"Plan de Informalidad Cero": el proyecto de ley que prepara el Gobierno para enviar al Congreso

El Gobierno enviará antes de julio al Congreso de la Nación un proyecto de ley para impulsar la formalización laboral en distintos sectores de la economía. La iniciativa establecerá la condonación de deudas previsionales para las empresas y las eximirá de pagar las cargas patronales de hasta un salario mínimo para las empresas que cuentan con trabajadores en negro para que haya un incentivo a registrar a esos empleados informales. Dentro del Gobierno se lo llama "Plan Informalidad Cero" y lo que se busca es reducir el empleo informal de aquí hasta fines del 2019 por medio de un blanqueo laboral.

También declararía la emergencia laboral en algunos sectores con problemas de empleo, como el de calzado y textil, por 180 días desde la promulgación y reglamentación de la ley. En ese plazo se creará un llamado Registro de Operadores en que deberán inscribirse las empresas que deseen recibir los beneficios. Estas deberán comprometerse a mantener o aumentar la nómina de trabajadores desde el momento en que se inscriben al régimen. La vigencia de la norma será de diez años.

A principios de abril, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, comenzó a trabajar junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, para elaborar esta ley con los sindicalistas y empresarios y hasta ahora se ha reunido con los técnicos de las principales cámaras del sector privado. Estuvo con la Unión Industrial y los técnicos del resto del grupo de los Seis que incluye a la Cámara Argentina de Comercio, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, las asociaciones de bancos ABA y ADEBA y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Las empresas que se adhieran al "Plan de Informalidad Cero" podrán solicitar la eximición del pago de contribuciones patronales hasta el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que en la actualidad llega a los 8060 pesos. Pero también se sumaría un bono de crédito fiscal intransferible por el equivalente a los aportes personales, ART y el componente de aporte patronal de obra social del SMVM de cada uno de los trabajadores. Esto implica que la empresa que solicite ese beneficio pagará todas las cargas sociales y luego tendrá, por hasta el salario mínimo de cada trabajador, un crédito fiscal por todas las contribuciones patronales, que podrá usarlo para el pago del 100% de IVA y Ganancias.

La iniciativa también establece que no podrán acogerse al régimen quienes estén en situación de quiebra o individuos que tengan sentencia firme por delitos económicos, tengan o no conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias y/o previsionales. También por otra parte, la eximición de multas y deudas de la seguridad social para las empresas que quieran regularizar trabajadores. El objetivo es realizar un seguimiento del producto y efectuar una correcta fiscalización en toda la cadena.

Los organismos encargados de fiscalizar la tarea de regularización serán la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) junto al Ministerio de Trabajo. Los números de la cartera laboral indican que la informalidad alcanza a unas 4.500.000 personas, y significa un 35% del total de la Población Económicamente Activa (PEA). En tanto que llega a más del 60% en las zonas del noroeste y del noreste argentino.

El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal, Humberto Bertazza, alertó acera del futuro de un blanqueo laboral: "La Ley de Primer Empleo que eximía de cargas laborales no tuvo tratamiento por ahora en el Congreso, por lo tanto hay que ser cautelosos".

Al presentar el resultado de los datos del blanqueo de capitales en abril pasado, quien dio la primera pista sobre el proyecto de blanqueo laboral fue el titular de la AFIP, Alberto Abad: "El sinceramiento laboral y previsional para ampliar la base es el tema que viene, pero un sinceramiento que no sea uno más, sino que le dé sustentabilidad en el tiempo que requiere la seguridad social, porque de lo contrario, no sirve".

Por su parte, el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, manifestó que "con estas cargas laborales tan altas, no hay garantía que tras el blanqueo impositivo se vuelva luego a emplear en negro. Paguemos menos aportes pero paguemos todos".

Una de las fórmulas que busca la UIA es que se puedan considerar los impuestos al trabajo como pago a cuenta de otros impuestos, como por ejemplo el Impuesto a las Ganancias. "De cada 100 pesos de salario nominal, el trabajador recibe $84 y el empleador paga de su bolsillo $175, que si se añaden otros impuestos sube a $200", manifiestan desde la UIA.

En el Gobierno saben que entre los empresarios no hay una única opinión acerca de la instrumentación del blanqueo. Por ejemplo, desde la CAME, que agrupa a comercios y pequeñas industrias, sostienen que un perdón fiscal laboral o tapón laboral solo debe aplicarse a las pymes.

A esta intención de formalizar a los trabajadores en negro también se sumará la transformación de los planes sociales en planes de empleo formal. Esta es una promesa que realizó Mauricio Macri en la campaña presidencial del 2015. Lo que se buscará es que los beneficiarios de planes sociales –son unas 550.000 personas- dejen esos subsidios por parte del Estado y pasen a percibir un salario en blanco por parte de la empresa que los contrate que tendrá grandes beneficios impositivos.

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