El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que 8.192 reclusos murieron en cárceles del país durante los últimos 15 años, período que coincide exactamente con la existencia del Ministerio Penitenciario, y exigió a las autoridades rendir cuentas sobre la gestión de los centros de reclusión.
La ONG publicó el dato este viernes en su cuenta de X, donde citó su propio registro y nombró a los cuatro funcionarios que estuvieron al frente de la cartera desde su creación: Iris Varela, Mirelys Contreras, Celsa Bautista y Julio García Zerpa, sin detallar las causas de cada fallecimiento.
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“El problema penitenciario en Venezuela no es la existencia de las cárceles ni los presos, sino cómo han sido gerenciadas”, señaló la organización, que advirtió además que la conducción del sistema no puede operar como un “espacio de improvisación”. Quienes asuman su dirección, sostuvo, deben contar con formación, experiencia y conocimiento especializado tanto en materia penitenciaria como en derechos humanos.
En su informe anual de 2025, el OVP contabilizó 181 muertes bajo custodia estatal. Entre las causas más frecuentes figuraron afecciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, falla multiorgánica y shock hipovolémico. La cifra parcial de 2026 suma al menos 51 reclusos fallecidos entre abril y julio, varios de los cuales padecían “enfermedades prevenibles o tratables, entre ellas tuberculosis, deshidratación severa y diarreas agudas” que, según precisó el observatorio el 4 de agosto, “difícilmente habrían terminado con sus vidas si hubiesen recibido atención médica adecuada”.
Ante ese cuadro, el organismo reclamó que cambiar ministros, crear planes o ampliar estructuras burocráticas no resuelve los problemas de fondo y que es hora de “rendir cuentas y medir resultados en la asistencia integral de las personas privadas de libertad”. La entidad instó a la Fiscalía a abrir una investigación “transparente, exhaustiva e imparcial” sobre cada caso.
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La Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público también recibieron el pedido de examinar si existieron omisiones, retrasos en la atención médica o demoras en los traslados hospitalarios, y de determinar responsabilidades cuando la inacción de un funcionario pudo haber contribuido al deterioro de un detenido. El Poder Judicial y, en particular, los jueces de ejecución, recibieron el mismo llamado a no permanecer ajenos a las condiciones en que los reclusos cumplen sus condenas. El OVP fue categórico al señalar que “cuando una persona fallece por falta de atención médica, el Estado no puede limitarse a registrar su muerte”, sino que está obligado a explicar por qué ocurrió y qué medidas adoptará para impedirlo.
(Con información de EFE)
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