El Gobierno apura los tiempos para aprobar la ley de cambio del lugar de pago a los bonistas antes del próximo 30 de septiembre, cuando debe hacer un nuevo desembolso para los tenedores de títulos. Para eso, el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, exponen los pormenores del proyecto en el Senado.
"Hoy, si el Parlamento se abstiene y no hace nada, se convierte en una escribanía del juez (Thomas) Griesa. Lo que hace es ratificar su sentencia. Por eso el Gobierno ha traído esta alternativa de pago soberano", argumentó el ministro al comenzar su exposición ante el plenario de comisiones de la Cámara alta.
Kicillof consideró que la coyuntura "no admite la abstención ni la crítica vacía" de ningún legislador, porque el país requiere "una alternativa que permita a la Argentina seguir honrando sus compromisos externos". Por eso, reivindicó el proyecto para pagar a los bonistas en la Argentina como "la mejor alternativa de todas".
El radical Gerardo Morales recogió el guante y le respondió a Kicillof. "No le permito que diga que somos la escribanía de Griesa. Estamos frente a un problema que fue el fracaso de una gestión, que para usted es un éxito", sostuvo el senador jujeño.
Tras haber fallado a favor de que los holdouts cobren los u$s1.660 millones que reclamaban, el juez Griesa ordenó congelar el giro que la Argentina intentó realizar a los bonistas que sí ingresaron al canje de deuda hasta tanto el país cumpliese con el pago a los beneficiados por su fallo. El Gobierno alegó que no puede cumplir con esa orden porque implicaría violar las leyes votadas por el Congreso Nacional que impiden dar una oferta mejor que al resto hasta el 31 de diciembre de este año. Por eso, Kicillof señaló: "Con la lógica de Griesa, un dólar de un bonista que no ingresó al canje impide pagarle al 92,4 por ciento. Es una extorsión".
"Hay un plan de los buitres para la Argentina que no tiene otra finalidad que cobrarle al país y derrumbar su reestructuración de deuda para ponerla de nuevo en una situación insostenible como el 2001", advirtió Kicillof. Incluso llegó a asegurar que existió un "plan de humillación" para obligar al Gobierno a pedir préstamos en el exterior que le permitiesen cumplir con la sentencia.
El ministro de Economía reconoció, sin embargo, que el proyecto no resolverá los problemas argentinos: "Si el Parlamento aprueba esta ley, va a sufrir el boicot de los fondos buitre. Va a ser atacada, van a intentar impedir que los bonistas de Argentina puedan cobrar. Para cobrar ellos se quieren llevar puestos al 93,4% por ciento".
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