Un funcionario violento y un abogado audaz: los estrategas de la estatización del Correo Argentino

Era un día de junio del 2003. "Lo que me llamó la atención fue que el tipo me habló me dijo que no podía revertir la decisión de Néstor Kirchner, y que se encontraba entre la espada y la pared", contaba Franco Macri a un íntimo amigo suyo –un empresario que lo acompañó en el manejo de sus empresas SOCMA, Sideco y Pago Facil– en una reunión de familia.

El entonces dueño de la empresa Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima (CORASA), conocido también por su denominación comercial como "Correo Argentino", recordó que decidió ir a a ver al funcionario cuando el Director General, Jorge Irigoin, le avisó que el funcionario se había sentado en el sillón de su oficina del "Palacio de los Correos" –ahora CCK– en la city porteña y lo había echado a él y a todos los directivos a los gritos. "La última vez que fui a hablar con él y después de una larga espera, que duró una hora, me recibió con una actitud violenta; lo que buscaba es que yo me me violentara también, pero no lo hice", comentó el padre del Presidente a su amigo. "Tuvimos varias reuniones posteriores; creo que al final entendió y constató todo lo que habíamos invertido en el correo y lo injusta que era esa confiscación. Él prometió que iba a hablar con el Presidente y me contestaría pero nunca más volvimos a hablar".

Finalmente Néstor Kirchner decidió estatizar el Correo Argentino. El 19 de noviembre de 2003, a pocos meses de asumir la presidencia de la Nación, firmó el decreto que rescindía el contrato de concesión de servicios postales de la empresa Correo Argentino S.A. la Sociedad Macri (SOCMA). La deuda millonaria de la familia Macri con el Estado y con acreedores privados hizo que el Gobierno resolviese no otorgarle la prórroga y optase finalmente por estatizar la empresa. Mediante el Decreto 1075/2003, se recuperó el servicio postal para el patrimonio estatal.

El sujeto del que hablaba Franco Macri, era nada más y nada menos que el entonces secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno. Macri continúa el relato con su amigo. Comenta que "la estatización fue sin que mediara ninguna explicación al respecto y fuimos sometidos a un trato irreverente y poco digno". El empresario agrega otro personaje a la historia, aún no resuelta. "Antes de la decisión final de la confiscación me citó en su oficina Carlos Zannini, el secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación –al que no conocía– para decirme en nombre del Presidente que propusiera una compensación para recuperar lo invertido". Macri recordó que le respondió a Zannini que lo único que quería era la devolución de la planta que había construido.

"A pesar de que la medida nos perjudicó y que inicié el juicio correspondiente, pensé –ingenuamente y siempre creyendo que mi voto había sido la mejor alternativa– que era una decisión política que se apoyaba en la idea de que ciertos servicios deben ser manejados por el Estado y seguí apoyando la gestión de Kirchner", comentó en su blog Franco Macri acerca de la estatización. La planta de la que habla el empresario está valuada en unos 300 millones de pesos. Está en Monte Grande y es uno de los puntos del conflicto entre el Estado y los Macri, más allá que aún hoy sigue sin figurar en el activo del Correo Argentino. En caso que el Estado hubiese reconocido el pago de esa planta a SOCMA tal vez hoy no se estaría discutiendo el concurso de acreedores.

Lo novedoso es que la estatización del Correo Argentino se diferencio de las de Aerolíneas Argentinas, Aguas Argentinas, y también de YPF. En estos tres casos el Estado se quedó con los activos de la compañía, mientras que los pasivos quedaron a cargo del dueño de la concesión. Otra de las diferencias con respecto a los tres casos anteriores, con el Correo Argentino nunca se planteo el pago de una indemnización al concesionario porque según el kirchnerismo no se trató de una expropiación. Otro detalle que cuenta Franco Macri es que le regaló a Moreno un cuadro con la pintura del líder nicaragüense Augusto Sandino. "Supuse que para él, que se titulaba peronista progresista, le iba a a provocar una satisfacción", dijo Macri.

La historia del Correo Argentino tiene otras aristas destacadas como su privatización. El 24 de marzo de 1997, mediante el Decreto 265/1997 del entonces presidente Carlos Menem, la empresa ENCOTESA fue liquidada y la prestación de servicios postales otorgada en concesión a SOCMA. La Argentina se transformó así en uno de los únicos países en del mundo en privatizar el servicio postal. Cuando el grupo SOCMA se hizo cargo, Correo Argentino tenia más de 20.000 trabajadores y había pasivos financieros. Luego de 4 años de gestión, la compañía contaba tan solo con 13.000 empleados. Y en setiembre de 2001 entraba en concurso preventivo de acreedores, con un pasivo de 296 millones de dólares/pesos porque regía la Ley de Convertibilidad.

El contrato de concesión se había firmado por un término de 30 años y SOCMA tenía que pagarle al Estado nacional un canon semestral de 51,6 millones de dólares/pesos. Luego, el 31 de diciembre de 1999, la empresa dejó de pagar el canon, y la deuda con el Estado llegó a los 296 millones de pesos a fines del 2001. La llamada "estatización del Correo Argentino" se inscribió en el proceso de nacionalización que llevado a cabo por el kirchnerismo para recuperar el patrimonio nacional que había sido entregado durante los años 90. Esta nacionalización fue el primer movimiento de la administración K sobre aquellas empresas privatizadas.

El jueves pasado –en conferencia de prensa– el presidente Macri ordenó que el ministro Aguad negocie un nuevo entendimiento con la empresa SOCMA, que perteneció a su padre Franco Macri y ahora es propiedad de los hermanos del Presidente y sus hijos.

Con este anuncio, el acuerdo suscripto en el fuero comercial entre la compañía de la familia presidencial y el Estado queda sin efecto y se trabajará en un nuevo entendimiento. La fiscal general Gabriela Boquín había objetado la negociación porque consideraba que se estaba licuando la deuda del conglomerado empresario en aproximadamente un 98% del total. Esto fue lo que inicio un conflicto que por ahora el Gobierno no sabe como resolver.