El presidente Mauricio Macri prometió en reiteradas ocasiones que creará un millón de nuevos puestos de trabajo privado. Un objetivo muy loable, sin duda. El país tiene casi cinco millones de planes tipo Trabajar o similares, otros de estímulo y apoyo a empresas en problemas para mantenimiento de personal, más varias alternativas por el estilo.
También tiene desempleados en la forma de "no participantes", es decir, aquellos que no aparecen en las encuestas por haber dejado de buscar empleo. Además, se agregan cada año entre 150 mil y 180 mil jóvenes que entran al mercado laboral.
A ello hay que sumar a los empleados en el mercado negro, que deberían tener alternativas a esa forma de trabajo, los cuentapropistas forzados y una gran masa de marginalidad que es deseable que alguna vez tenga una opción diferente a ese formato de vida.
Un largo capítulo es para los empleados públicos de cualquier jurisdicción. Muchas voces autorizadas estiman que debería darse de baja entre un millón y un millón y medio de agentes para equilibrar el gasto del Estado. Doy esas cifras como referencia, sin convalidarlas. Para que el cálculo fuera válido, debería partirse de la confección de un presupuesto en base cero, que ni está hecho, ni siquiera hay demasiado conocimiento de cómo realizarlo.
Pero sí está claro que previa, simultánea o posteriormente a algún cambio importante en las cifras de empleo estatal habrá que ocuparse de la creación de empleo genuino, o sea, empleo privado. Ese empleo adicional también se agrega a las necesidades que se esbozan en los párrafos del comienzo. No parece exagerado entonces decir que el Presidente acaso se queda corto con su objetivo, o que este es apenas un paso inicial.
La pregunta simple, casi inocente, es cómo se piensa o se puede lograr esa mágica cifra. Una de las ideas es que ello se conseguirá mediante los planes de obra pública en proyecto. Además de que, por definición, se trata siempre de actividades temporarias, no parece realista creer que funcionará el criterio keynesiano-rooseveltiano si se aplicara hoy. Los caminos y las represas no se hacen con pico y pala, sino con equipamiento y tecnología que minimizan la utilización de mano de obra.
El plan Laura de hace casi 30 años, llamado así por la autoría de un ex empleado de Franco Macri y ahora reencarnado en el Plan Belgrano, puede ser útil para crear una infraestructura que viabilice otros proyectos, pero dudo que su aporte al empleo sea relevante.
Tampoco parece que el crecimiento de la actividad agrícola vaya a ser una gran ayuda en el mismo sentido. Si bien no es despreciable cualquier actividad que genere demanda laboral, no se deberían poner sino esperanzas limitadas en este rubro.
Es cierto que desde siempre tanto el agro como la obra pública han generado actividades periféricas de toda índole que han creado empleo importante. Entra aquí la figura de las pymes, tan vilipendiadas en la década infame. Pero para que las pequeñas y medianas empresas prosperen, hay que cambiar el sistema laboral en su totalidad, no ponerle parchecitos.
Y aquí entramos en el epicentro del problema. En el mercado laboral argentino, ni la oferta ni la demanda ni el precio siguen un comportamiento racional ni libre. El precio es fijo o creciente, determinado por las grandes empresas y los sindicatos, cuando no por la inflación. La oferta está desdoblada. La oferta satisfecha es rígida por cansancio o desilusión, y está sobreprotegida. La restante oferta potencial, que son los millones que mencionamos, está a merced de la limosna de turno.
La demanda laboral también está desdoblada. La de las industrias y las actividades protegidas, colgadas del Estado de algún modo, casi un gasto público indirecto, son un sector privilegiado. Son las socias del sistema sindical y configuran una especie de subsistema dentro del sistema general, al que condicionan y desangran.
La otra demanda, desestimulada por las rigideces, asustada por la historia, es a su vez socia en la desgracia de la oferta laboral perdedora de segunda categoría que describíamos antes. Parte de un subsistema un poco marginal, un poco heroico, un poco mendigo.
A esto se agregan los impuestos, los descuentos, los aportes, las cargas y las exacciones de todo tipo que sufre el salario, en definitiva, una barrera aduanera para cruzar de un tipo de mercado al otro. Los que no tienen al Estado como cliente o como protector no pueden soportarla.
Nuestro sistema laboral es el de un país que no quiere crear más empleo, sino esquilmar a la demanda. Los excedentes de oferta son afrontados por el Estado, o sea, el contribuyente y el consumidor. Las pequeñas y medianas empresas, y su potencial demanda, es decir, los desempleados, son su daño colateral. En ese contexto, el desempleo es estructural.
Sin corregir ese fenomenal desequilibrio, será muy difícil crecer por exportación con valor agregado, ni por inversiones, ni por ninguna otra variable duradera. En consecuencia, no habrá crecimiento importante del empleo mientras no se restablezca el equilibrio imprescindible en el mercado laboral.
Inmediatamente se calificará esta idea de imposible, ya que se dirá que los sindicatos quemarían el país. Ahora no lo están quemando, al menos todavía, pero lo están reduciendo a cenizas de todas maneras.
Macri ha demostrado una gran capacidad en lograr objetivos imposibles, como se puede ver haciendo el recuento de sus logros legislativos y de gestión en temas que se creían insolubles. Liberar el mercado laboral en todos sus aspectos —incluido el peso tremendo de los impuestos, los aportes y las contribuciones— es un paso previo a todos los demás: crecimiento, inversión, empleo, exportación de calidad, baja del gasto y de los subsidios por desempleo, disminución del trabajo en negro, florecimiento de las pymes y libre competencia en precios.
Será duro, sin duda. Pero si esa reforma no se lleva adelante, Mauricio Macri podrá tal vez conservar un millón de amigos, pero nunca conseguirá crear un millón de empleos.
@dardogasparre
El autor es periodista y economista. Fue director de El Cronista y director periodístico de Multimedios América.
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