Colombia se quedó estancada en la lucha contra la corrupción

Según el Índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, el país obtuvo una calificación de 39 puntos sobre 100, y ocupa la posición número 87 entre 180 países evaluados

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Imagen de archivo de una protesta contra los supuestos lazos del fiscal general con el escándalo de Odebrecht en Bogotá, Colombia. 29 enero 2019. REUTERS/Luisa González
Imagen de archivo de una protesta contra los supuestos lazos del fiscal general con el escándalo de Odebrecht en Bogotá, Colombia. 29 enero 2019. REUTERS/Luisa González

Transparencia Internacional dio a conocer los resultados de su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021. En esta nueva medición Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100, siendo 0, corrupción muy elevada y 100 ausencia de corrupción. El país se ubica en el puesto 87 entre 180 países evaluados.

Esta calificación se obtiene del análisis de ocho fuentes que miden la percepción de analistas, académicos e inversionistas extranjeros, respecto a qué tanto afecta la corrupción al sector público del país. Una calificación por debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción muy serios en el sector público.

Según lo explicó Transparencia por Colombia, la calificación del país permanece en un estancamiento desde hace una década. Durante 10 años Colombia ha obtenido calificaciones entre los 36 a los 39 puntos, es decir, sin variaciones estadísticamente significativas. En el ranking de 2021, el país pasó del puesto 92 (IPC 2020) al 87 debido a que cinco países que antes se encontraban con una calificación mayor que Colombia, decayeron: Argentina, Lesoto, Turquía, Guyana y Marruecos.

El estancamiento de Colombia en el Índice de Percepción de Corrupción 2021 reitera la necesidad de revisar a fondo los esfuerzos de lucha contra la corrupción.

Estudios recientes como las recomendaciones de la Comisión de Expertos Anticorrupción liderada por Fedesarrollo, la radiografía de la corrupción 2016-2020 elaborada por Transparencia por Colombia y el informe del Observatorio Ciudadano de Corrupción, permiten identificar varios patrones sobre la corrupción que más daño le hace al país:

- Formas de corrupción con altos niveles de conocimiento, recursos e influencia para afectar decisiones y presupuestos públicos.

- El uso de dinámicas político electorales para acceder al poder y, así, desviar recursos, alimentar el clientelismo y manipular regulaciones, en muchos casos bajo la presión o la colaboración de actores privados o criminales.

- Situaciones de captura del sistema de control y de justicia, a nivel local y nacional, para favorecer la corrupción y la impunidad.

- Vacíos normativos e institucionales, el incumplimiento de normas y los excesos de control, que le hacen juego a la corrupción.

- Graves afectaciones a derechos humanos que generan daños que no son reparados a las víctimas de corrupción.

- Persistencia de prácticas sociales de fraude, trampa y corrupción.

A lo anterior, se suma que Colombia no ha sido ajena a la tendencia global de desequilibrios en los sistemas de control y de afectaciones a libertades ciudadanas, tal como lo evidenció el 2021.

Oportunidades de 2022 para superar el estancamiento

Las elecciones legislativas y presidenciales de 2022, según Transparencia por Colombia, ofrecen nuevas oportunidades para salir del estancamiento. La prioridad tendrá que centrarse en la renovación de la confianza ciudadana en las instituciones, mediante el fortalecimiento de la integridad en el más alto nivel del liderazgo público, que se ve permanente afectada por los escándalos de corrupción.

Junto a esto, se requiere mayor apertura, acceso a información pública y transparencia en el uso de recursos públicos. Causa profunda preocupación que siga vigente la extensión en los tiempos de respuesta de las entidades públicas a los derechos de petición y de información realizados por la ciudadanía, luego de la reciente objeción presidencial en esta materia.

Pide la organización, que bajo el liderazgo de la Presidencia de la República, se deben incorporar enfoques más innovadores y agresivos para luchar contra la corrupción en los sectores más afectados por esta problemática -como defensa, educación, salud, vivienda-; avanzar en la implementación efectiva de compromisos internacionales, normas y políticas existentes; revisar y mejorar la manera como operan las entidades responsables de impulsar la lucha contra la corrupción en el Ejecutivo; y mantener el pleno respeto a la separación entre poderes públicos y a los derechos y libertades ciudadanas.

Conozca el informe completo aquí:

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