Más de $3.000 millones en multas a empresas que arreglaron contratos para el mantenimiento del canal del Dique

Por esta suma deben responder 51 agentes de mercado y 19 personas naturales que habrían organizado un cartel para manipular los contratos para la limpieza de esta vía fluvial que desemboca en la bahía de Cartagena

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Panorámica del Canal del Dique, el cual se encuentra a 20 cms. de entrar en alerta roja por desbordamiento
Panorámica del Canal del Dique, el cual se encuentra a 20 cms. de entrar en alerta roja por desbordamiento

Por violar la libre competencia, la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CarDique) deberá pagar una multa por casi 3.107 millones de pesos. La sanción fue impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) este 22 de septiembre, que indicó que por esta suma deben responder 51 agentes de mercado y 19 personas naturales, quienes violaron las condiciones del mercado.

“La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad nacional de Protección de la Competencia, impuso una sanción por $3.106.861.964 a quienes violaron la libre competencia en 259 procesos de selección adelantados por la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique”,

Se indicó que los contratos irregulares tenían como objetivo la limpieza y mantenimiento de canales, arroyos y otras cuencas hidrográficas. También se pretendía garantizar el mantenimiento y reforzamiento de los jarillones en 21 entidades territoriales del departamento de Bolívar.

¿Cuál fue el problema? La SIC encontró que los 51 agentes de mercado multados habrían cartelizado en procesos de selección. Ellos conformaron 53 sub-carruseles y se repartieron los contratos, lo que eliminó la competencia propia de la contratación pública.

En cuanto a las personas naturales, se encontró que seis funcionarios y exfuncionarios de CardiDique habría “facilitado y tolerado las conductas anticompetitivas”. Ellos participaron en la estructuración de los procesos de selección, elaboración y aprobación de sus pliegos de condiciones a favor de los agentes de mercado que participaban como proponentes.

“En la investigación adelantada por esta Superintendencia se determinó que los sancionados ejecutaron un acuerdo para actuar de manera coordinada y repartirse los contratos derivados de 259 procesos de selección de CarDique, en el que eliminaron las presiones competitivas propias de la contratación pública y resultaron adjudicatarios de forma deliberada y predeterminada”, sostuvo la SIC.

Detallaron que los funcionarios implicados corresponden a los nombres de Olaff Puello Castillo, Katherine Martelo Fernández, Saray Cecilia Hernández Durán y Dalis Esther Herrera Vargas; a ellos ya se les hizo la respectiva imputación de cargos. Adicionalmente, la SIC puso en conocimiento la imputación de cargos contra Freddy Javier Rodgers Y Bernabé Maldonado Maldonado.

Cabe anotar que contra la decisión procede el recurso de reposición.

Teniendo en cuenta que se evidenció que en el acuerdo anticompetitivo estuvieron involucrados un número considerable de funcionarios de CarDique de alto nivel, la SIC sugirió que se implementen medidas para evitar estos casos en el futuro.

“La Superintendencia de Industria y Comercio estima necesario alertar a la entidad mencionada e invitarla a que implemente un programa de cumplimiento en libre competencia, con el fin de que preste atención al comportamiento de sus funcionarios y los proponentes de sus procesos, en aras de evitar que a futuro se vuelvan a configurar conductas anticompetitivas como las analizadas”, dijo la entidad.

Para finalizar, se informó que este caso inició tras una comunicación de la Contraloría General de la República, recibida en enero de 2018, por medio de la cual fueron trasladados los resultados del informe de auditoría adelantada en CarDique. En este último se enfatizó en la ausencia de planeación y de selección objetiva en los procesos de selección que adelantó la corporación en 2016, situación que presuntamente habría generado una indebida ejecución de los contratos y, por tanto, una posible malversación de los recursos públicos.

De igual manera, la Fiscalía General de la Nación, el 18 de junio de 2018, compulsó copias a esta Superintendencia para informar sobre la investigación que adelantaba a propósito de las presuntas irregularidades en la contratación por parte.

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