Cambiar es parte natural del proceso de evolución de toda sociedad. Sin embargo, a pesar de su naturalidad, los cambios nunca pasan desapercibidos. Por lo general, provocan tensiones entre, por un lado, un statu quo que se siente amenazado y que opone resistencia a la mudanza y, por otro lado, aquellos que se entusiasman con las oportunidades y las mejoras que una novedad puede generar. O sea, entre quienes quieren conservar y quienes quieren progresar.

En ese sentido, la aparición de Uber en las calles porteñas provocó reacciones esperables y otras sorprendentemente conservadoras: los taxistas respondieron con cortes de tránsito; la Legislatura porteña, con una declaración de repudio apoyada por la mayoría de los sectores políticos; y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con una negativa caprichosa e intransigente. Para peor, el inminente desembarco de Cabify —que es similar a Uber pero tiene todos los papeles en regla— terminó de sacudir los cimientos de los sectores reacios al cambio y a la innovación en las formas de transportarse. Frente a esto, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta presentó una propuesta para lanzar una aplicación similar pero deficiente: Taxi BA.

Es cierto que dicha iniciativa del Gobierno de la Ciudad es una señal positiva frente a la necedad inicial de prohibir sin proponer. Sin embargo, ahora intenta innovar copiando un sistema sin entenderlo plenamente. Es que, más allá de los beneficios evidentes de la simplicidad que aporta la tecnología en el proceso del viaje, lo que los usuarios de Uber y Cabify valoran es cómo esos sistemas mejoran significativa e integralmente el servicio. Esto ocurre porque define un estándar de trabajo. Y el estándar no es una opción, es una obligación para participar en el sistema: todos utilizan el mismo mecanismo de cobro, todos usan la misma aplicación y todos se rigen con el mismo criterio de evaluación.

El desafío que tenía el Gobierno de la Ciudad por delante no era desarrollar una tecnología estéticamente parecida, sino definir una política de fondo que mejorara el servicio que brindan todos los taxistas, para asegurar esquemas sustentables en los que sea posible una justa convivencia con otros tipos de ofertas. El cambio que impone Uber, y que en breve reafirmará Cabify, no es simplemente tecnológico, es un cambio más profundo.

Uno de los problemas que condenan a Taxi BA es que fue concebida sin exigir que su utilización sea obligatoria. Algunos taxistas la tendrán, otros no. De esta manera, no ayudará a definir un estándar de calidad para el servicio en general. ¿Por qué no? En términos sencillos, porque la principal virtud de Uber y Cabify no es la aplicación en sí misma, sino la concepción integral del servicio que se brinda mediante esa aplicación. Uber y Cabify le aseguran al pasajero que se subirá a autos modernos y con aire acondicionado, que no podrá ser "paseados" si no conoce el camino que lo llevará a su destino, y que podrá calificar al conductor —y ser calificados por este— para generar un impacto positivo en el futuro del servicio (para el chofer, una mejor evaluación implica más viajes y mejores rendimientos tarifarios; y para el pasajero, más velocidad para encontrar quién lo lleve).

Como Taxi BA será de uso optativo, su implementación no definirá un nuevo estándar de trabajo para el servicio público de taxis en su conjunto. Veamos un ejemplo: si bien Taxi BA ofrecerá la posibilidad de calificar, al no ser obligatorio el uso de la aplicación para todos los taxistas, si un chofer obtiene calificaciones pésimas por su servicio, no tiene más que abandonar la aplicación y seguir trabajando por fuera de ella, sin hacer un esfuerzo por mejorar. Así, los incentivos se pierden, se diluye el espíritu de la innovación y el sistema en general se perjudica.

Por eso, el desafío es definir nuevos estándares de trabajo mediante el impulso de iniciativas que eleven la vara en la calidad del servicio prestado (dentro de parámetros lógicos), y que esto sea aplicado para todos. Por ejemplo, desde el bloque de diputados de ECO planteamos un proyecto de ley que establece la obligación de instalar dispositivos de cobro electrónico en todos los taxis porteños, en articulación con un plan con el Banco Ciudad, quien deberá ofrecer los dispositivos para tarjetas de débito y crédito, así como la apertura y el mantenimiento de la caja de ahorro o la cuenta corriente asociada, de manera totalmente gratuita. Y también presentamos una iniciativa para adaptar las leyes a los tiempos que corren, para regular a servicios como Uber, para que puedan competir lealmente.

Este tipo de propuestas, y otras que puedan diseñarse en esta dirección, deben enfocarse en ofrecerle al taxista porteño instrumentos para adaptarse a las nuevas demandas de los pasajeros a través del mejoramiento integral de su servicio. Porque, como demuestra el nuevo enojo del sindicato de taxistas frente a la llegada de Cabify, su verdadera preocupación nunca estuvo dada por la situación legal de Uber, sino por la aparición de nuevas ofertas de transporte que ponen en riesgo a un servicio desacostumbrado a trabajar en la mejora de sus estándares.

En este contexto, el verdadero desafío es acompañar al servicio de taxis con inteligencia en un camino de cambio que es irreversible. Esto implica entender los desafíos estructurales del conflicto y abandonar las soluciones cosméticas que sólo aplacan algunas tensiones del corto plazo (en especial con los taxistas), pero que no resuelven el problema de fondo.

@nataliafidel

La autora es diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por ECO.