En Venezuela, toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario y no está estipulado el delito por consanguinidad, pero no ocurrió así con Denny Ramón Zavala Ollarve, cuyo único delito parece el haber sido hermano de El Rayao jefe de una banda delictiva. Aunque no tenía antecedentes, ni armas, tampoco bienes ni cuentas que demostraran enriquecimiento, ni siquiera mensajes de comunicación con algún miembro de esa banda, y la fiscalía solo presentó la versión de funcionarios policiales, fue condenado a más de 22 años de prisión.
No hubo elementos de convicción y aunque el juez José Antonio García Morán absolvió a Denny Ramón Zavala Ollarve de los delitos de legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas de fuego, obstrucción a la libertad de comercio, financiamiento al terrorismo y secuestro agravado, terminó condenándolo a 22 años y cuatro meses de prisión por extorsión y asociación agravadas para delinquir.
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Cruz Eduardo López Lois, presidente de Inversiones C&E Lois, denunció en abril 2022 que el 17 de noviembre 2021 recibió mensajes amenazantes desde números con códigos de Colombia y Perú; el remitente que identificó como Darwin Zavala líder de la banda criminal El Rayao le exigía el pago de una “vacuna” o extorsión.
Añadió que Amauri, un joven a quien aseguró haber criado y ayudado, lo llamó desde Chile para advertirle que El Rayao le habría pedido que lo asesinara. Nunca había mencionado a Denny Zavala ni tuvo llamadas o mensajes de él, pero aun así aseguró que era culpable de extorsión. Zavala respondió que la acusación de López surgió después que lo señalaran como autor intelectual del presunto sicariato de su mamá Gladys Zavala.
Esta investigación reconstruye la denuncia, la captura y el juicio de Denny Zavala, hermano del líder de una banda criminal. Documentos y testimonios citados en el proceso revelan dudas sobre la orden de aprehensión, la identificación de las líneas telefónicas y la ausencia de pruebas materiales contra el condenado.
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Juez preso y fiscal sin pruebas
El caso estuvo inicialmente a cargo de José Macsimino Márquez García, juez del Tribunal Especial Primero de Primera Instancia de Juicio con competencia nacional en delitos asociados al terrorismo. Tras su detención por un caso de extorsión, asumió el juez José Antonio García Morán. La Fiscalía 69 estuvo representada por Martín Brito y Miriam Lima Bernal.
El 8 de julio de 2022, la fiscal provisoria 69 de Antiextorsión y Secuestro, Miriam Lima Bernal, solicitó la aprehensión de once personas por secuestro agravado, financiamiento al terrorismo, obstrucción a la libertad de comercio, tráfico ilícito de armas y municiones, asociación para delinquir y legitimación de capitales. La solicitud identificó como víctimas a “Cruz, Vilfredo y Longy, la colectividad, el orden público y el Estado venezolano”.
La orden incluyó a Darwin José Zavala Ollarve, alias “El Rayao”; Néstor Sequera Campos Richardi, “Richardi”; Maikel José Seco Seco, “El Maikel Seco”; Ánderson Enrique Hernández Aguilar, “Culebra”; Felipe Alexander López Morales, “El Felipe”; Johan David Hernández Muñoz, “El Murci”; Wilver Samuel Sánchez Pérez, “El Yo No Fui”; Jorge Luis Hernández Muñoz, “Eufemio”; Luis Alexander Colina Colina, “El Piu”; Cristofer Eulices Valderrama Ortiz, “El Gordo La Rosa”; y Ángel Alberto Pérez Rodríguez, “El Tutu”. El nombre de Denny Ramón Zavala Ollarve, hermano de El Rayao, no figuró en esa solicitud.
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El empresario Carlos Eduardo López Lois, residente del sector Morón, municipio Juan José Mora, estado Carabobo, relató que el 17 de noviembre de 2021 recibió un mensaje de WhatsApp en el que le pedían una “colaboración” de su empresa y de la de su socio Palencia. El remitente le señaló que la “vacuna” era común con empresarios y comerciantes del país, mencionó sus contactos gubernamentales y aludió a un contrato reciente con Pequiven.
Según López Lois, en abril de 2022 nueve hombres armados ingresaron en la finca de su socio, Wilfredo Palencia. Allí habrían amarrado, golpeado y amenazado al encargado, Rafael Arteaga, y sustraído la carne almacenada. Días después, vecinos del sector le dijeron que Ánderson Enrique Hernández Aguilar, alias El Culebra, habría vendido parte de la mercancía robada.
López Lois agregó que el 18 de abril recibió un mensaje de Amauri (presuntamente como Auri Mauri Chourio), quien se encontraba fuera del país. De acuerdo con su versión, Amauri le informó que un hombre apodado El Rayao le había pedido que facilitara su asesinato porque no había accedido a pagar. López Lois denunció el caso ante la División de Investigaciones de Delitos contra la Extorsión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en Caracas.
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Otra de las víctimas, identificada como Longi, declaró que en noviembre de 2021 llegaba a su finca con su esposa, su hija y su cuñada cuando tres hombres armados los interceptaron. Según su testimonio, lo separaron de las mujeres, lo golpearon y le exigieron 20.000 dólares y una escopeta.
Longi afirmó que los hombres realizaron una llamada y que una voz masculina se identificó como El Rayao. Según su relato, le ordenaron conseguir el dinero y entregarlo en ocho días a Denny Ollarve. Posteriormente, habrían cambiado el lugar de entrega al sector El Escondido, donde uno de los sujetos le devolvió parte de sus pertenencias.
Versión policial
El detective Adonay Cordero, del CICPC, declaró que el 27 de mayo de 2022 recorrió, junto con el comisario Jean Vásquez y el inspector agregado Jerthons Chacón, varios sectores de Morón y de la carretera Morón-San Felipe. Aseguró que entrevistaron a habitantes de las comunidades, aunque ninguno rindió declaración formal ni fue identificado en el expediente.Cordero sostuvo que los pobladores señalaron a Yusmary del Carmen Zavala Ollarve, Astrid Carolina Blanco Sequera, Johiris Josefina Ruiz y Jhosman Enrique Pérez Zavala como presuntos informantes de la banda. También afirmó que Maryolis del Valle Zárraga Seco, Adrián Rafael Medina Zavala, Lusmary Zaray Castillo Zavala y Dailys Andreína Seco Vásquez retiraban productos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para entregarlos a El Rayao y El Seco. Según la misma versión, Milányela del Carmen Seco y Ender Jesús Cruz Zavala guardaban armas de fuego.
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El detective agregó que Dignora Beatriz Seco López, Oscarly Beatriz Seco Hernández y Yulimar Glicet Zabala Ollarve cumplían funciones de vigilancia y alertaban sobre la presencia policial. También señaló que Carmen Elena Zárraga Quiñónez y Kristian José Chacín Pantoja habían sido vistos en reuniones sociales con presuntos líderes criminales del sector.
“Se pudo recabar la información de que estas personas arriba mencionadas se benefician del patrimonio económico de esta estructura criminal, obteniendo bienes materiales con procedencia ilegal”, declaró Cordero.
Posteriormente, la detective Enyerbth Sevilla, del CICPC, informó que ninguna de las quince personas mencionadas tenía registros ni antecedentes policiales. No se presentaron pruebas contra ellos.Pese a ello, la Fiscalía sostuvo que los elementos de convicción permitieron identificar a los integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) denominado “El Rayao” mediante el Sistema Integrado de Información Policial (SIPOL).Un acta de análisis y asociación telefónica, suscrita por el inspector agregado Jerthons Chacón, vinculó tres números con El Rayao, dos con El Culebra y uno con Eufemio. El documento atribuyó cinco líneas a Denny Ramón Zavala Ollarve, hermano de El Rayao, sin precisar el origen de esa información.
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Muere El Rayao y detención de su hermano
El 29 de julio de 2022, funcionarios de la División contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional mataron durante un operativo en el sector Covetra, en Morón, estado Carabobo, a Darwin José Zavala Ollarve, alias El Rayao, y a otros tres presuntos integrantes de su banda, entre ellos dos hombres identificados por los alias El Ñoño y El Chipi.
Según la información policial difundida a los medios, la banda de El Rayao era investigada por los asesinatos del general de la Guardia Nacional Bolivariana Sergio Negrín Alvarado y del sargento Deivis Eduardo Suárez, ocurridos el 13 de octubre de 2020. Las autoridades informaron que en el operativo recuperaron un fusil calibre 7,62, dos pistolas, una granada de fragmentación, un revólver y un cargador calibre 5,56 que habría pertenecido al general Negrín.
Ese mismo día, Denny Ramón Zavala Ollarve, trabajador de Pequiven durante 16 años, recibió una llamada del funcionario de homicidios Denny Ospina. Según su relato, Ospina llevaba el caso del asesinato de su madre, ocurrido dos meses y 25 días antes, y le pidió acudir a la delegación policial de Puerto Cabello para aportar información y reconocer el cadáver de su hermano.
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En la sede policial le preguntaron por las cicatrices de su hermano. De acuerdo con Zavala Ollarve, el comisario Prato le informó que tenía una orden de aprehensión emitida en Caracas el 22 de julio de 2022.
El inspector Juan Antoima y los detectives Germán Morillo, Carlos Martínez, Winder López y Adrián González lo detuvieron bajo el argumento de que estaba solicitado desde hacía siete días por extorsión agravada, secuestro agravado, financiamiento al terrorismo, obstrucción a la libertad de comercio, tráfico de armas y municiones, asociación para delinquir y legitimación de capitales. Los funcionarios incautaron su teléfono y dejaron constancia de que se encontraban ante un delito flagrante.
Tras su traslado a la sede del CICPC en la Plaza de Toros de Valencia, el funcionario encargado de reseñarlo le indicó que no aparecía solicitado, según declaró Zavala Ollarve. El inspector Antoima respondió que se trataba del hermano de El Rayao, como si existiera un delito por consanguinidad.
Al día siguiente, el 1 de agosto, el CICPC detuvo a Ánderson Enrique Hernández Aguilar, alias El Culebra, quien también figuraba como solicitado desde el 22 de julio de 2022.
Ante el tribunal
El juicio oral y público comenzó el 17 de junio de 2023. La defensa de Denny Ramón Zavala Ollarve calificó el expediente de infundado e ilegal y sostuvo que carecía de orden de inicio. También afirmó que el Ministerio Público había solicitado la aprehensión de once personas, entre las cuales no figuraba Zavala Ollarve, y cuestionó que el tribunal emitiera una orden contra él sin petición previa de la Fiscalía.La defensa también cuestionó la actuación del entonces juez José Macsimino Márquez García, posteriormente detenido. Según su alegato, pudo existir una confusión de datos que derivó en la privación de libertad de Zavala Ollarve, a quien consideró desvinculado de la investigación penal inicial.En relación con el delito de tráfico de armas, la defensa señaló que en el expediente no constaba la incautación ni la experticia de un arma atribuida al acusado. Sostuvo que el Ministerio Público solo mencionó un teléfono celular de su propiedad y que esa evidencia no bastaba para fundamentar la acusación.El abogado defensor afirmó que la detención de Zavala Ollarve obedecía a su parentesco con El Rayao. También señaló que la madre de ambos había sido asesinada y que existían investigaciones abiertas contra funcionarios por ese hecho.Sobre las pruebas telefónicas presentadas por la Fiscalía, la defensa aseguró que no existían llamadas ni mensajes directos entre Denny Zavala y su hermano. Argumentó que ambos vivían en zonas distintas y llevaban vidas separadas.
Un proceso marcado por el parentesco
Ante el tribunal, Denny Ramón Zavala Ollarve sostuvo que había perdido la libertad por los actos atribuidos a su hermano Darwin, alias El Rayao. Afirmó que no era responsable de las actividades de este y se presentó como un trabajador de Pequiven con más de 16 años de servicio, padre de familia y sin antecedentes delictivos.
Uno de los testigos de la Fiscalía fue el detective agregado Enyerbeth Enrique Sevilla Aguilar. Al enumerar a los presuntos integrantes de la banda mencionó a Denny Ramón Zavala Ollarve, pero durante el interrogatorio reconoció que el acusado no tenía orden de aprehensión ni antecedentes registrados en el sistema.
La Fiscalía también presentó como testigos a los funcionarios policiales: Daniel Mauricio Velásquez Álvarez, Jerthons Jesús Chacón Barrera, Carlos Alfredo Martínez Almao, Adonay Jesús Cordero Villasana, Tomás Ernesto Rodríguez Caraballo, Marcy David León Berríos, José Andrés Martínez Peña, José Alberto Cedeño Rodríguez, Germán Yunuerli Morillo Salinas, Jean Carlos Vásquez Cuicas; y a Winder José López Ramírez, ya retirado del cuerpo policial.
Los funcionarios que declararon afirmaron no haber tenido acceso al SIPOL ni haber verificado personalmente la orden de aprehensión. Ninguno acreditó comunicaciones directas entre Denny Zavala y El Rayao. Según uno de los testimonios técnicos, las líneas de ambos no interactuaban entre sí, aunque existía un tercer número que se comunicaba con los dos.
Sin comunicación directa
Marcy León, adscrito a la División contra la Extorsión en El Hatillo, formó parte de la comisión que recorrió distintos sectores y entrevistó a residentes que no declararon formalmente ni fueron identificados. León afirmó que esas personas mencionaron a Denny Zavala, trabajador de Pequiven, como supuesto intermediario en pagos a su hermano. También señalaron varios vehículos que presuntamente utilizaba el grupo.
Al ser consultado por la defensa sobre quién ordenó esa actuación, León respondió que se realizó “por instrucciones del jefe de Estado”, sin aportar mayores precisiones.
Los funcionarios presentados por la Fiscalía como expertos, aunque, según la defensa, no estaban acreditados como tales, indicaron que las extorsiones se realizaban desde un número internacional que no lograron identificar.
Durante el juicio no se presentaron armas incautadas a Denny Zavala. Tampoco se incorporaron, registros bancarios, incrementos patrimoniales ni bienes que demostraran financiamiento al terrorismo o ganancias derivadas de actividades ilícitas. Las demás víctimas no comparecieron, incluido Wilfredo Palencia, socio de López Lois.
La declaración de Cruz
En sus denuncias previas, Cruz Eduardo López Lois no había mencionado a Denny Zavala. Sin embargo, ante el tribunal declaró que su socio mantenía relación con alias El Rayao hermano del acusado, vecino de una finca en Uramo. También afirmó que Denny recogía ganado y otros bienes presuntamente exigidos por la banda como pago de extorsiones.
López Lois declaró que prestaba servicios de infraestructura, mantenimiento y pintura a Pequiven y otras instituciones desde hacía 20 años. Aseguró que Denny Zavala actuaba como intermediario de su hermano y recogía los bienes exigidos a las víctimas.
El empresario explicó que acudió a los agentes de Extorsión y Secuestro en Caracas porque, según dijo, las autoridades de Puerto Cabello estaban “viciadas” y tenían vínculos con El Rayao. También afirmó que recurrió a sus “influencias” para presentar la denuncia en la capital.
La madre de los Zavala
Yuileidy Mirle Zavala Ollarve denunció que, tras años de presunto hostigamiento, intimidación y extorsiones contra su familia, Gladys Zavala y Elvis Torres fueron asesinados el 5 de mayo de 2022. Señaló como presuntos responsables a Hely Yormain Suárez Legón, Daiker Antonio Chirinos, Leonardo Botello, Breimer Castillo, Pedro Moreno y un funcionario conocido como El Gocho Salazar.
En una comunicación presentada ante la Fiscalía 35 de Valencia el 13 de octubre de 2022, Yuleidy Zavala afirmó que su madre había denunciado amenazas y extorsiones ante esa dependencia. También atribuyó su muerte a una presunta actuación de funcionarios de la Policía de Carabobo en complicidad con agentes del CICPC de Puerto Cabello.
Llama la atención que los testigos presenciales de la muerte de la madre de los Zavala sean precisamente los que un mes antes aparecían como víctimas de la banda El Rayao: Cruz López y Wilfredo Palencia.
Denny Zavala declaró ante el tribunal que el comisario Ospina, del CICPC, le habría informado que el empresario Cruz López pagó 30.000 dólares por el asesinato de su madre, Gladys María Ollarve de Zavala. Añadió que intentó denunciar el hecho ante el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y las fiscalías 35, 36 y 38, pero que no le tomaron declaración.
Zavala sostuvo que las acusaciones de López Lois surgieron después de que él comenzara a denunciarlo. También afirmó que el empresario tenía influencias y que el traslado del caso a Caracas ocurrió sin pruebas que lo vincularan con los delitos investigados.
El acusado señaló que no figuraba entre las personas mencionadas en la denuncia inicial de López Lois y que una acusación en su contra apareció meses después. Como argumento, relató que en una ocasión funcionarios de Caracas lo vieron en su lugar de trabajo y no lo detuvieron, pese a que supuestamente ya existía una orden de aprehensión.
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