El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que los periodistas Luis López y Gabriel González recibieron una sentencia absolutoria por parte del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo, dando fin así al calvario judicial que sufrieron por casi dos años.
López y González fueron detenidos en medio de la ola represiva que desató Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales de 2024, tachadas como fraudulentas por la oposición y la comunidad internacional democrática. Su libertad plena llega en el marco del proceso de negociación que adelanta el gobierno interino de Delcy Rodríguez con la oposición bajo el auspicio de Estados Unidos.
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El SNTP recuerda que ambos comunicadores fueron imputados por asociación para delinquir e “instigación al odio”. Esta semana, la presidenta encargada solicitó al Parlamento, encabezado por su hermano Jorge Rodríguez, revisar y reformar la Ley contra el Odio, después de admitir que se cometieron abusos en la aplicación de ese instrumento.
Las organizaciones de la sociedad civil y los partidos de oposición exigen la derogación de esa norma, que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente chavista de 2017, dirigida precisamente por la propia Rodríguez.
López y González ya gozan de libertad plena, pero todavía quedan tres periodistas enfrentando procesos judiciales en el país. Bajo el régimen de Maduro hubo unos 26 comunicadores detenidos y, en total, más de 2 mil presos políticos.
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Tras asumir la presidencia encargada, Rodríguez anunció el advenimiento de un “nuevo momento político”, que incluyó la promulgación de una Ley de Amnistía. Centenares de personas han salido de las cárceles, pero aún permanecen tras las rejas más de 300, según distintos grupos defensores de Derechos Humanos.
Derogar
El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, indicó que según sus estimaciones, desde la entrada en vigencia de la Ley contra el Odio en 2017, “a 927 personas se les imputó el delito de ‘instigación al odio’”. De ese total, seis continúan presas y 638 siguen sujetas a medidas cautelares.
La Plataforma Unitaria Democrática, principal coalición opositora, exigió a Delcy Rodríguez derogar ese texto. “Pretender reformar una ley inconstitucional que ha sido utilizada para perseguir, criminalizar y encarcelar a ciudadanos inocentes es un despropósito”, subrayó la alianza, resaltando que “durante años este instrumento ha formado parte del marco represivo empleado para silenciar la disidencia y restringir libertades fundamentales”.
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La ONG Provea recalcó que la Ley Contra el Odio fue “usada bajo la dictadura de Nicolás Maduro como un arma para perseguir a la disidencia y la sociedad”. Insistiendo en la necesidad de abrogar la norma, recordó que “sus efectos van más allá de lo penal. Permite revocar concesiones de radio y televisión, bloquear páginas web, imponer multas, obligar a retirar contenidos de redes sociales, revocar la inscripción de partidos políticos y prohibir organizaciones sociales”.
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