en el fallo de la Corte Suprema sobre el aumento de las tarifas de gas llevará tiempo.
Así y todo, fue una pena que el Gobierno no se diera cuenta de la oportunidad que le dio esta circunstancia para seguir diferenciándose de la vieja política.
Pensemos en el panorama que vamos a afrontar el próximo año, cuando concurramos al cuarto oscuro a votar en elecciones de medio término. Ya se vislumbra que la elección de candidatos será, como siempre, en esta imperfecta democracia que inauguramos en 1983.
En los próximos meses, los parlamentos provinciales y el nacional se esforzarán en acordar la tan mentada reforma política, cuyas propuestas, todas meritorias, se concentran en reformar las formas de garantizar la pureza del acto electoral.
Terminar con las listas sábanas, el voto electrónico y la transparencia en el manejo de fondos para las campañas son los temas más importantes, según parece.
La última propuesta es la participación obligatoria de las mujeres en una proporción igual a los hombres. Todo bien, pero es como seguir dando vueltas alrededor del problema sin encararlo.
Sin duda, nadie puede quitarle importancia a este debate, pero nadie está siquiera pensando en cómo, a través de qué instrumentos o instituciones podemos participar de la política los ciudadanos.
Si nos atenemos a la historia de aquellos partidos políticos de 1983, con sus militantes vocacionales, que habían luchado durante la dictadura, cada uno a su manera, por el retorno de la democracia, poco queda.
Todos estos años se degradó la política; se convirtió esa participación vocacional en una actividad rentada, sostenida por los dineros municipales, provinciales o nacionales, a través de empleos inútiles o de contratos corruptos.
Se reemplazó la representación territorial por la gestoría ante el Estado y la representación profesional a través de sindicatos o instituciones y asociaciones empresarias y profesionales, por amigos o parientes. De nada servirá la ansiada reforma política si esta no garantiza un acceso a la política de los ciudadanos que representen intereses objetivos, públicos y transparentes.
Todo se resolverá como siempre; en los grandes distritos electorales se elegirá mediante encuestas la frutilla del postre y abajo, una sucesión de candidatos, buenos o malos, no importa, pero desconocidos para los electores.
Si hoy hiciéramos una encuesta en cualquier municipio del Conurbano y aun en la Ciudad de Buenos Aires, y preguntáramos el nombre de los concejales y los legisladores provinciales o nacionales que representan a ese municipio, nos encontraríamos con el resultado imaginable de que más del 90% de los ciudadanos desconoce el nombre de alguno de ellos. Esto representa el fracaso de la democracia representativa.
Volvamos a las audiencias públicas. Ellas no son un show en donde el Gobierno hace que consulta y los oradores hacen que participan. Las audiencias deben garantizar la participación que indican la Constitución y el fallo de la Corte Suprema. Para ello, las asociaciones de consumidores y de usuarios deben ser instituciones representativas, no de referentes que con su voluntad pretendan representar a un colectivo difuso. Deben ser asociaciones que canalicen la verdadera participación, y de ellas seguramente surgirán muchos y verdaderos emergentes que podrán, si quieren, representar en las elecciones a oficialistas u opositores, pero con la legitimidad que da la representación ganada en la defensa de la comunidad.
El camino que tomó la dirigencia política, luego de la reforma constitucional de 1994, respecto del derecho del consumidor, fue el de crear oficinas en los municipios, las provincias y la nación para garantizar dichos derechos. En lo referente a los servicios públicos, se le delegó esa responsabilidad a los entes reguladores. Craso error, lógico en la manera de pensar de nuestra pobre dirigencia, agrandar el Estado y vaciar de poder a la comunidad.
Todos aquellos que se llenan la boca hablando de la nueva política y que basan el cambio en el uso de las redes sociales como forma de participación están radicalmente equivocados. Las redes son herramientas que no garantizan representatividad.
Si se quiere garantizar una dirigencia representativa, un Estado fuerte y eficaz y una verdadera democracia representativa, se debe organizar, reglamentar y fortalecer a las representaciones de consumidores y usuarios, fortalecer y organizar toda institución que canalice la participación.
Si ocupamos los territorios con organismos ligados a la comunidad, una de las tantas batallas contra la inseguridad será ganada. Esas organizaciones desplegadas en el territorio e interactuando con los municipios y las provincias en la defensa de derechos objetivos, junto con las organizaciones vecinales y toda otra organización de ese tipo, garantizarán la leva de la nueva dirigencia.
Esto es lo que hará importante y trascendente a la reforma política. Salvando la distancia de la comparación, pero para que se entienda, si la materia prima de cualquier producto es mala, por más que la elaboración sea perfecta, el producto será malo.
Los partidos tradicionales murieron; el radicalismo como era en 1983 desapareció y el peronismo va en ese camino en forma irreversible. Hoy las interrelaciones sociales son por actividades, por intereses, por objetivos. Las luchas ideológicas no convocan a la gran mayoría de la población. Es un debate de pocos.
Si este Gobierno y la oposición más razonable quieren institucionalizar una propuesta para que nuestro país se convierta en una nación, deberán desplazar del territorio a los punteros, los corredores de juego clandestino, los narcotraficantes, los facilitadores coimeros de trámites ante el Estado, etcétera. Y ocuparlos con los referentes sociales que encarnen los intereses objetivos de la comunidad.
Esta será la verdadera reforma política.
@huflombaum
Es empresario. Fue presidente de ESEBA (servicio eléctrico de Provincia de Buenos Aires) 1991-1996, productor agropecuario de 1996 a la actualidad. Autor de "Dos Formas de Hacer Política" (1996).
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