Los argentinos con propiedades en Uruguay a nombre de sociedades offshore deberán regularizar su situación. Tendrán hasta el 30 de junio para eliminar esas estructuras societales o bien efectuar un "redomicilio" de los activos. De no hacerlo, tendrán que pagar impuestos mucho más altos.
La medida se desprende de la Ley de Convergencia con los Estándares Internacionales de Transparencia Fiscal Internacional, que sancionó el Parlamento uruguayo el pasado 29 de diciembre y entró en vigencia a partir del 1º de enero de 2017.
La norma establece algunos cambios en el sistema jurídico uruguayo, entre los que figura el de intercambio automático de información financiera con otros países u la creación de un registro de beneficiarios finales de compañías.
Pero lo que más impactará en los argentinos con inversiones en Uruguay es un cambio en el tratamiento tributario de entidades no residentes radicadas en jurisdicciones de nula o baja tributacion (sociedades offshore), según se desprende de un informe de Guzmán Ramírez, Domingo Pereira y Jonás Bergstein, del Estudio Bergstein & Asoc., de Montevideo.
El objetivo de la ley es desactivar los mecanismos de elusión impositiva en el país vecino. Luego de un 2016 sacudido por el escándalo internacional de los Panamá Papers, la modificación permitirá que las sociedades offshore en Uruguay aporten más recursos al fisco.
Según publicó el diario El Cronista, el nuevo régimen tendrá los siguientes cambios: 1) aumento de 1,5% de Impuesto al Patrimonio (sobre el valor fiscal del inmueble) al 3 por ciento; 2) incremento del gravamen sobre el alquiler de inmuebles (IRNR) del 10,5% al 30,25 por ciento, 3) suba de la imposición sobre el precio de venta de inmuebles, que pasará del 8% al 25% sobre la diferencia de la operación.
Sin embargo, la ley permite una "ventana de tiempo" para los actuales tenedores de inmuebles a nombre de sociedades offshore, para que puedan reorganizar sus estructuras legales y no tengan que pagar impuestos más altos.
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Hay dos alternativas: la primera de ellas es vender los inmuebles. Todas las transacciones que se realicen antes del 30 de junio no pagarán los nuevos tributos, siempre y cuando se termine cerrando la empresa offshore y el comprador no sea otra firma de estas características.
La otra opción es que la sociedad se redomicilie en Uruguay a través de un régimen abreviado, que tendrá que ser definido próximamente por el gobierno uruguayo.
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