Lo que no se discute detrás del tarifazo

El Gobierno fue y vino. Primero, sostuvo que el tarifazo no requiere de audiencia pública porque esta ya se había hecho en 2005. Posteriormente, pasó a aceptar una audiencia, pero "informativa ad hoc". Finalmente, se terminó aceptando una "visita informativa" del ministro Juan José Aranguren al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, afirmó el Gobierno que ya no haría falta ninguna "audiencia informativa". Obviamente, todo es "para la tribuna", mientras se juegan a que la Corte Suprema les avale el tarifazo.

Resignado a que exista una reunión por televisión, el macrismo montó el espectáculo. Se jugaban a "esconder" las barbaridades del tarifazo detrás de la crítica a la política de energía de su antecesor. Planeaban hacerse un picnic con los casos de corrupción (ciertos, por otra parte) del ex ministro (y ahora diputado) Julio de Vido, para así desviar la atención sobre la propia responsabilidad del Gobierno actual en el tarifazo. El diputado kirchnerista, sabiendo lo que se le venía, decidió directamente no presentarse, a pesar que es el presidente de la Comisión de Energía de Diputados. Lo que siguió fue una larguísima sesión donde todos cumplieron su papel, como en un paso de comedia. Los kirchneristas "cuestionaron" el tarifazo. Y el ministro Aranguren les respondía que él actuaba siguiendo la misma lógica regulatoria y de subsidios que había desarrollado el Gobierno anterior en los doce años previos. Todo un show, con la única excusa para el Gobierno de poder decir: "Se dio el debate público". Y para la oposición kirchnerista y massista de que hicieron "todo lo posible" por evitar el tarifazo. Mientras tanto, en "la política en serio", los gobernadores que responden a esos mismos partidos apoyaban el tarifazo. Tal el caso de los que pertenecen al Frente para la Victoria —Domingo Peppo (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Rosana Bertone (Tierra del Fuego) y Juan Manuel Urtubey (Salta)—, el peronista "independiente" cordobés Juan Schiaretti y el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, del Partido Socialista.

Mientras tanto, la pulseada por el tarifazo sigue en un impasse. El Gobierno sigue esperando un fallo favorable de la Corte y las empresas empiezan a chantajear. Las distribuidoras de gas ya no están pagando las horas extras. Desde Edenor emitieron comunicados "avisando" que si no se aprueba el tarifazo, "se pone un tremendo riesgo sobre el servicio". En Edesur ya hubo intentos de despidos semanas atrás. Se dice: "Si no se aumentan las tarifas, las empresas van a la quiebra". Al mismo tiempo, en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, se multiplican los apagones.

Los ministros Aranguren y Alfonso Prat-Gay les hacen eco a las empresas y se suman a las amenazas. Afirman que si no se aplica el tarifazo, el Estado tendrá que poner 80 mil millones de pesos en subsidios, y que eso deberá salir del recorte de la obra pública. Por supuesto, en la lógica de ambos ministros no está que las empresas pierdan ni un centavo. Su razonamiento es simple: o los pagan directamente los usuarios con las tarifas, o se los darán en subsidios recortando otras partidas.

Pero lo que no se discute es que tanto el precio de la generación de energía eléctrica como el importe del gas en boca de pozo representa cerca del 60% del valor de las boletas que llegan a los usuarios. Valores que son definidos por el Gobierno. El macrismo —siguiendo un "modelo de negocios" creado por el kirchnerismo— les está garantizando a los monopolios gasíferos y petroleros precios sostén muy por encima del valor internacional. Todo con la excusa de que así se generarían nuevas inversiones y puestos de trabajo. No es cierto: los propios trabajadores petroleros del Golfo de San Jorge, en Chubut, están denunciando que las empresas ni siquiera cumplen los compromisos mínimos de no despedir, firmados meses atrás.

En el caso del gas, entre 2005 y 2015, la producción cayó más de un 25% y terminamos importándolo a precios astronómicos por miles de millones de dólares. El Gobierno, supuestamente para "estimular la producción", estableció en 5 dólares el precio en boca de pozo. Un valor fijado con base en un "costo de extracción" que nadie controla, ya que se toma de "declaraciones juradas" de las propias empresas.

Efectivamente, hay que retrotraer el tarifazo y empezar a discutir seriamente. Porque lo que ha fracasado es todo un modelo que comenzó con las propias privatizaciones de los noventa. La experiencia de más de dos décadas de bajísima calidad en el servicio, burlas a los reclamos de los consumidores y ausencia de inversiones dan más de un motivo para proceder a rescindir todos los contratos. De las empresas de servicios públicos privatizados, tanto las distribuidoras como las transportadoras. Y también del conjunto de los oligopolios gasíferos y petroleros que se llevan la "crema" del negocio.

En el caso de las empresas de servicios públicos, hay que reestatizarlas y ponerlas a funcionar bajo la gestión de sus propios trabajadores y de las organizaciones de usuarios. Y en el negocio gasífero-petrolero, hay que conformar una gran YPF 100% estatal, que concentre todo el proceso, cubra la exploración, la extracción, el refinado y la comercialización. Esto será, sin duda, un primer paso hacia un debate por la real concreción de una matriz energética sustentable, basada en las necesidades efectivas y no en "garantías" de rentabilidad para unos pocos.

El autor es profesor e investigador de la UBA. Miembro de Economistas de Izquierda (EDI) y del Frente de Izquierda.