El fútbol del ascenso va al paro y pide que intervenga la FIFA

A las 20:15 de este jueves, un documento sacudió los escritorios de los dirigentes interinos de la Asociación del Fútbol Argentino. Ahora, los miembros de la Comisión Regularizadora – el comité de transición formado por la crisis que golpea a la AFA – deberán enfrentar un nuevo conflicto.

"Se denuncian hechos y hay pruebas", aseguró a Infobae una fuente que participó de la redacción del documento firmado por las 12 ligas del interior y 43 asambleístas. Allí, se decreta que los jugadores y directivos del Federal A, Federal B, Nacional B, B Metropolitana, además de la Primera C y la Primera D "están en huelga por tiempo indefinido y en estado de movilización". En la carta, señalan que la medida de fuerza "culminará en fecha a decidir con una marcha a Plaza de Mayo".

"Nosotros somos optimistas y esperamos una salida beneficiosa para todas las partes. En el ascenso estamos abiertos al diálogo, y queremos que nos escuchen. Vamos a mantener esa postura", concluyó.

Ayer, 49 asambleístas y más de 120 dirigentes de todo el país se reunieron para dejar en claro que el principal punto de conflicto es el económico: los equipos aún no saben cuánto dinero recibirán ni tampoco cuál será el criterio de reparto. Alegan que con los excesivos gastos de seguridad y de transporte las competencias son inviables.

El documento presentado, al que tuvo acceso Infobae, no deja dudas. Los dirigentes piden que "se complete la Comisión Regularizadora con gente idónea", y denuncian una "intervención gubernamental obscena a la AFA".

Aseguran que esa intervención la encabeza Javier Medín, el vicepresidente que acompaña a Armando Pérez, actual titular de la AFA.

"La Comisión no tiene facultades para negociar contratos de televisión", señala la carta de tres folios y un adjunto que ya fue presentada en el Tribunal de Disciplina para que llegue al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Fabián Lovato, dirigente de San Telmo que encabeza el reclamo, habló con Infobae luego de presentar el documento: "El problema no es sólo lo económico. Hubo conductas inadecuadas  por parte de la Comisión Regularizadora. Una de sus facultades era resolver cuestiones del fútbol argentino y convocar a elecciones, algo que estamos pidiendo todos los dirigentes y que tenemos la facultad de exigir".

Algunos dirigentes confirmaron a este medio que -según presumen – el Tribunal de Disciplina de la AFA llamará a cada uno de los denunciantes para que ratifique sus dichos antes de que la FIFA tome conocimiento formal de la huelga.

En este punto, cabe destacar que también existe una gran expectativa para saber cuál será la posición de los jugadores de primera. Entre los deportistas de Primera División que se muestran solidarios con el ascenso aparecen Carlos Tevez (Boca), Leandro Romagnoli (San Lorenzo), Víctor Cuesta (Independiente), Leandro Somoza (Vélez), Walter Erviti (Banfield) y Fabián Cubero (Vélez). Además, otros que fueron transferidos recientemente: Ramón Wanchope Ábila (ex Huracán, hoy Cruzeiro), Lucas Romero (ex Vélez, hoy en Cruzeiro) y Ariel Cabral (ex Vélez, hoy en Cruzeiro).

En cuanto al respaldo de las principales figuras del fútbol local, el presidente de San Telmo explicó: "El ascenso definió su postura. Le buscamos una solución, o no vamos a jugar. Si los clubes de Primera División nos acompañan sería muy gratificante y determinante. Destacamos el apoyo de algunos jugadores, ellos tienen amigos y familiares que participan en otras categorías".

La FIFA está en alerta por los manejos polémicos de la comisión que encabeza Pérez. Entre las anomalías que se cuentan hay despidos con juicios laborales en curso, agresiones y maltrato, polémicos cambios de contratos, clubes al borde de la quiebra.

El último domingo, Infobae reveló que una de las numerosas situaciones que llevaron a los clubes a presentar el documento es que Pérez y su mano derecha, Víctor Taboada, están trabajando en un proyecto para construir un hotel cinco estrellas y un museo temático en el predio que tiene la AFA en Ezeiza. La maniobra contempla una licitación internacional, cifras millonarias y un proceso de al menos dos años que encubre la intención de la Comisión de pedir una prórroga de mandato.