La polémica Ley de Medios aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 14 de junio estableció formalmente al Consejo de Regulación como el máximo organismo del Sistema de Comunicación. Pero este ente sòlo dicta normas y reglas para el ejercicio de los derechos de la comunicación social.
Por eso, en los hechos, la verdadera autoridad de aplicación que concentrará las vastas atribuciones que le otorga la ley al Estado para controlar a la prensa será el Superintendente.
Carlos Ochoa podrá aplicar sanciones de manera autónoma, sin necesidad de consultar con otras instancias ni debiendo acudir a la Justicia, según informa El Comercio. Sus decisiones serán definitivas y no podrán ser apeladas. La única instancia a la que podrán acudir los damnificados es la Corte Constitucional, pero se sabe que no es fácil que ésta tome un caso.
En los próximos días, los cinco vocales del Consejo de Regulación se reunirán con Ochoa para explicarle los avances en el trabajo normativo, y le transferirán las denuncias que recibieron en contra de las empresas periodísticas. Hay unos 10 casos en trámite.
Cuando empiece a aplicarse la ley -todavía falta la reglamentación del Ejecutivo- la Superintendencia será un organismo verdaderamente superpoderoso. Podrá auditar en cualquier momento el tiraje de diarios y revistas y comprobar la veracidad de las cifras de circulación publicadas.
Si son falsas, podrá ordenar al medio para publicar una disculpa pública y las cifras que ella indique. Si la empresa se niega, o sencillamente no publica la rectificación en el mismo espacio que la noticia original, el organismo podrá establecer una multa equivalente al 10% de la facturación promediada en los últimos tres meses.
Basta que cualquier ciudadano -que perfectamente puede ser un militante político de
- realice una denuncia para que la Superintendencia intervenga. Cuando quiera ser blanda, podrá limitarse a
Pero cuando decida ponerse firme, podrá avanzar con
. Siempre dependiendo del arbitrio del Superintendente.
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