Los holdouts intimaron al Bank of China para que entregue información sobre Argentina

Los holdouts dieron un paso más para intentar acorralar con embargos a la Argentina. Tras haber pedido que se revelen las cuentas de Lázaro Báez y la familia Kirchner y solicitado que se identifiquen los bienes de Chevron e YPF, los tenedores de títulos beneficiados por el juez Thomas Griesa ahora exigieron que el Bank of China les entregue información sobre los proyectos que el país tenga con ellos.

La intimación fue presentada por el fondo NML Capital a través de dos escritos. "Por la presente se ordena, de acuerdo con las reglas 34 y 35 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil, que presente todos los documentos para inspección y copia no más tarde que el 26 de septiembre a las 10 de la mañana", reclama el texto que lleva la firma del estudio Miller & Wrubel.

Los escritos, que fueron entregados en la sede que el Bank of China tiene sobre la avenida Madison en Nueva York, reclaman información sobre una larga lista de préstamos e inversiones chinas en la Argentina, encabezadas por los préstamos concedidos para la recuperación del ferrocarril Belgrano Cargas y la construcción de las represas Carlos Kirchner y Jorge Cepernic. Los holdouts piden también documentación sobre el swap de reservas que el Banco Central cerró con su par oriental para apuntalar sus alicaídas arcas.

La intimación reclama también que se entregue información sobre "cualquier proyecto argentino en desarrollo que esté financiado de manera completa o en parte" por el Bank of China. Eso, según la presentación, incluye ferrocarriles, subtes, rutas, barcos, energía eólica, energía nuclear, energía hidroeléctrica, servicios de comunicación, proyectos de irrigación, agricultura o minería y cualquier inversión en hidrocarburos.

Días atrás, el juez Cam Ferenbach hizo lugar al pedido de la firma Elliott Associates, controlante de NML, y aceptó buscar activos de Lázaro Báez y de la familia Kirchner para que sean embargados hasta tanto la Argentina cumpla con el pago de u$s1.660 millones ordenado por Griesa.

Esta semana, el Congreso comenzó a discutir el proyecto para cambiar el lugar de pago para todos los bonistas. La iniciativa busca eludir la orden de congelar el giro que la Argentina intentó realizar a los bonistas que sí ingresaron al canje de deuda hasta tanto el país cumpliese con el pago a los beneficiados por su fallo. El Gobierno alegó que no puede cumplir con la sentencia porque implicaría violar las leyes votadas por el Congreso Nacional que impiden dar una oferta mejor que al resto hasta el 31 de diciembre de este año.