"El gobierno del presidente Nicolás Maduro usa la violencia y fuerza ilegítima contra la población venezolana para neutralizar cualquier crítica, no son reacciones aisladas es una estrategia planificada", denunció Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Desde que las protestas empezaron el 4 de abril, fuentes oficiales confirmaron más de 90 personas muertas y más de 1.400 heridas en el contexto de la crisis política en Venezuela.
Amnistía Internacional identificó tres tipos de violencia estatal:
Uso indebido de la fuerza: en los últimos 3 meses, Amnistía Internacional documentó que las fuerzas de seguridad del Estado reprimieron con violencia las protestas críticas del gobierno. La organización pudo corroborar que la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana usaron fuerza no letal de forma indebida, incluyendo disparos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo de manifestantes disidentes. Un ejemplo de esto es Juan Pernalete, quien murió después de recibir un impacto de bomba lacrimógena directamente al pecho mientras se manifestaba en Caracas en abril de 2017.
Uso de armas de fuego en manifestaciones: las fuerzas de seguridad también utilizaron armas de fuego para reprimir manifestaciones. Como consecuencia, hubo muertes y personas heridas. Tal es el caso de Fabián Urbina, quien murió el 20 de junio de 2017 después de que un funcionario de la Guardia Nacional le disparara directamente mientras protestaba en Caracas.
Ataque contra no manifestantes: también se documentaron ataques contra comunidades y personas que no estaban participando en protestas, incluyendo irrupciones violentas masivas por parte de las fuerzas de seguridad con vehículos blindados y bombas lacrimógenas, causando destrozos de vehículos y viviendas y poniendo en riesgo las vidas de los residentes.
Según los casos documentados por Amnistía Internacional, estos tipos de uso de fuerza, prohibidos por el derecho internacional, pertenecen a los cuerpos de seguridad en Caracas y al menos a cuatro estados, señal de que estas prácticas no se limitan a un sector del país, sino que tienen un carácter generalizado.
Al mismo tiempo, denuncia que los actos de violencia han sido específicamente dirigidos contra quienes son identificados por las autoridades como disidentes y contra manifestaciones críticas al gobierno.
De hecho, el informe de la ONG remarca que, por el contrario, las manifestaciones de apoyo al gobierno se desarrollan con normalidad y han sido garantizadas por las autoridades, "evidenciando que los actos de violencia tienen como objetivo silenciar a la disidencia".
Amnistía Internacional también tiene evidencia de varios casos de grupos civiles armados que atacaron a la población con la aprobación de las autoridades. Es más, afirman que los ataques de estos colectivos armados se produjeron en presencia de las fuerzas de seguridad y que estas no actuaron para proteger a la población. El más reciente incidente, citan, fue la violenta irrupción por colectivos armados a la Asamblea Nacional el 5 de julio de 2017, donde incluso algunos diputados fueron atacados.
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