La firma del acuerdo reduce el precio del aluminio e impactaría en la construcción de viviendas.
La firma del acuerdo reduce el precio del aluminio e impactaría en la construcción de viviendas.

Con el foco puesto en que el sector de la construcción se reactive, el Gobierno nacional firmó con la empresa Aluar una rebaja del 14% en dólares del barrote para extrusión de aluminio, que pasará de los USD 2.775 la tonelada a los USD 2.387 para grandes clientes, y de USD 2.844 a 2.446 para clientes de menor tamaño.

La iniciativa surge de negociaciones con el único productor de aluminio privado de la Argentina en el marco del acuerdo que se firmó hace dos semanas con el sector de la construcción porque, según consideran desde el Gobierno, este precio es "clave para la reactivación y el impulso de esta actividad".

El ministro de Producción, Francisco Cabrera; el del Interior, Rogelio Frigerio, y el de Energía y Minería, con Juan José Aranguren al frente, son los funcionarios que firmaron el acuerdo con Javier Madanes Quintanilla, presidente de la compañía.

El Ministerio de Energía se involucró en la firma de este acuerdo ya que, como contraparte de la baja de este precio para que confluya con precios internacionales, el Gobierno le asegurará un horizonte de previsibilidad de suministro y precio de energía eléctrica de acá a 2020, un costo que resulta clave para la empresa a la hora de producir. Esto significa que tendrán un aumento de la tarifa más gradual para adecuarse.

"Aluar es una de las empresas de alta demanda energética a las que se le decidió dar este horizonte para que no queden afuera por competitividad", aseguró Lucio Castro, secretario de Transformación Productiva, en un encuentro con la prensa del que participó Infobae. 

El impacto que tendrá esta baja del precio en dólares del aluminio (que se utiliza para fabricar perfiles de ventanas y puertas) se sentirá en el sector privado, pero el mayor impacto será en la obra pública.

El impacto en los costos

El aluminio es un insumo que representa alrededor del 2% de la vivienda, según explica el subsecretario de Coordinación de Obra Pública, Ricardo Delgado, y que tendrá impacto en el plano de construcción de 100.000 viviendas en el sector privado, y en los planes de vivienda públicos, como el Plan Procrear.

Pero es un 8% de la estructura de costos en agua y cloacas, lo que "representará un ahorro fiscal de $200 millones" sobre lo que ya se había presupuestado para obras de AYSA.

Los cálculos oficiales estiman que este compromiso generará un impacto positivo en 4.000 empleos de las pymes que utilizan este insumo, como también en 12.000 empleos de forma indirecta.

Para Madanes Quintanilla, esto "incentivará el uso del aluminio en la construcción" y el horizonte previsible de tarifas les "permitirá diversificar la matriz". El consumo interno hoy no es lo que más pesa en la empresa: exporta el 80% de lo que produce.

Y como es un compromiso, habrá dos organismos que se encargarán de monitorear si efectivamente se está cumpliendo. Esta tarea estará a cargo de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que hoy lleva adelante una investigación para determinar si la empresa tiene posición dominante en el mercado.

La construcción fue uno de sectores más golpeados por la recesión de 2016 y por el parate de la obra pública por el proceso de licitaciones. En los primeros meses del año, sin embargo, sigue cayendo porque el sector privado tarda en reactivar. La actividad cayó un 3,4% interanual en febrero, y según los datos del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC), durante el primer bimestre del año hubo una disminución del 2,9% interanual.