YPF rechazó nuevas demandas por la expropiación de Axel Kicillof en 2012

Es por un juicio iniciado por el fondo Eton Park, ex accionista. También avanza en tribunales de NY la causa iniciada por el grupo Eskenazi

La expropiación de YPF en el 2012 todavía genera esquirlas y podría costarle mucha más plata al Estado (AP)
La expropiación de YPF en el 2012 todavía genera esquirlas y podría costarle mucha más plata al Estado (AP)
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Los casi USD 6.000 millones que el entonces ministro de Economía Axel Kicillof resolvió pagarle a Repsol por la expropiación de YPF en el 2012 todavía generan esquirlas y podría costarle mucha más plata al Estado nacional. La petrolera que ahora tiene mayoría estatal sigue recibiendo demandas en su contra por aquella operación.

Se trata del fondo Eton Park, que en ese momento era accionista minoritario y se presentó ante los tribunales neoyorkinos para hacerle juicio a la compañía. Reclama una indemnización millonaria por no haber recibido el mismo trato que los españoles, aunque todavía no explicitaron el monto que reclaman.

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Ayer a última hora en una carta enviada a la Bolsa porteña, el CFO de YPF, Daniel González (un ex Merrill Lynch) adelantó que la empresa rechazará "categóricamente" la demanda presentada y que además la considera "improcedente". No obstante, también explica que realizará un análisis pormenorizado del reclamo. Según señaló Eton Park en su demanda, el daño ocasionado le habría costado USD 495 millones.

La respuesta del CFO de YPF tiene de todas formas algunos costados extraños. El principal es que en realidad la demanda no es de ahora sino que fue presentada por Eton en noviembre último. Sin embargo, la primera respuesta oficial de la petrolera se conoció ayer. Y el otro tema es que ese fondo ya fue liquidado. Pero todo indica que sostiene la demanda para luego venderle a un tercero. "No habría que sorprenderse si algún fondo buitre decide adquirir ese juicio, como podría ser NML", le explicó Sebastián Maril, analista de Research for Traders, a Infobae.

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"La demanda –señala el comunicado a la Bolsa- alega que se violaron supuestas obligaciones asumidas en los estatutos y en la oferta pública inicial de YPF. Allí se imponían obligaciones relacionadas con la oferta pública de adquisición a los accionistas".

En otras palabras, el fondo Eton Park (que en su momento llegó a tener una participación relevante en otras empresas del sector energético como Pampa Energía) reclama que el Estado efectuó la misma propuesta a Repsol por la recompra que al resto de los accionistas. Aunque no se conocieron detalles de la demanda, el reclamo es que la expropiación efectuada debía haber contemplado a la totalidad de los accionistas y no sólo al principal.

Un mal negocio

Eton Park salió muy perjudicado por aquella expropiación del Estado. En 2010 había comprado el 1,63% de YPF a un valor de USD 250 millones. Eso representaba un valor total de la compañía superior a los USD 15.000 millones. Todavía hoy –siete años después- la petrolera de mayoría estatal apenas roza los USD 10.000 millones de capitalización bursátil. Además, tenía la opción de acrecentar ese porcentaje en 2012, pero obviamente no lo ejerció.

"Hoy ya nadie se acuerda, pero la acción se pagó a USD 37 cuando Repsol salió a vender un porcentaje de su tenencia accionaria en YPF y llegó a cotizar a USD 56. Pero eso fue a fines del 2010, luego se desbarrancó todo, tras la reelección de Cristina, el cepo y más tarde la expropiación", señaló uno de los ejecutivos que participó en aquella colocación de papeles.

Esta demanda tiene vinculaciones con otro caso que genera aún mucho más ruido, que es el de Burford Capital, que le compró el juicio al grupo Petersen (familia Eskenazi) en su momento dueño del 25% de YPF. Estos accionistas se vieron imposibilitados de pagar la deuda que habían contraído para comprar las acciones de YPF (unos USD 3.000 millones), ya que el Gobierno suspendió el pago de dividendos, que era la manera de hacer frente al repago.

A mediados de junio está previsto que el caso se trate en la Cámara de Apelaciones neoyorquina, tras una primera derrota para la compañía argentina. En este caso el monto en juego es mayor y podría llegar a los USD 2.000 millones, generando un grave perjuicio en los estados contables de la empresa. El caso ya es prácticamente un hecho que llegue a la Corte Suprema norteamericana.

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