Desde su llegada al poder, el presidente ecuatoriano Rafael Correa ha librado una incesante "batalla" contra los medios opositores. Su última arremetida contra la prensa no oficialista fue la nueva ley de Comunicación, conocida como Ley Mordaza. Al respecto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en su Asamblea General celebrada en la ciudad norteamericana de Denver, instó a la Corte Constitucional de Ecuador a atender las demandas que recibió sobre esa legislación.
En ese sentido, el organismo internacional asegura que "oficializa la mordaza" a la prensa.
"La Ley Mordaza establece entes gubernamentales que tienen la potestad de controlar la propiedad de los medios, imponer censura directa e intromisión en los contenidos, definir quién puede o no ser periodista y crea nuevos delitos de prensa que benefician a las autoridades y funcionarios públicos por sobre los ciudadanos", informó la SIP, que agregó que "varios ciudadanos han presentado demandas de inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación ante la Corte Constitucional".
Por su parte, el organismo internacional aprobó una resolución en la que exige al gobierno ecuatoriano "que respete y garantice la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a estar informados desde distintos puntos de vista".
Asimismo, la SIP instó a la Corte ecuatoriana a observar lo que establecen "tratados internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos de la OEA y la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas", en materia de libertad de expresión.
Además, exhortó al presidente Correa a que "pida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una opinión consultiva" sobre la compatibilidad de la Ley Mordaza con los principios establecidos en los diferentes tratados internacionales en materia de libertad de prensa y expresión.
En esa línea, la SIP describe la realidad de Ecuador como un "ambiente hostil en contra del periodismo" y asegura que "se extiende a prácticamente todo nivel de gobierno público, ya sea nacional o local, la práctica de premiar o castigar a los medios con la contratación de publicidad y con la entrega de información".
"En su trabajo, diario el periodista se enfrenta a un sinnúmero de agresiones, que van desde detención provisional, amenazas de juicio, golpizas y muerte; pedidos de disculpas públicas, acoso e intentos de desacreditación a través de decenas de cadenas de televisión", concluye el informe del organismo.
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