El allanamiento que ordenó a la empresa Hotesur, vinculada a la familia presidencial en función de los hoteles que posee en la Patagonia, puso a Claudio Bonadio en el blanco de las críticas oficialistas. Funcionarios del gabinete, legisladores y dirigentes de toda índole dentro de ese espacio acusaron al juez de ser la punta de lanza de una campaña en contra de Cristina Kirchner en la que también incluyen a opositores y medios de comunicación.
La reacción oficialista al procedimiento que motivó una denuncia de Margarita Stolbizer llegó incluso a advertir que podrían denunciar al propio magistrado. El aviso se materializó hoy con la presentación que hizo el senador Carlos Fuentes en la Justicia.
El legislador neuquino denunció a Bonadio por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación se apoya en la información que divulgó ayer la Presidente por Twitter respecto a la sociedad que integraría el magistrado (MANSUE S.A.), que tendría irregularidades administrativas similares a las detectadas en Hotesur.
Según Fuentes, Bonadio no podría formar parte de esa empresa, dedicada a la venta de combustibles y en la que tiene una participación del 20%, ya que el reglamento para la Justicia nacional no les permite a los magistrados ejercer el comercio o actividad lucrativa alguna sin autorización de la autoridad de superintendencia, que en este caso es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
La prestación observa que la firma no habría presentado ante la Inspección General de Justicia los balances correspondientes a los años 2011 y 2012, y agrega que al desconocerse por ende el estado financiero de la empresa, tampoco resulta posible efectuar un certero y completo análisis de la evolución patrimonial del magistrado.
Es por todo ello que Fuentes pidió que se investigue la evolución patrimonial del juez para determinar si pudo haber existido un incremento no justificado en su situación económica. Y entre las medidas que requirió figura que se dé intervención a la Unidad de Información Financiera frente a la posible comisión del delito de lavado de dinero.
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