Ya con el fallo del juez Thomas Griesa a su favor, los holdouts intentan acorralar a la Argentina para que cumpla con el pago de unos u$s1.660 millones. Primero lograron la orden de un juez de Nevada para buscar y embargar activos de la familia Kirchner y del empresario Lázaro Báez. Ahora, aspiran a conseguir una medida similar contra YPF y Chevron, petroleras con un acuerdo estratégico para la explotación del yacimiento Vaca Muerta.
Este lunes, el juez de primera instancia del distrito norte de California, Jeffrey Steven White, comenzará a resolver si acepta el pedido del fondo Elliott para que se aplique la cláusula "Discovery" contra ambas empresas.
Primero, el magistrado deberá decidir si acepta tomar el caso. De ser así, los holdouts aspiran a que primero determine si YPF tiene activos físicos o financieros en California. Si no los posee, la intención es que se considere a la empresa norteamericana como corresponsable de las deudas argentinas y responda con sus propios bienes.
Si el magistrado hace lugar a la presentación, el panorama será aún más complicado para la Argentina. Ya en "default selectivo" por no poder cumplir con el pago de parte de su deuda, el embargo a una empresa que invirtió en el país podría complicar aún más la llegada de nuevas inversiones, en un contexto en que los dólares escasean cada vez más.
Los pronósticos no son alentadores. Como los anteriores jueces que fallaron a favor de los holdouts, White es de origen republicano. En 2002 llegó a su cargo gracias a la recomendación del por entonces presidente, George W. Bush, y, según consigna el diario Ámbito Financiero, es conocido por sus fallos conservadores. Su decisión más recordada, quizá, sea el aval que dio al pedido para impedir que los cables filtrados por WikiLeaks fueran publicados, algo que distintos dirigentes señalaron como una potencial "censura previa".
El pedido de Elliott fue realizado en California porque allí tiene Chevron su sede principal, como heredera de lo que fue la Standard Oil-California, histórica petrolera fundada en 1911.
La presentación, realizada a través del estudio Joshua D.N. Hess, reclama que la petrolera norteamericana responda con su patrimonio por los u$s1.660 millones adeudados por la Argentina. Debido a que la empresa se comprometió a invertir unos u$s8.000 millones en Vaca Muerta, los holdouts consideran que pueden entablar un embargo para que ese dinero les sea entregado directamente a ellos.
De acuerdo con el diario Ámbito Financiero, el principal argumento de la defensa argentina, dirigida por el estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H), será que YPF es una sociedad anónima independiente del Estado, más allá de que el 51% de sus acciones hayan sido nacionalizadas. Respecto a Chevron, alegarán que se trata de una empresa privada norteamericana que nada tiene que ver con el país, sino que tan sólo se asoció para un emprendimiento particular.
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