A 22 años del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), tenemos pocas certezas de lo sucedido. Trágicamente, entre las pocas certezas, contamos con la identidad de nuestros muertos y de las familias diezmadas por un acto criminal que en la Argentina no se termina de condenar. Desde el momento del atentado, miles de fojas se acumularon en la Justicia, y sobre cada una de ellas se fue montando un espectáculo mediático que nos alejó cada día más de conocer a los responsables. Los imputados, transformados en celebridades y los testigos, recorriendo canales de televisión. Todo eso mientras se construían cientos de relatos que ocultaban las pocas verdades acerca de lo sucedido.
Como sociedad tenemos un ejemplo evidente de lo que sucede cuando "se construye una verdad a la altura de las necesidades de los poderes de turno". La Justicia, lo sabemos, debe imponerse como límite infranqueable a los intereses particulares y sectarios. Definir con rigor probatorio qué es lo que sucedió y rehusarse a ser utilizada para fines que no sean la búsqueda de resolver el caso a través de métodos y procedimientos lícitos.
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Lamento traer una mala noticia, en días en que nos quieren vender modernas técnicas investigativas, promovidas por quienes hacen gala de sus reiterados fracasos: ni los pagos a informantes, ni las recompensas, ni los testigos encubiertos, ni el juicio en ausencia nos van a traer la verdad. Es más, estos mismos elementos son utilizados por operadores inescrupulosos para alejarnos de ella.
Necesitamos, sí, un Ministerio Público fortalecido e independiente, y una policía profesional a su servicio, capacitada, honesta y consustanciada con la búsqueda de la resolución de los casos. Necesitamos alejar a los operadores del Poder Judicial, la verdad no se negocia.
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En nuestro país, distintos poderes e intereses se entrelazaron con la necesidad de saber quiénes fueron en realidad los autores del acto terrorista. Los muertos de la AMIA se fueron mezclando con la defensa de intereses particulares de quienes ostentaban el poder político de turno, lo que permitió, entre otras gravedades, la eliminación de elementos de prueba, la actuación de servicios de inteligencia que utilizaron como confidentes a personajes vinculados con la delincuencia local, la verificación de redes de complicidad entre policías y ladrones, y la interrupción de allanamientos de los principales sospechosos.
También tuvimos testimonios mentirosos comprados, testimonios reales ocultos, acuerdos espurios entre jueces y testigos. Abogados que, so pretexto de buscar la verdad, cruzan a la vereda de la legalidad. Abogados que, so pretexto de ocultar la verdad, delinquen.
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Por eso, una vez más decimos que es fundamental constituir una comisión investigadora independiente de los actores políticos y judiciales que favorecieron el encubrimiento de este atentado. Recordar que todo esto pasó a lo largo de la investigación del más grave acto terrorista ocurrido en nuestro país y que como sociedad merecemos una respuesta.
La causa AMIA es una muestra escandalosa de los entramados institucionales que tiene nuestro país. Lamentablemente, y después de 22 años, nada de esto ha sido revertido y las luchas partidarias nos alejan de la verdad.
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@vikidonda
La autora es diputada nacional, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y del bloque Libres del Sur.
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