Las fuerzas del subsuelo: la minería apuesta a que la Ley Bases destrabe inversiones por más de USD 20.000 millones

El próximo martes se celebrará en Córdoba el “Día de la Industria Minera”, instituido porque un 7 de mayo la Asamblea Constituyente de 1813 -que tres meses antes había declarado libres a todos los esclavos que entraran a las “Provincias Unidas del Río de la Plata”, principio del fin de la esclavitud en territorio argentino- sancionó la primera “Ley de Fomento Minero”.

La elección de la provincia mediterránea no es casual, pero llamó la atención, por ser una provincia ajena a la minería metalífera, aunque muy relevante en la de roca, la más antigua del país y la más afectada por el corte de la obra pública nacional.

Córdoba es una provincia clave por peso económico, político y territorial y porque fue elegida por el gobierno de Javier Milei para la firma del llamado “Pacto de Mayo”, que el sector minero, a través de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) fue uno de los primeros en apoyar, del mismo modo que ahora pugna para que el Senado apruebe la “ley Bases” que recibió media sanción de Diputados e incluye algo crucial para la minería: el llamado “Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones” (RIGI).

Entre otros beneficios, el RIGI, que la exsecretaria de Minería, Flavia Royón, instó a celebrar como un Happy Hour de proyectos por un período de dos años, concede a las inversiones de entre USD y 900 millones encuadradas como “Vehículos de Proyecto Único” (VPU), una serie de beneficios útiles “al posicionamiento de largo plazo en los mercados globales en los que Argentina aún no cuente con participación”.

Las ventajas incluyen la reducción a 25% de la alícuota de Ganancias (en lugar de la escala progresiva de 25, 30 y 35%), amortización acelerada de bienes de capital y de uso, actualización de quebrantos impositivos, alícuota reducida del 7% para utilidades distribuidas (y del 0% si son reinvertidas durante al menos tres años), aplicación del Impuesto al Cheque como “pago a cuenta” de Ganancias, desgravación de ciertos servicios -contratos de ingeniería, construcción y transporte internacionales-, certificados de crédito fiscal por el IVA de compras, exención del pago de aranceles a la importación y de retenciones a la exportación, a partir del segundo año para “exportaciones estratégicas” y del tercero para las restantes.

La frutilla del postre es la exención de restricciones comerciales y cambiarias. A los VPU que ingresen al régimen no se les podrán fijar límites para exportar o importar y tendrán libre disponibilidad de divisas, quedando exceptuados de liquidar en el mercado de cambios la totalidad de sus exportaciones a partir del tercer año de realizada la inversión comprometida.

Aunque el RIGI despertó críticas del sector pyme e incluso de la Unión Industrial Argentina (UIA). Roberto Cacciola, presidente de CAEM, lo defendió enfáticamente.

La norma, destacó Cacciola, “no incluye ninguna ventaja que los proveedores locales no tengan ya a través de la ley de fomento a las inversiones mineras”, pero está por verse si los gobernadores de provincias mineras que están a favor de la sanción de la ley lograrán persuadir a los legisladores nacionales de sus provincias de votar a favor. Una muestra al respecto es Catamarca, cuyo gobernador, Raúl Jalil, expresó su apoyo, pero la senadora Lucía Corpacci, de su partido, adelantó que votará en contra de la Ley Bases y en consecuencia del RIGI.

En un anticipo de lo que se celebrará en Córdoba, la CAEM precisó en un informe que solo en cobre hay proyectos de inversión en espera por “al menos” USD 20.000 millones, que posicionarían a la Argentina como sexto productor mundial (detrás de Chile, Perú, Congo, China y EEUU) del mineral más ubicuo y demandado de la transición energética, con una producción de más de un millón de toneladas hacia 2030.

Se trata de un sector, precisa el informe, que en 2023 pagó impuestos locales por $342.000 millones, realiza el 80% de sus compras a proveedores locales, mantiene cerca de 40.000 puestos de trabajo directos con remuneraciones promedio muy superiores a la media del país y entre empleo directo e indirecto alcanza a unas 100.000 personas, que aumentarían a 180.000 personas hacia 2032.

Las inversiones no serán necesariamente inmediatas, advirtió Cacciola, por la mala reputación que se forjó la Argentina en las últimas décadas, pagando el dólar a la mitad de lo que valía en el mercado, trabando importaciones, impidiendo el envío de dividendos e incumpliendo la ley de inversiones mineras. Esto último, por caso, le valió al Estado argentino tres demandas (de Cerro Vanguardia, Veladero y Minera del Altiplano) ante la Corte Suprema de Justicia, que en 2019 dio validez jurídica a esos reclamos.

La minería argentina genera una gran expectativa mundial al punto que el presupuesto en exploración minera en el país fue de USD 426 millones en 2023, ubicándolo en el séptimo lugar del ranking mundial de exploración, contra el puesto 16 que detentaba 10 años antes.

Pero no alcanza. Las exportaciones de oro y plata, hoy el grueso de las del sector minero, y Santa Cruz como provincia minera, son las que están más en riesgo: a las principales operaciones les quedan pocos años de producción por delante.

Para superar la situación se necesita multiplicar la exploración, medida en millones de metros cúbicos de excavación por año, coincidió la cúpula de CAEM en la reunión que tuvo con el secretario de Minería, Luis Lucero, un abogado especializado en derecho minero y exsocio del estudio Marval O’Farrell Mairal.

Para lograr un flujo sostenido de inversiones mineras, dijo Cacciola, “la Argentina debe ofrecer estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y un dólar competitivo”. Todas cuestiones en entredicho en las últimas décadas y en la actualidad, más allá de las intenciones oficiales.

El litio ha sido el gran motor minero de los últimos años, pero aun así en 2023 aportó poco menos del 21% de las exportaciones totales del sector, contra 57% del oro y casi 74% del oro y la plata sumados.

Y si bien el año pasado explicó el 33% de los casi USD 427 millones en exploración, sigue muy a la zaga de su potencial si se tiene en cuenta que la Argentina, con 21% de los “recursos mundiales” del mineral, explicó en 2023 solo 6% de la producción global de “carbonato de litio equivalente”, contra 53% de Australia (que cuenta con el 8% de los recursos), 25% de Chile (11% de los recursos) y 13% de China ( 6% de los recursos).

Caso extremo de brecha entre potencial y realidad es Bolivia, primer país del mundo en “recursos”, con 24% del total, pero nula producción.

Aun así, el litio tiene una enorme proyección, con 3 operaciones ya en producción, una cuarta pronta a sumarse, 6 proyectos en construcción, 4 en etapa de “factibilidad”, 6 en “prefactibilidad” y 20 en “exploración avanzada”.

Solo en las últimas semanas se conoció que la francesa Eramine empezará en julio a producir carbonato de litio en Salta, una empresa de Emiratos Árabes Unidos proyecta invertir USD 550 millones en un proyecto litífero en Catamarca, y la surcoreana Posco obtuvo de un amplio grupo de bancos (BNP, Citibank, Crédit Agricole, J.P.Morgan, Chase, HSBC, Bank of America y Kexim, el Ex-Imbank surcoreano) créditos por hasta USD 668 millones para invertir en el proyecto Sal de Oro, entre Salta y Catamarca, que había adquirido en 2018.

El precio del mineral cayó fuertemente desde fines de 2022, pero se proyecta que hacia fines de esta década la demanda mundial superará a la oferta, dando lugar a la provisión de operaciones que se inicien o aumenten sus niveles de producción en los próximos años.

Con todo, la gran promesa minera es el cobre, que la Argentina hoy no produce, pese a compartir la cordillera con Chile y Perú.

El informe de CAEM precisa que mientras en 2023 las exportaciones mineras totales de Chile (primer productor mundial de cobre y segundo de litio) sumaron USD 53.000 millones, y las de Perú (segundo productor mundial de cobre y tercero de plata) USD 42.000 millones, las de Argentina, pese al “boom minero” reciente, apenas pasaron los USD 4.000 millones.

Normalización macroeconómica y moderación de la carga tributaria, dice el estudio, permitirían iniciar la construcción, entre 2024 y 2027, de los 6 proyectos cupríferos más avanzados del país, por al menos USD 20.000 millones de inversión y que, sumados a proyectos de litio, oro, plata y otros minerales, significarían un flujo de USD 3.000 millones de inversión y USD 12.000 millones de exportación anuales hacia 2030.

“El litio puede llegar a ser sustituido, pero no ocurre lo mismo con el cobre”, dijo Cacciola. De hecho, un gráfico de la Agencia Mundial de la Energía muestra con claridad que de siete “minerales críticos” listados, el cobre es el más presente en el arco de tecnologías de “energías limpias”.

De hecho, a fines de mayo tendrá lugar la X Expo San Juan Minera 2024. La provincia cuyana alberga la mayoría de los grandes proyectos cupríferos y allí se constituirá la “Mesa del Cobre”, iniciativa modelada a partir de la “Mesa del Litio” que conformaron Jujuy, Salta y Catamarca.

En los últimos años, el cobre corrió con una desventaja impositiva que el RIGI podría atenuar e incluso revertir. Al respecto, el “Grupo Sarmiento”, un núcleo de científicos y profesionales expertos en minería precisó, en base a un estudio del FMI, que la carga tributaria sobre ese mineral en la Argentina es del 51,1%, contra 43,1% en Perú, 38,4% en Chila, 36,6% en China, 36,4% en Australia y 30,9% en EEUU, por lo que no sorprende que la producción local sea nula mientras en 2021 oscilaba entre 818.000 y más de 5 millones de toneladas anuales en los demás países citados.

El cálculo del FMI citado por el Grupo Sarmiento lista tasas efectivas de 35% en Ganancias, 4,6% en dividendos pagados, 7% en derechos de exportación, 3,4% en regalías provinciales, 0,4% en impuesto al cheque y 0,8% de incidencia del impuesto a los “Bienes Personales”.

El RIGI y el cobre interesan incluso a empresas históricamente ajenas a la minería, como Pampa Energía, cuyo presidente, Marcelo Mindlin, contó a Infobae de la adquisición de Geometales, una empresa con “una concesión muy grande en un área de Malargüe, en Mendoza, donde sabemos que hay mucho cobre”.

“Hace 6 meses la legislatura de Mendoza aprobó el proyecto de impacto ambiental de la exploración. Hicimos la primera campaña este verano y los indicios son buenos. El año que viene vamos a terminar la exploración, ya con perforación, y sabremos cuán viable es económicamente. Del otro lado de la Cordillera, en Chile, está la mina El Teniente que funciona hace décadas y es la que más cobre produjo en todo el mundo. Si el cobre está del otro lado, también debería estar desde el nuestro. Estamos en una etapa muy temprana”, dijo Mindlin, quien también reconoció que si el proyecto prospera buscarán un socio internacional, “porque las inversiones son grandes y hay que tener expertise; sabemos de gas, de energía eléctrica, de infraestructura, pero no de cobre”.

En Mendoza, que en las últimas décadas fue más bien reacia al desarrollo minero, hay “17 proyectos medianos” de cobre que se podrían llevar a cabo sin cambiar ni violar la ley que hace más de una década se sancionó en la provincia, prohibiendo el uso del cianuro, dijo Cacciola. La producción de cobre no es incompatible con la ley, explicó, porque el cianuro es clave en la producción de óxidos, durante el proceso de lixiviación, pero no en la de sulfuros.

Por si eso fuera poco, la minera china Hanaq solicitó 20 permisos de exploración de cobre en una zona de Malagüe y la ministra de Ambiente y Energía de la provincia, Jimena Latorre, tras reunirse con Julian Manix, vicepresidente de Mancal Group, firma canadiense con inversiones en bodegas y propiedades, dijo que la empresa tiene “serias intenciones de involucrarse en minería” al punto -agregó- de haber contratado geólogos e interesarse en el potencial cuprífero de Malargüe.

Otro hueso duro de roer para la minería es Chubut, donde grupos ambientalistas, básicamente de activistas de ciudades de la costa y la cordillera, incendiaron la legislatura y lograron que anule una ley de “zonificación” que el mismo cuerpo había sancionado una semana antes para permitir la minería en la meseta central de la provincia, donde se encuentra “Navidad”, uno los 3 yacimientos auríferos más grandes del mundo.

A diferencia del litio, en un escenario mundial que incluye guerras en Ucrania y Medio Oriente y está atravesado de conflictos e incertidumbres económicas y geopolíticas, el precio del oro atraviesa un gran momento, al punto que el año pasado, pese a producir 5% menos que en 2022 (y 39% menos que en 2015), las exportaciones argentinas del metal precioso aumentaron 6% en valor, mientras las de litio, cuya producción aumentó el 31%, subieron “solo” 20 por ciento.

El gobierno nacional trabaja por el apoyo de las provincias patagónicas en favor de la ley Bases y del RIGI, como evidenció el viernes el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, al firmar con los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén) el “Acuerdo para la ampliación de la capacidad de transporte del Gasoducto Patagónico”, que atravesará esas provincias y Río Negro (cuyo mandatario, Alberto Weretilneck, no pudo asistir por cuestiones de agenda) y estaría listo para junio de 2025.

El acuerdo, informó el área energética nacional, “beneficiará con gas natural por redes a más de 15.000 hogares (además de hospitales, escuelas y dependencias públicas) de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut” y consistirá en la instalación de una nueva Planta Compresora en Río Senguer y de un equipo motocompresor de backup en la Planta Compresora Gobernador Costa, ambas en Chubut, que elevarán la capacidad del Gasoducto de 1,3 millones a 1,5 millones de m3 al día. La obra será con financiamiento de las provincias y estará a cargo de Camuzzi, pero el involucramiento del gobierno nacional quedó evidenciado en la firma del acuerdo por parte de Chirillo (en el medio), flanqueado por Figueroa y Torres.