Una de las preocupaciones del nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, es el elevado costo laboral en la Argentina. Al ubicarse entre los más altos del mundo, no sólo afecta la competitividad internacional de las empresas radicadas en el país, sean nacionales o incluso extranjeras, con algunas excepciones, sino que también impide romper el núcleo duro de la informalidad que afecta a más de un tercio de los trabajadores.
El sinceramiento cambiario que dispuso el nuevo gobierno a fines de 2015 permitió el año siguiente reducir en poco más del equivalente a un dólar el costo de la hora de trabajo promedio, de un pico de USD 16,37 a USD 15,09, según un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), cuando en Brasil se ubicó en USD 10,56 y en México y Taiwán fue de USD 6,82 y USD 7,65, respectivamente.
Semejante brecha podría haber bajado notablemente si la acción combinada de las políticas monetaria y macroeconómica hubieran impedido un nuevo atraso cambiario, que muchos economistas ubican entre 20% y 25%. Pero, aún sería entre 15% y 80% más alto que el de dichos pasos.
La razón principal del elevado costo laboral, entre los más altos de la región, y más aún en comparación con economías más alejadas altamente desarrolladas, según un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, radica en que las alícuotas que deben pagar las empresas sobre la nómina salarial supera el 35%, considerando aportes personales y contribuciones patronales, para el sistema jubilatorio, obra social y cobertura frente a accidentes de trabajo.
La Fundación FIEL detectó que en Brasil esos aportes y contribuciones representan poco más de 30%, como en Chile; se reduce al 28% en Colombia; 19,2% en México y 11% en Uruguay, por mencionar algunos casos.
De ahí que frente a un salario medio mensual en la economía formal, de unos $18.000 antes de descuentos y contribuciones, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo (mientras que el trabajador recibe en mano $14.400), la empresa registra un costo de $24.354. La brecha entre esos valores es del orden del 70 por ciento.
Pero la brecha no queda ahí, adicionalmente muchas empresas deben enfrentar el costo del alto ausentismo laboral, que ha sido creciente en los últimos años; el pago de vacaciones y aguinaldo, y la reserva legal que deben constituir para eventuales casos de despido.
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Se trata de componentes que lejos de reducirse se han ido acrecentando en los últimos 20 años y que contribuyeron a acrecentar la brecha con Brasil, México o Taiwán, según las comparaciones que hicieron los economistas de FIEL.
Para comenzar a revertir ese proceso que conspira contra la competitividad, y por tanto, contra la atracción de inversiones productivas y generación de empleos formales, el ministro Nicolás Dujovne, junto con el ministro de la cartera laboral, Jorge Triaca, comenzaron a explorar alternativas fiscales y regulaciones del mercado que incentiven el aumento de la economía en blanco y disminuyan la marginal, tales como la reducción de las contribuciones patronales, o su pago a cuenta de otros impuestos como IVA y Ganancias; registro de empleadores; mayor rigor en la fiscalización de la informalidad; entre otras.
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