La ex fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denunció este lunes en Costa Rica que la dictadura de Nicolás Maduro habría contratado sicarios para atentar contra su vida y la de otros fiscales que pretenden denunciar las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen chavista.
"Vengo específicamente a formular una denuncia ante la fiscalía de Costa Rica y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", aseguró la titular del Ministerio Público venezolano, que fue desplazada de su cargo por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) impuesta por Maduro.
"Tengo información de que sigue la persecución en mi contra y que el Gobierno ha contratado sicarios para acabar con mi vida", agregó Ortega en la sede del Ministerio Público costarricense, en San José, junto al fiscal de ese país Jorge Chavarría.
"Quiero denunciar eso en Costa Rica porque hay fiscales y directores que están en la misma situación", alertó, sin ofrecer más detalles sobre tales amenazas.
La fiscal que se rebeló al régimen chavista llegó este lunes a Costa Rica y tenía previsto visitar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Sin embargo, tanto ella como el Ministerio Público del país centroamericano se negaron a ofrecer detalles de su agenda por motivos de seguridad.
Por su parte, también reveló que cuenta con pruebas que demuestran que Maduro desvió del fisco entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo.
"Hay muchos funcionarios comprometidos con el tema de corrupción de la empresa Odebrecht, además del presidente Nicolás Maduro, quien sustrajo del fisco entre 8 y 10 millones de dólares en efectivo y los pagó a una importante firma", indicó durante la conferencia de prensa.
Según la ex fiscal, para la "millonaria trama de corrupción" se ha utilizado "como fachada la empresa venezolana llamada Contextus Comunicación Corporativa".
Esta empresa -prosiguió- es propiedad de Mónika Ortigosa, esposa de Alejandro Escarrá, quien a su vez es sobrino de Hermann Escarrá, miembro de la Asamblea Constituyente.
Ortega Díaz reiteró que en la trama de corrupción de Odebrecht en Venezuela también está involucrado Diosdado Cabello, pero no brindó mayores detalles al respecto.
Otra de las denuncias que pronunció este lunes responde a las órdenes de excarcelación que hay en su país "sin ejecutar".
Al respecto, reveló que hay 37 órdenes de excarcelación para presos políticos, las cuales fueron frenadas por el régimen de Maduro: "Cuando un juez ordena la excarcelación de un preso que está privado por motivos políticos, el Ejecutivo ordena que se mantenga su detención".
La ex fiscal señaló que hay casos de dirigentes opositores detenidos que tienen "boleta de excarcelación" y aún no han sido liberados, como Yon Goicochea, de Voluntad Popular (VP), y Wilmer Azuaje, legislador de Barinas.
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