Fin de época: los subsidios se acercan a su extinción

Un empleado estatal de Santiago del Estero le paga el gas para calefaccionar la pileta a un vecino de San Isidro. O un bancario de Formosa, la tarifa de luz al dueño de una residencia en Barrio Parque. Así de absurdo funciona el sistema de subsidios que aún está vigente, pero en vías de extinción. El proyecto de Presupuesto 2018 avanza en forma decidida en la reducción de este beneficio que reciben los habitantes de la zona metropolitana y con criterios arbitrarios o directamente sin criterio alguno. "Si se hubieran subsidiado sólo al 50% más pobre en vez de hacerlo en forma generalizada, se podría haber duplicado la inversión en obras viales durante el gobierno kirchnerista", ejemplifican en el Ministerio de Hacienda.

El esfuerzo para el año que viene resulta importante en los papeles y augura nuevos ajustes de tarifas tanto en electricidad y gas como en transporte, que se mantuvo congelado a lo largo del 2017. Pero en el Gobierno aseguran que lo peor ya pasó: "No habrá aumentos con el del 2016 que ahogaron a las familias, será todo mucho más controlado y la mayoría de los incrementos ya están definidos por los marcos regulatorios vigentes". La expectativa es que el consumo crezca el año próximo al mismo ritmo que la actividad económica, es decir a un ritmo de 3,5%. La expansión de la economía, sin embargo, ya no estará dada por la demanda interna sino por la inversión. Según la expectativa oficial, el año que viene este rubro clave tendrá un aumento del 12%, el mayor desde el 2011.

Pero volviendo a los subsidios, el año que viene se plantea una reducción sustancial. Pasarán del 2% del PBI a sólo 1,4%. En plata representan alrededor de $ 75.000 millones. Son fondos que dejará de poner el Estado y que saldrán de los bolsillos del público. Según estimaron desde Hacienda, el año próximo el subsidio de las tarifas energéticas seguirá representando alrededor del 30% del valor total de la factura, contra 64% hace apenas un par de años. Y no falta mucho para que se empiece a pagar la tarifa plena, es decir sin ayuda del Estado. En un 2018 que tendría una inflación promedio del 15%, los subsidios tendrán una caída nominal del 16%, desde $ 209.800 millones a $ 175.800 millones. Para los que no puedan pagar los aumentos seguirá vigente la "tarifa social", tanto para las facturas de energía como para las de transporte.

Más de la mitad del esfuerzo de reducción de un punto del déficit fiscal para el año próximo (pasaría de 4,2% a 3,2% del PBI) está directamente vinculado a la disminución de subsidios económicos. Por eso, el año que viene será inevitable por ejemplo el ajuste en el boleto de colectivos y trenes, que este año quedaron congelados, ante el apuro por sacar al país de la recesión.

Que se reduzcan los subsidios no significa que baje la ayuda social. La postura del Gobierno es canalizar en forma mucho directa los fondos destinados a la población de menos recursos. De hecho, el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, tendrá un incremento de partidas superior al 21%, que está por encima del 16% de incremento definido para la administración nacional. Y según la presentación realizada el viernes en el Congreso del proyecto de Presupuesto 2018, el gasto en servicios sociales aumentará del 73% al 76% de la "torta". El incremento es compensado justamente por la rebaja en subsidios y el ahorro en burocracia estatal.

La reducción del déficit es la gran prueba de fuego que tiene por delante Nicolás Dujovne. El ministro de Hacienda pasó casi todo su primer año analizando partida por partida por dónde podía pasar el ajuste. Y al mismo tiempo delineando la reforma impositiva que se viene. En ambos casos se impuso el "gradualismo".

El avance hacia un menor nivel de gasto en términos de PBI y de eliminación de impuestos distorsivos será lenta. Pero aún así resulta un objetivo desafiante, ya que en los primeros dos años del Gobierno de Macri se avanzó muy poco –o directamente nada para los más ortodoxos- en ambas cuestiones. El desafío de Dujovne no es menor: llevar adelante un ajuste real del gasto, bajar la presión tributaria, sostener la reactivación económica y bajar la inflación. Todo al mismo tiempo.

El Gobierno tiene un gran aliado para llevar adelante este gradualismo, que implica llegar al déficit cero recién en el 2022: los mercados. La baja del riesgo país a su menor nivel en diez años significa que hay mucho apetito inversor por la Argentina. La demanda de bonos se mantiene firme y le da cierto margen de tranquilidad al ministro de Finanzas, Luis "Toto" Caputo. Aunque todavía no se divulgó el plan financiero, se estima que el año que viene el Gobierno tendrá que salir a buscar unos USD 33.000 millones al mercado para financiar el rojo fiscal y el pago de intereses de la deuda.

El nivel de endeudamiento, sostienen en despachos oficiales, es más que sostenible. Al final del día, cuando el país haya alcanzado equilibrio fiscal la deuda contra PBI llegará al 37%, cuando en Brasil representa el 81%, en México el 51% y en Paraguay el 45%.

El problema, en todo caso, es el "mientras tanto". La dependencia del financiamiento externo es una variable "exógena", es decir que no puede ser controlada por el Gobierno. Una suba de tasas abrupta o un freno en el flujo de capitales internacional echaría por tierra el famoso "gradualismo". Obligaría a la economía a atravesar un ajuste mucho más abrupto y desencadenaría una nueva recesión. El sueño de un crecimiento sostenido por los próximos 20 años que tanto entusiasma a Macri se evaporaría en un minuto. Pero por ahora eso entra en el terreno de la pura especulación.