Los venezolanos vuelven a salir a las calles para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro

Desde las 10:00 de la mañana, los venezolanos comenzaron a concentrarse en 26 puntos de Caracas para marchar hacia la Defensoría del Pueblo. En tanto, el oficialismo anunció que no los dejará acercar al edificio y se temen choques entre las facciones.

Por estas horas, se viven momentos de tensión, alimentados por anuncios y advertencias, incluyendo acusaciones del presidente Nicolás Maduro y la activación de un plan cívico militar ante un supuesto golpe de Estado.

Este miércoles, un día festivo en Venezuela por conmemorarse los 207 años de un acto popular que dio inicio a la independencia de España, el oficialismo y la oposición han decidido manifestarse enarbolando sus respectivas banderas de "libertad", según sus perspectivas.

Maduro anunció la activación del llamado Plan Zamora, que le fue presentado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para mantener el orden interno ante las supuestas amenazas de golpe de Estado que ha sido convocado "desde Washington".

Desde la oposición, dirigentes políticos, artistas, académicos y representantes de diferentes gremios han señalado su intención de marchar y han invitado a los venezolanos a no tener miedo a la "represión" del Gobierno de Maduro.

El dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles reiteró que la oposición marcha en todo el país contra "el golpe de Estado" y que en Caracas los manifestantes parten desde 26 puntos para caminar hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, en el oeste de la ciudad.

Este martes, el presidente del Parlamento, Julio Borges, indicó que la oposición llevó a La Haya el "caso de tortura" de dos dirigentes del partido opositor Primero Justicia, fundado por Capriles, detenidos el pasado jueves, y afirmó que esta lo aceptó.

"En este caso los dos hermanos Sánchez fueron torturados. Nosotros logramos que el caso de tortura de ellos fuera aceptado en La Haya", dijo.

Criticó además que Maduro aprobara aumentar la cantidad de milicianos armados, ya que, a su juicio, esas armas terminarán en el "mercado negro", mientras la organización Human Rights Watch consideró "irresponsable" y "dictatorial" dicha medida.

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