
Dos ministros serán los encargados de abrir hoy un canal de diálogo con sindicalistas de distintos sectores, pero con un aspecto común: en todos los casos se trata de rubros afectados por la crisis y con importantes pérdidas de puestos de trabajo. El titular de la cartera de Trabajo, Jorge Triaca, y el de Producción, Francisco Cabrera, recibirán a Antonio Caló, el líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), pero además concurrirán los representantes de los trabajadores del calzado, textiles y cerámicos.
En todos los casos se trata de sectores "sensibles", es decir más afectados que el resto por las medidas de política económica que se vienen adoptando desde principios de la gestión de Cambiemos. Sin restricciones cambiarías ni DJAI para aprobar importaciones, junto a la caída del consumo interno, se trata de rubros que sufrieron un fuerte golpe en 2016 y no dan signos de recuperación este año. La consecuencia es que se profundizan los despidos.
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El telón de fondo de este encuentro es la marcha que realizó la semana pasada la CGT, pero sobre todo el cónclave del jueves en la que la central obrera podría convocar a un paro general. Sería la primera medida de fuerza de estas características desde que asumió la presidencia Mauricio Macri.
Si bien parece difícil que este encuentro evite el paro, al menos el Gobierno aspira a mantener un canal de diálogo más fluido con el sindicalismo y escuchar más los reclamos. Los propios funcionarios reconocen que hay despidos en estos sectores, pero también destacan que hay creación de empleo en otros. El resultado neto entre nuevos puestos formales y los despidos es positivo en los últimos cuatro o cinco meses, según los datos oficiales.
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En la reunión de hoy se discutirían una serie de medidas. Una de ellas es de qué manera darle protección a los empleados que están por quedarse sin trabajo. Una posibilidad es dotar de mayores recursos a los planes REPRO, para que parte del sueldo de esos empleados los pague el Estado durante algún tiempo.
Pero también se analizarían créditos blandos para las empresas más complicados o incluso algún grado de exención impositiva como un mecanismo de salvataje.
El problema de muchas de estas compañías es que tras muchos años de vivir con protección del Estado y nula inversión, hoy no están en condiciones de competir en el contexto de una economía más abierta.
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Los sindicalistas advierten sobre la situación precaria de miles de trabajadores, pero tienen posiciones encontradas en relación a un paro general. El titular de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Roberto Fernández, explicó que está dispuesto a negociar un aumento salarial por cláusula gatillo para no perder contra la inflación, algo que muchos de sus colegas no aceptan. La participación de su gremio es fundamental para el éxito del paro general, ya que la medida depende de que haya o no transporte público.
Según trascendió, la idea es convocar al paro para la primera semana de abril, probablemente entre el 4 y el 6 de ese mes.
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