Los vínculos del dueño del avión estrellado de LAMIA con el chavismo

Desde su origen, cuando todavía no volaba en Bolivia y el club Chapecoense estaba en tercera división, la empresa LAMIA contaba con un capital de apenas USD 400.000 (en relación a lo que necesitaría una línea aérea), pero se hizo de vínculos con el gobierno venezolano que permitieron un rápido ascenso.

La empresa fue creada como una firma familiar. La esposa e hijas del empresario Ricardo Albacete eran las principales accionistas en el registro, efectuado en abril de 2010. Sin embargo, Albacete, quien fue senador suplente por un partido de izquierda en los años 90, era amigo del entonces gobernador del estado de Mérida, Marcos Díaz Orellana, y consiguió rápidamente vincularse a las altas esferas del chavismo.

Tan solo dos semanas después, Díaz Orellana anunció la asociación estratégica del Estado y un aporte de capitales chinos de USD 5 millones, que permitirían la compra de aeronaves. "Nos anima este proyecto y contamos con el apoyo irrestricto del presidente Hugo Chávez, a quien le llevé un punto de cuenta y ha ordenado los recursos por el Banco del Tesoro", declaraba por entonces el gobernador.

Solo un empresario, Gerardo Cabaña Arcos, era el único socio no pariente de Albacete, pero rompió vínculos a los pocos meses. Así, según reportó este domingo el periódico boliviano El Deber, recurrieron a un militar ligado al seno del chavismo: Tulio Quintero Ramírez, quien fue piloto de confianza del fallecido presidente Chávez en los primeros años de su gobierno socialista.

De esa forma, el proyecto de tener una importante línea aérea llegó a contar con la venia presidencial.

Quintero, a su vez, también ocupaba el cargo de director del Servicio Autónomo de Puertos y Aeropuertos de Mérida (Sapam), un puesto que respondía directamente al gobernador Díaz Orellana. Su puesto. Su doble posición en el Sapam y en la empresa podría haber sido cuestionada como un conflicto de intereses, pero al ser ventiliada como una línea con participación del Estado, no pasó a mayores polémicas.

En tanto, Venezuela "le brindaba un trato preferencial" a LAMIA: según reportó El Deber, la Gobernación le había cedido sin costo los espacios del aeropuerto Alberto Carnevalli, cerrado desde el 2008, para que instale allí las oficinas del emprendimiento, citando al diputado opositor William Dávila.

"Había algo raro y oscuro en todo aquello. Albacete no estaba solo, gozó de mucha publicidad y tuvo muchos apoyos. El chavismo había convertido al aeropuerto Alberto Carnevalli en un club privado para amigos del Gobierno", relató Dávila a El Deber. Según detalló, Albacete contaba con el apoyo de tres gobernadores del oficialista PSUV, entre ellos al titular de Bolívar, el general Francisco Rangel Gómez. La lista la completa el mandatario de Nueva Esparta, Carlos Mata Figueroa.

Sin embargo, el parlamentario explicó que no todos en el poder estaban interesados en que LAMIA recibiera el certificado de operación, lo que finalmente nunca ocurrió. "No había transparencia y todo se hacía detrás del poder. Y terminó muy mal. Deberían estar pidiendo perdón a todas las víctimas", sentenció el asambleísta.

Las razones del rechazo, pese a contar con importante contactos en el oficialismo, no han quedado claros. Sin embargo, trascendió que las opciones de Albacete quedaron reducidas al ser vinculado con el empresario chino Sam Pa, acusado por Estados Unidos de prácticas mafiosas.

Finalmente, tras varios intentos, en octubre del 2014 se dictó la culminación insatisfactoria de la certificación de la aerolínea, y se procedió al desembarco en Bolivia. Según argumentó, no mantiene relación ejectuvia con LAMIA Bolivia, a quien solo le alquilan las aeronaves, y el nombre se mantuvo "para no perder la pintura del avión".

La historia en el Altiplano no fue muy distinta. Un ex piloto presidencial formó parte del directorio y un pariente suyo (su hijo, que quedó detenido) facilitó el trámite de los permisos.

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