La Bonaerense, el desafío de Vidal

La Policía Bonaerense es la fuerza policial más grande del país. Unos 92 mil efectivos, contando a los uniformados comunales, son los encargados de proteger a la población de la delincuencia y de mantener el orden de acuerdo con los principios constitucionales. Sin embargo, cabe la pregunta que nos hacemos una y otra vez: ¿Realmente cumple con sus funciones?

Ha habido denuncias, discusiones, polémicas, purgas, acusaciones, reformas y la lista sigue. Desde el regreso de la democracia, en 1983, la Bonaerense es un foco de tensión constante, casi infeccioso, que nos expone una y otra vez a las limitaciones de nuestras instituciones.

En el año 2003, escribí una columna en la que enumeraba los males que padecía la Bonaerense, que entonces no había podido recobrarse de la costumbre institucional heredada de la dictadura, cuando se convirtió en una estructura habituada a delinquir, reprimir y trabajar con total normalidad fuera de la ley.

Allí mencionaba la "indiferencia y la desconfianza de la comunidad", la "indefinición y la ambigüedad de su función", la "ausencia de un modelo funcional y de organización que permita operatividad en su despliegue", la "falta de mecanismos efectivos de control civil que posibiliten proteger al ciudadano de los abusos en que pudiera incurrir la institución", la "escasa coordinación" y la "insuficiente preparación en las áreas de investigación e inteligencia", entre otras cuestiones.

Poco y nada ha cambiado. Está claro que la corrupción policial implica la pérdida de la autoridad moral, debilita la eficiencia de sus operaciones, aumenta las oportunidades para el delito organizado, y estimula el uso y el abuso de la discrecionalidad.

Existe un divorcio entre el accionar policial y la comunidad, que se ha querido subsanar en algunas de las reformas propuestas, pero que sufre marchas y contramarchas por la creciente presión de las cúpulas por mantener cierto autogobierno, una especie de autarquía que no conduce a otro lugar que no sea el fracaso como institución.

Esa libertad reclamada y otorgada por el poder político es una concesión que siempre se hizo bajo pretexto de combatir un delito que, al contrario, no para de crecer y muchas veces aparece asociado al accionar de la misma policía.

Ese es el resultado de la falta de control civil. El poder político no puede ni debe abandonar el control de las fuerzas represivas. Las consecuencias están a la vista. Cuando la Bonaerense tuvo libertades ilimitadas, la población fue la única perjudicada.

Cada tanto, una crisis o un cambio de signo político motivan una intervención de la Policía Bonaerense. Sin embargo, desde 1996, ninguna de las 32 purgas —con mayor o menor profundidad— llevadas a cabo por el poder político tuvieron el efecto buscado. Esto revela el carácter delicado que tiene la descomposición institucional de dicha fuerza y los alcances de ciertas complicidades que se replican entre el poder político y judicial, en conjunto con bandas delictivas que están en contacto permanente con la policía y que mantienen su impunidad con base en esa relación.

Queda por vislumbrarse el alcance de la purga y la reforma propuesta por el actual Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, también es necesario estar atentos a la respuesta del poder policial. Los recientes episodios en los que se vieron involucrados o sospechados miembros de la Bonaerense (el ingreso al despacho de la gobernadora María Eugenia Vidal, otra intrusión a la casa del ministro Federico Salvai, una balacera contra el Ministerio de Salud) pueden resultar una muestra.

Los alcances y la efectividad de la purga que está llevando a cabo el Gobierno van a depender, seguramente, del delicado equilibrio político y el manejo de la conflictividad que puede significar una puja de dimensiones.

Propuestas

Desde nuestra perspectiva, es necesario avanzar en los instrumentos de control y encarar, de una vez y para siempre, en la comandancia civil de la Policía Bonaerense. Repartir el poder y no concentrarlo en la cúpula y transparentar toda la estructura. Ser ejemplares, al mismo tiempo, en la sanción de aquellos efectivos que se encuentran vinculados con el delito.

Hay que avanzar en una adecuación salarial según la tarea y la calidad, que premie a aquellos efectivos que tengan un comportamiento ejemplar y que también instale la idea de que la honestidad y la responsabilidad serán condecoradas.

La única forma de lograr una policía que cumpla sus verdaderas funciones es afianzando su relación con la comunidad, recuperando el respeto con base en la buena funcionalidad y por el abuso de la autoridad. En concreto, refundar la Policía Bonaerense sobre una estructura que responda a los principios de la seguridad democrática y la transparencia.

@PaolaSpatola

La autora es especialista en seguridad, presidente del Centro de Estudios para la Convergencia Ciudadana.