Normalizar la economía demora más de un año

Agosto ha sido un mes prolífero en la reanudación de diversas estadísticas oficiales. Las más difundidas fueron las vinculadas con el Estimador de Actividad Económica y la Encuesta Permanente de Hogares sobre la realidad del mercado de trabajo.

En los dos casos, como en todos los previos de consumo en supermercados y shopping, producción manufacturera, finanzas públicas, las nuevas fotografías fueron miradas por gran parte de los analistas y, en particular por parte de políticos de la oposición, como parte de una película cuyo desenlace se proyecta singularmente peor que lo esperado con el cambio de Gobierno el 10 de diciembre último.

Sin embargo, a la luz de la intervención del Indec en los ocho años previos, donde los resultados publicados fueron repetidamente cuestionados, no sólo en lo que respecta a la tasa de inflación, sino también de toda la estadística oficial, no parece atinado atribuir todas las variaciones claramente negativas con respecto del año anterior a errores de política económica, más allá de las indiscutidas falencias de comunicación.

Se sabía que la economía arrastraba años de estancamiento y destrucción neta de empleos en el sector privado, provocados por crecientes regulaciones, aumento de la presión tributaria y aislamiento del mundo, salvo deshonrosas excepciones.

Mientras que en algunos casos, como el de las finanzas públicas, se agregaron los efectos de la necesidad de comenzar a reducir subsidios, disminuir la presión tributaria y al mismo tiempo honrar pagos a proveedores que el gobierno anterior había interrumpidos en el segundo semestre, los cuales determinaron un juego de pinzas que redundaron en la duplicación del rojo fiscal.

A partir de allí surgieron análisis privados y de legisladores de la oposición más extendidos que en los primeros meses de Gobierno que atribuyeron esos resultados a la falta de gestión; al relajamiento del gasto público como estrategia para reimpulsar el consumo y sacrificar la meta de inflación; etc., cuando en realidad del cotejo de las estadísticas en base caja, lo efectivamente pagado, y en base devengado, lo realmente ejecutado, surge un alineamiento de la política fiscal con la política monetaria, con un gasto que se expande en valores nominales al 28%, para conducir a la reducción sostenida de la inflación.

Lo mismo se advierte en el caso de la destrucción de empleos en la economía en su conjunto, y en la construcción en particular, como de la variación de la actividad, porque en todos los casos se compara con el cierre de un primer semestre de 2015 con varios picos logrados a partir de políticas asociadas al gasto electoral.

El peso de la historia

Todo eso no invalida la lectura de un cuadro económico-social complejo, más aún a la luz de las expectativas que generó el propio equipo económico cuando se anticipó a predecir un cambio de escenario sustancial desde el segundo semestre, con la llegada de los primeros brotes verdes.

Pero cualquier analista de los ciclos económicos, en particular en el caso de la Argentina donde se extienden por períodos muy cortos, de 7 a 10 años, sabe que luego de crisis extremas, como las de la hiperinflación de 1989-90, y la de la convertibilidad, a fines de 2001, se necesitó más de un año para poder mostrar resultados positivos.

No se entiende por qué ahora, después de un lustro de estancamiento, cepos de todo tipo, irracionalidad de los cuadros tarifarios, y persistencia del default parcial de la deuda pública, manipulación y destrucción de gran parte de las estadísticas oficiales, se creía que sólo con el cambio de Gobierno se iba a ser capaz de bajar de la inflación, aumentar la actividad, crear empleos y mejorar del poder de compra de las remuneraciones, junto a una drástica reducción del déficit fiscal, en apenas ocho meses.

De todas maneras, el tiempo de gracia se agota. Una buena medida de la perspectiva se podrá observar en los lineamientos de política económica y social que el Gobierno nacional presente el próximo 15 de septiembre al Congreso, en las pautas de gastos y recursos para el Presupuesto 2017.