Hace poco más de un mes, y luego de largos debates, el Congreso aprobó la llamada ley de reparación histórica para jubilados y pensionados. La semana pasada, el Poder Ejecutivo reglamentó la manera en la que va a ser aplicada. Comenzaré por decir que ese nombre tan presuntuoso le queda grande a este nuevo régimen, sencillamente porque la reparación abarca a un grupo acotado de personas mayores.
Como siempre, los postergados son los que cobran el haber mínimo y los autónomos. Además, aquellos que tienen regímenes especiales, como los docentes primarios, secundarios y universitarios, y las fuerzas de seguridad. Como vemos, el grupo se achica cada vez más.
Los beneficiados, entonces, son quienes cobran jubilaciones mayores al mínimo de 4.959 pesos. Entre ellos están quienes iniciaron juicio exigiendo un reajuste pero aún no tienen sentencia, los que iniciaron y ya tienen sentencia firme y aquellos que no iniciaron. Estos tres grupos pueden entrar a la página de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con su clave de seguridad social y ver el acuerdo que se les ofrece.
Esto nos lleva a otra cuestión de la reglamentación: la digitalización. Si bien a las nuevas generaciones nada les parece más cómodo y sencillo que acceder a una página web, no resulta igual para muchas personas mayores, mucho menos para quienes viven en pequeños pueblos, en donde la informática todavía no es parte de la vida cotidiana. Una vez más, el Gobierno nacional nos demuestra que es un gobierno para pocos y que gestiona con la lógica de quienes siempre han vivido en una gran ciudad.
Los otros históricamente postergados son los trabajadores autónomos. Aquel carpintero, comerciante o ama de casa que haya hecho aportes como trabajador independiente seguirá teniendo un injusto salario previsional, sin diferencias entre las categorías más bajas de monotributo o un profesional con un alto nivel de facturación.
Por último, quienes cobran rentas vitalicias siguen siendo los grandes olvidados del sistema. Hay personas que perciben menos de 600 pesos por mes. El Estado les debe una solución de fondo a estas personas que son rehenes de las vicisitudes políticas de la Argentina.
En conclusión, la reparación histórica no es tal, sino que es una solución parcial para un grupo de jubilados y pensionados. Como legisladores, nos queda seguir trabajando para que el sistema previsional argentino sea justo para todas las personas mayores, y así garantizar una vejez digna y respetuosa de los derechos humanos.
La autora es diputada nacional por el Frente Renovador. Especialista en temas previsionales.
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