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La ofensiva kirchnerista contra el juez que investiga el patrimonio de la presidente Cristina Kirchner promete no quedarse solamente en los diarios y las radios. Es que luego de un fin de semana repleto de críticas hacia el magistrado federal, el Gobierno adelantó que irá por la destitución de Claudio Bonadio.
La estrategia fue anticipada por el secretario de Justicia, Julián Álvarez, quien indicó que harán "una presentación" para "demostrar la conexidad que existe entre las convocatorias al Consejo de la Magistratura y las medidas que dispone Bonadio" contra funcionarios del oficialismo.
Sucede que, de acuerdo a la mirada del kirchnerismo, el juez utiliza las causas federales que tiene en su poder para "montar un escudo" frente a los expedientes de destitución que ya están abiertos en el Consejo de la Magistratura.
Para el oficialismo, la gota que rebasó el vaso fue el allanamiento ordenado en las oficinas de Hotesur, empresa de la Presidente. El juez le dio curso a una denuncia presentada por la diputada nacional Margarita Stolbizer a raíz de las irregularidades registradas en la declaración jurada que presentó la jefa de Estado.
"Vamos a plantear que no se puede hacer justicia a través de la coacción. Vamos a avanzar también y pedir el tratamiento en la comisión de Disciplina de los expedientes que se están tramitando en los que hay sobradas pruebas de lo que se le imputa", indicó Álvarez en una entrevista con el diario Página12.
En la mañana de este lunes, el secretario de Justicia ratificó la decisión y negó cualquier indicio de una revancha. "(El juez Ariel) Lijo procesó al vicepresidente de la Nación y no lo estamos tratando en el Consejo de la Magistratura", recordó, en diálogo con radio Vorterix.
El anuncio del funcionario coronó un fin de semana en donde la mayoría de los dirigentes cercanos al oficialismo criticaron a Bonadio. El más duro fue el piquetero Luis D'Elía, quien pidió la cabeza del juez en una pica. También hubo intervenciones de Sergio Urribarri, Edgardo Depetri, Juliana Di Tullio y hasta Jorge Capitanich.
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La respuesta oficial
En un comunicado oficial, la empresa Hotesur, controlante de Altos de Calafate, uno de los hoteles donde la presidente Cristina Kirchner es accionista, admitió algunas de las irregularidades denunciadas por Stolbizer. Sin embargo, cuestionó "la acción desmedida" de Bonadio.
Hotesur dijo que la "sociedad ha dado cumplimiento al pago de todas sus obligaciones impositivas" en los períodos señalados por la investigación. Agregó que cumplió "inclusive, a la fecha, el pago anticipado del impuesto a las Ganancias del año 2014". "En pocas palabras, Hotesur SA no adeuda impuestos a la AFIP", afirmó.
Asimismo, el texto señala: "Estamos en un proceso de normalización en cuanto a la presentación de la documentación contable ante IGJ de los períodos 2011, 2012 y 2013, aclarando también que dicha documentación fue presentada en tiempo y forma ante otro organismo del Estado como es, nada menos, que la AFIP-DGI. Inclusive con copias de nuestros estados contables auditados, certificados y legalizados".
La empresa calificó de "operación mediática-judicial" la investigación del juez Bonadio, a quien cuestionó por sus "múltiples denuncias" ante el Consejo de la Magistratura. Además, explicó que "está en trámite" el cambio de domicilio legal desde la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Santa Cruz.
La compañía admitió "la demora en la formalización de trámites administrativos" de la firma, pero consideró una "actitud desmedida de un juez federal" hacer "allanar dos organismos del Estado por este supuesto incumplimiento".
Y finaliza: "No hay una maniobra de ocultamiento de nuestra situación económica y financiera toda vez que si hubiera existido la misma entonces no se habrían presentado en ningún organismo, cosa que no fue así".