El titular de la AFIP, Alberto Abad, decidió ir a fondo para que se investigue cómo se filtró la información de una serie de personas que blanquearon por un monto de USD 130 millones. Ayer el organismo presentó una denuncia penal para dilucidar quiénes estuvieron involucrados y la causa recayó en el juez Rodolfo Canicoba Corral.
La demanda está relacionada con dos delitos: violación de secreto fiscal defraudación. En caso de encontrarse culpables, podrían sufrir pena de prisión, según lo establece tanto el Código Penal como la ley de Sinceramiento Fiscal en su artículo 87. Allí expresamente se establecen penas de 2 años de prisión y 4 de inhabilitación para quienes violen información relacionada con el blanqueo.
Al mismo tiempo, presentó su renuncia el responsable de la subdirección general de sistemas y telecomunicaciones, Jorge Enrique Linskens. Desde el organismo reconocieron que fue consecuencia directa de las filtraciones sobre el blanqueo que llegaron a la prensa el fin de semana. Se trata de un funcionario que ya había trabajado en la anterior gestión de Abad, al tiempo que también se había desempeñado con altos rangos en el Correo Argentino y en el gobierno porteño.
Fue reemplazado por Néstor Sosa, quien dejó la subdirección general de la auditoría interna. Él es el funcionario además que firmó la denuncia judicial que presentó la AFIP.
Esta movida busca que sea la Justicia la que determine quiénes habrían sido los responsables dentro del organismo de filtrar la información de aquellos que se adhirieron al blanqueo. Entre los nombres figura un hermano y un íntimo amigo del Presidente, Mauricio Macri, además de empresarios de primera línea.
Para Abad resultó además un fuerte golpe, ya que él se había comprometido a resguardar al máximo la información sobre quiénes entraron al sinceramiento fiscal. Pero menos de seis meses después comenzaron a conocerse nombres y el temor es que en los próximos días se filtren más. El temor a que se divulgue la información fue lo que además hizo dudar a muchos sobre adherirse o no al plan lanzado por el Gobierno. El sinceramiento fiscal finalizó el 31 de marzo pasado.
Aunque no se dieron mayores precisiones, todo indica que además de la actuación judicial, también dentro de la AFIP realizarán su propia investigación para determinar responsabilidades.
Para el titular del organismo preservar los datos del blanqueo era una obsesión. A tal punto que se había dispuesto un complejo sistema con gran cantidad de claves y personas involucradas para que resulte casi imposible acceder a la información de los cerca de 250.000 nombres de contribuyentes que decidieron entrar al blanqueo. Incluso el propio Abad reconoció que ni siquiera él tenía acceso a los datos. Pero queda claro que ese dispositivo no tuvo el resultado esperado y la información no tardó en filtrarse a los medios.
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