El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó que 24 militares que se encuentran recluidos en la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda, comenzaron una huelga de hambre este lunes 9 de noviembre para solicitar su libertad plena mediante la aplicación de la Ley de Amnistía.
“Esta medida extrema es la respuesta desesperada de ciudadanos que han visto pulverizados sus derechos fundamentales, tras ser sometidos a una denegación sistemática de justicia, a la indolencia judicial frente al rebase inconstitucional de la privación cautelar de libertad y a la omisión en la aplicación obligatoria de la Ley de Amnistía”, detalla la defensa de los uniformados en el escrito remitido ante el tribunal para notificar el inicio de la protesta.
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Los detenidos son 24 sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que promovieron un alzamiento contra Nicolás Maduro el 21 de enero de 2019 en un comando ubicado en el sector Cotiza, en el norte de Caracas. En ese momento, el país experimentaba el enésimo pico de su infinita crisis política: Maduro asumía para un segundo sexenio tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2018, boicoteadas por la oposición y declaradas fraudulentas por la comunidad democrática internacional.
Retardo procesal
El último balance de la ONG Foro Penal, publicado el 9 de octubre, señala que en Venezuela hay un total de 322 presos políticos, de los cuales 140 son militares. El gobierno interino de Delcy Rodríguez afirma que la Ley de Amnistía ha beneficiado a cerca de 9 mil personas víctimas de la persecución del régimen chavista.
En el documento introducido ante el tribunal, el abogado de los sargentos, Miguel Ángel Forero Terán, indica que sus representados suman siete años y ocho meses “privados cautelarmente de su libertad”, situación que viola el ordenamiento jurídico venezolano que establece “límites perentorios que han sido rebasados en casi el triple del lapso máximo legal, transformando la medida cautelar en un castigo y pena anticipado ilegal”.
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Forero Terán argumenta que al ser retirados los cargos de terrorismo y delincuencia organizada, dejando solo el delito de traición a la patria, y al no haber civiles involucrados, pues fueron indultados o sobreseídos, en este caso corresponde la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada por la presidenta encargada Rodríguez.
“Exigimos una actuación inmediata. Las familias han acudido a las instituciones, presentado sus solicitudes y alertando del riesgo. Las autoridades no pueden ignorar esta advertencia ni esperar a que su salud se deteriore para responder”, manifestó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
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